20/06/2024 (Ciudad de México). A tres meses de que concluya su administración, defensores de derechos humanos, abogados involucrados en el caso Ayotzinapa, así como los padres de los normalistas desaparecidos, le han pedido al presidente López Obrador que facilite la comunicación con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbuam, para avanzar en el caso.
Por su parte, el mandatario reveló que en este tiempo todavía presentará dos o tres informes con los avances sobre el caso ya que es un tema en el que no ha dejado de trabajar, principalmente con el objetivo de encontrar a los jóvenes normalistas. Uno de estos informes lo entregará personalmente el próximo 3 de Julio a cada uno de los padres de los normalistas desaparecidos, no así a los representantes de estos.
No obstante, aseguró que la comunicación con la próxima presidenta está garantizada, pues ella también está comprometida con encontrar a los jóvenes estudiantes.
Algunos avances revelados
Actualmente, su administración trabaja en impugnar el asilo que Estados Unidos le brindó, en 2020, a José Ulises Bernabé García, juez de barandilla de Iguala que estaba en funciones la noche en que fueron desaparecidos los 43 normalistas de Ayotzinapa. Se busca su extradición para que rinda cuentas ante la autoridad mexicana por el conocimiento que tenga sobre el caso, especialmente porque anteriormente declaró que los jóvenes no estuvieron detenidos en los separos municipales, por lo que queda la duda de si recibió órdenes para que fueran llevados a otro sitio la noche del 26 de septiembre de 2014.
Asimismo, López Obrador criticó que este asilo haya sido dado por una corte en Arizona a partir únicamente de testimonios de Bernabé García y de la periodista Anabel Hernández, argumentando que resulta poco creíble que “un departamento de policía municipal tenga la influencia política y los recursos para organizar un intrincado encubrimiento y la desaparición de 43 estudiantes mexicanos”, leyó el mandatario directamente de la resolución emitida por el juzgador estadounidense.
Este mismo documento señala que “es mucho más plausible que el gobierno federal mexicano y la Policía Federal fueran responsables de este horrible incidente”, hipótesis que aún no está comprobada, refirió López Obrador.
La responsabilidad del Estado
López Obrador señaló que desde 2016 actores extranjeros dejaron a un lado una narrativa en la que únicamente se responsabilizaba a las autoridades locales, policías municipales y grupos criminales, para dar paso a una en la que se señalaba la probable responsabilidad del gobierno federal, fuerzas federales o del ejército.
Bajo esta perspectiva, López Obrador recordó el carácter injerencista de Estados Unidos, cuyo gobierno busca dominar territorios mediante diversas prácticas, entre ellas el chantaje. En este caso en concreto, el mandatario señaló que mantiene sospechas “porque en ese entonces había la intención desde Estados Unidos, en particular de la DEA, de vengarse del ejército”.
Sin embargo, el mandatario no descartó la responsabilidad del Estado y del Ejército mexicano en los hechos, específicamente por haber construido la “verdad histórica”. Además, defendió al Ejército en su conjunto, pues declaró que si bien pudo haber soldados involucrados en la desaparición o que cometieron omisiones, esto no debe ser considerado como consigna para todo el cuerpo castrense.
Ante esta posibilidad, el tabasqueño recordó que la Ley de Amnistía tiene como objetivo garantizar seguridad a aquellos elementos que acepten colaborar para esclarecer este crimen de Estado, pues actualmente hay mucha reticencia de algunos de los elementos implicados para colaborar.
De acuerdo a las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), llegados a México en Abril de 2015, las autoridades federales tuvieron conocimiento en tiempo real sobre los hechos ocurridos la noche del 26 de Septiembre de 2014, cuando 43 normalistas de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron desaparecidos sin que hasta el momento se conozca su paradero.
Durante su último informe, en 2013, este grupo de expertos declaró que en diversas ocasiones, incluso durante la actual administración, se enfrentaron a bloqueos y limitaciones que interfirieron con las pesquisas, suponiendo así alguna protección para dar impunidad a actores clave en el esclarecimiento del caso.
