17/06/2024 (Ciudad de México). El jueves 13 de junio fue descubierta una toma clandestina de turbosina en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Luego de días en los que vecinos de las colonias San Juan de Aragón y Cuchilla del Tesoro, aledañas al AICM, reportaron un olor fuerte a combustible, el jueves 13 por fin se determinó que la causa era la toma clandestina del combustible de aviones, misma de la cual se había comenzado a fugar hacia las coladeras, extendiéndose al sistema de desagüe de las viviendas.
“Huachicol” es un término que originalmente se atribuía al alcohol adulterado. Sin embargo, durante los últimos años se ha utilizado cada vez más para el robo, almacenamiento y venta ilegal de combustible, hasta convertirse su principal acepción popular. El huachicol casi siempre es de gasolina, sin embargo, también se han descubierto tomas clandestinas de diésel y, en este caso, de turbosina, aunque las autoridades lo consideran un hecho “inédito”.
Las entidades en donde se concentra la mayor cantidad de delitos vinculados a huachicoleo se enlistan entre aquellas en las que, por lógica, tienen una mayor concentración de ductos de combustible. De esta manera, sólo 10 entidades concentran más del 80% de los delitos en materia de hidrocarburos cometidos entre 2019 y 2023: Hidalgo, Puebla, Estado de México, Veracruz, Tabasco, Nuevo León, Guanajuato, Tamaulipas, Jalisco y Querétaro.
Sin embargo, las repercusiones del huachicol y otros delitos son distintas en cada una estas entidades. En particular, un estado en donde la violencia derivada de este ilícito ha impactado más es Guanajuato, sobre todo en la región conocida como “El triángulo del huachicol” o “de las Bermudas”, una franja que conforman los municipios de Celaya, León, Irapuato, Salamanca y Villagrán, entre otros. De este último surge el Cártel de Santa Rosa de Lima, una de las organizaciones dedicadas al huachicol que se ha disputado aquel territorio durante los últimos años.
Aunque fue durante la última parte del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) cuando emerge como un problema público central en la agenda de seguridad pública, el investigador CONACyT del CIESAS Pacífico Sur, Julio Ulises Morales López, identifica, en la región del Triángulo guanajuatense, comenzaron a observarse sus impactos desde, al menos, la década de los años noventa.
Julio, quien habitó desde muy niño en el municipio de Celaya, recuerda que, aproximadamente en el año 1993, su familia fue testigo de una explosión y un consecuente incendio que duró tres días. Él describe el incendio como “un haz de luz enorme” que les generó “un desconcierto total”: “Empezaron a sonar las campanas de las iglesias de los ranchos cercanos, porque todos los ranchos estábamos desconcertados, […] y lo que alcanzábamos a ver era fuego”, describe Julio.
Ya después, se enteraron de que había explotado un ducto de Petróleos Mexicanos (PEMEX) que transportaba combustible. Los rumores que se difundieron apuntaban a que había ocurrido debido a una toma clandestina que servía para el robo de los hidrocarburos: “poco a poco empezaba a circular la idea de que no era un accidente, sino era que se estaban robando el combustible, y entonces comienzan las preguntas de quién permitía que se robaran el combustible”, explica.
Sin embargo, Julio señala que, en aquel entonces, esta como otras actividades criminales eran mucho menos violentas y, por lo general, no había víctimas mortales. Sin embargo, a raíz de la vinculación entre los grupos de políticos locales dominantes – principalmente, miembros del Partido Acción Nacional (PAN) – y los grupos criminales de la zona, comienzan a observarse cada vez más homicidios violentos, lo que terminó por explotar a finales del sexenio de Felipe Calderón.
Para el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), explica Julio, crece exponencialmente la violencia homicida, atrayendo la atención mediática rápidamente. Julio explica cómo, anteriormente la atención se mantenía concentrada en la violencia del norte del país relacionada con las batallas entre organizaciones criminales vinculadas principalmente con el narcotráfico. Sin embargo, “estadísticamente comienza a despuntar y [el Triángulo del Huachicol] comienza a quitarle la atención que tenía el norte de México en cuanto a violencia. […] Pero no significa que no estuvieran pasando cosas terribles en Guanajuato antes”.
El antropólogo describe que el crecimiento de la criminalidad tiene una relación con el impulso de una nueva economía de mercado que reconfiguró la región, tanto en términos económicos como sociales desde los años noventa. Primero, con el gobernador panista, Carlos Medina Plascencia (1991-1995) y, después, con Vicente Fox (1995-1999), quien también llegó a ocupar la presidencia nacional entre 2000 y 2006, ambos cargos por el mismo partido que su antecesor. A raíz de ese momento, “comenzó una avanzada de un proceso neoliberalista en donde la búsqueda [para el desarrollo de la industria local] era de empresas extranjeras”.
El resultado fue un desarrollo urbano desmedido y poco controlado, sobre todo a raíz de que Vicente Fox accede a la presidencia en el año 2000: “el modelo [industrial neoliberal] despunta en Guanajuato y se da todo este proceso de industrialización: [se construye] el Cluster automotriz, el puerto interior en Silao, toda esa modernización de carreteras, y Guanajuato cambia totalmente hacia un proceso de industrialización”, explica.
La forma en la que se llevó a cabo el desarrollo de estos complejos industriales se convirtió en un factor para el desarrollo de las economías ilegales, incluyendo el huachicol, pero también de la extorsión y el robo de mercancías. Esto porque vino acompañado de la precarización de la forma de vida y el trabajo, además de un proceso de pérdida de identidad y cohesión social a nivel local, lo que impidió que la sociedad local pudiera hacerle frente al desarrollo de los mercados ilegales y la violencia:
“Lo que comprendo es que las empresas fueron la avanzada de la desarticulación de las identidades locales. […] Con la llegada de las empresas y esa dinámica de ‘sólo te vas, trabajas y de muy noche, te regresas o rolas turnos’, […] nada más quieres llegar a dormir a tu casa. Todo eso desarticula y todo eso va llenando el camino para que después, si no hay una cohesión social, si no hay una defensa, una identidad clara del territorio, entonces, no hay una forma de contrarrestar a los grupos de la delincuencia que se fueron este enraizando ahí”, explica el doctor en antropología.
Para este sexenio, el gobierno federal de la Cuarta Transformación llevó a cabo un golpe muy fuerte en contra del huachicol como actividad criminal, atendiendo de maneras eficientes las fugas y el robo de combustible. Sin embargo, señala Julio, esto no implico la desaparición de los dos grupos criminales que se disputan la zona, es decir, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL), a pesar de la detención del principal líder de éste último, José Antonio Yépez Ortiz, ocurrida en 2022.
Ello derivo en que estas organizaciones emprendieran de maneras más agresivas y generalizadas sus otras actividades criminales, particularmente la extorsión a través del llamado “cobro de derecho de piso”, así como el robo a transportes de mercancías en las carreteras. Por supuesto, esto ha motivado el incremento de los llamados “ajustes de cuentas” como reprimenda ante la falta de cumplimiento de las exigencias económicas de los grupos criminales.
Aunado a ello, Julio enfatiza en el problema de la participación de las policías municipales y estatales en las actividades criminales, las cuales terminan operando como un “sistema de control territorial para los grupos” criminales a través del manejo de información, la cual, muchas veces, termina siendo filtrada para cualquiera de las dos organizaciones que se encuentran en la región. El investigador sobre el crimen lo explica de la siguiente manera:
“Esa normalización de la violencia, no solamente la vemos de los grupos de la delincuencia organizada, sino la vemos también en las fuerzas de los grupos policiales. En donde estamos, lo que lo que he documentado son violaciones a los derechos humanos de forma flagrante [por parte] de todas las corporaciones policíacas. [Debido a ello], es inexistente la confianza en los sistemas policiacos”.
Julio se preocupa del futuro en una región en la que “los niños, niñas, adolescentes, jóvenes están siendo socializados con la violencia extrema”, asegurando que se vuelve necesaria la reconstrucción de la vida social y el restablecimiento de identidades colectivas solidarias y politizadas. Sin embargo, esto lo observa difícil en un territorio en donde la vida individualizada y competitiva del neoliberalismo es la regla y no la excepción.
