14/06/2024 (Ciudad de México). “El poder judicial es perfectible, lo sabemos y lo reconocemos”, admitió el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá durante uno de los eventos organizados por el Poder Judicial de la Federación (PJF) en Puebla. Además, el togado también reconoció que “la autocrítica es indispensable para mejorar”.
Esta declaración se enmarca en el actual proceso para reformar el Poder Judicial propuesto por el presidente López Obrador. Enviada al Congreso desde Febrero de este año, los detractores de esta iniciativa se lanzaron en su contra. De un lado, los partidos políticos de oposición arguyeron que su fín únicamente era electoral; los grupos de élite empresarial como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtieron que se realizaba en un momento inoportuno; por su parte, integrantes del mismo poder judicial, la acusaron “desnaturalizar” el proceso de designación de las y los juzgadores.
La virtual mayoría calificada hace viable la reforma
Luego de las elecciones del 2 de Junio, donde el 60% de los votantes apoyaron las propuestas de Claudia Sheinbaum, incluida la reforma al poder judicial, y, además, le dieron una virtual mayoría calificada en ambas cámaras, el escenario político cambió y diversos actores se han vuelto a pronunciar al respecto.
El primero de ellos fue el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF), quien pidió a la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, considerarlos para trabajar sobre el contenido de una reforma judicial.
Por su parte, la élite empresarial y bursátil mostró su “nerviosismo” por la reconfiguración que dicha reforma traería, expresándose en las fluctuaciones del tipo de cambio entre el peso y el dólar, pasando de un cambio de $16.97 el día de la elección a $18.53 para el 14 de Junio; una depreciación de casi el 9% que, no obstante, no ha alcanzado los niveles de 2018, cuando el dólar se encontraba en $20.30.
Por su parte, los partidos de oposición, con una representación legislativa mínima en su historia, poco han contribuido en el actual debate, limitándose a señalar un supuesto “riesgo” durante la transición entre el gobierno de López Obrador y el de Claudia Sheinbaum.
El diálogo incluye a todos los sectores: Sheinbaum
En su calidad de virtual presidenta electa de México, Sheinbaum ha comenzado a impulsar esta reforma. Como primer paso para esto, propuso que la discusión se ampliará a todos los sectores de la sociedad y en la cuál también se incluyera la información relativa a cómo opera actualmente la designación de los miembros del Poder Judicial y cuál es la propuesta que se hace con la reforma.
Para esto, Sheinbaum ha adelantado que se realizará un Parlamento Abierto a partir de Septiembre y al cual están invitados las barras de abogados, las facultades de derecho, los ministros, magistrados, así como los trabajadores del Poder Judicial.
Entre los principales puntos de la reforma se encuentra la elección por voto popular de los tres tipos de juzgadores: ministros, magistrados y jueces; la creación de un tribunal disciplinario para sancionar la labor de los juzgadores; y la creación de un órgano autónomo de administración.
La reforma brinda garantías a todos: López Obrador
Desde su tribuna en Palacio nacional, el presidente López Obrador, impulsor inicial de la reforma, ha señalado que el principal objetivo es quitarle ese poder a “la delincuencia organizada y de cuello blanco“, pues frecuentemente las resoluciones de los juzgadores tienen a favorecer a aquellas personas o intereses empresariales con la capacidad de influir en estas decisiones.
En este mismo sentido, el tabasqueño aseguró que la mejor manera de enfrentar esta situación es “purificando la vida pública” con la participación de la gente mediante su voto, para que así los intereses que este poder proteja sean los de la mayoría y no los de una minoría.
Entre a los intereses que actualmente protege el Poder Judicial también se encuentran los de empresas transnacionales que ejercen presión mediante sus gobiernos, como es el caso de Estados Unidos. Al respecto, el gobierno del país vecino del norte, ante la inminencia de la reforma judicial, ha salido a pedir que se respeten las negociaciones hechas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). A esto, López Obrador ha respondido que con la reforma los inversionistas podrán estar seguros porque en México se vivirá un verdadero Estado de derecho.
Por su parte, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, ha reconocido la importancia de un sistema de justicia mexicano fuerte, además de admitir que el gobierno de Estados Unidos no puede imponer su opiniones sobre este tipo de reformas.
