Uriel Carmona, fiscal morelense acusado de obstrucción de justicia, estaría solicitando su reingreso para dirigir una notaría en Cuernavaca.
12/06/2024 (Ciudad de México). El pasado lunes 9 de junio, se hizo público que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, habría solicitado al gobierno del estado poder reincorporarse como titular de la Notaría 6, la cual dirigió por varios años antes de que fuera nombrado fiscal en la entidad.
Uriel Carmona es miembro de una familia notable de abogados y notarios. Su abuelo, Manuel Gándara Mendieta, fue cofundador del Colegio de Abogados, procurador de justicia, presidente municipal de Cuernavaca y magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos (TSJEM). Mientras tanto, su madre, Marinela Gándara Vásquez, fue la primera mujer en convertirse en magistrada del TSJEM, además de la primera notaria en la entidad.
Sin embargo, el prestigio de su familia se vio manchado debido a su desempeño como fiscal, ya que su periodo al frente de la dependencia estuvo señalado por arbitrariedades e ilegalidades. Particularmente, se le acusó por obstrucción de justicia en el caso del feminicidio de Ariadna López, acusación que lo llevó a pasar 48 días en prisión.
Ariadna era una chica de 27 años que fue asesinada en un edificio de la Ciudad de México; sin embargo, su cuerpo fue abandonado en la carretera a Cuernavaca, del lado morelense, presuntamente por recomendación del propio fiscal Carmona. Según la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Carmona también alteró la evidencia y el informe forense con la finalidad de defender la hipótesis de que Ariadna habría fallecido por congestión alcohólica y no por feminicidio, buscando exonerar al asesino
En estos momentos, el fiscal Carmona, quien fue nombrado por el exgobernador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Graco Ramírez, se enfrenta a la incertidumbre de un posible proceso de destitución ante el próximo cambio de gobierno y legislatura en Morelos. Sin embargo, ante pregunta expresa, el fiscal aseguró que no se encontraba preocupado, que “todos estamos listos para dejar hasta este mundo, ¿no? Hay que ser estoicos, y aquí de lo que se trata es de servir a los demás y es lo que vamos a hacer”.
No obstante, el fiscal aseguró que, hasta el momento, no tiene considerado renunciar a su cargo para dirigir la notaría. Sin embargo, tampoco negó haber hecho la solicitud al gobierno para ello, por lo que la dirección de la notaría parece representar su plan B ante una posible destitución.
Ahora bien, debido a los antecedentes del fiscal, es necesario cuestionarnos si es legítimo que un actor cuyo desempeño al frente de la Fiscalía ha sido tan cuestionado dirija nuevamente una notaría, cargo para el cual se requiere ser intachable desde un punto de vista ético.
Un notario es un agente especialista de la legalidad que trabaja bajo una concesión otorgada por el Estado mexicano y tiene la principal función de garantizar la legalidad y autenticidad de actos jurídicos, como la venta o el traspaso de inmuebles por herencia o la conformación de empresas privadas. Esta capacidad de respaldar un evento jurídico se denomina fe pública, siendo el gremio de notarios el que mantiene el monopolio sobre esta función.
Vanessa Romero Rocha, abogada y analista, señala que la figura del notario público tiene sus antecedentes en los funcionarios de la Colonia encargados de dar fe de los intercambios comerciales. En la actualidad, las notarías se han convertido en una fuente inagotable de recursos para aquellos que pueden adquirir una patente notarial, volviéndose un negocio muy rentable.
Aunque los notarios brinden un servicio considerado público, su actuar tiende a ser más el de un agente privado. Esto se ha convertido en un verdadero obstáculo para que la población en general acceda a determinados derechos asociados a esos eventos jurídicos, al volverse un servicio prácticamente inaccesible para las grandes mayorías. Vanessa, quien ha estudiado a fondo el servicio de notarías públicas, lo explica de la siguiente manera: “son precisamente los documentos que emiten los notarios los habilitadores para ejercitar un montón de derechos. Entonces, no puede ser precisamente ese documento que tú necesitas para ejecutar tu derecho un lujo, y eso son los notarios hoy”.
Para ejemplificar, de acuerdo con el INEGI, de los cerca de 24 millones de viviendas consideradas “propias” en nuestro país, alrededor de 6.5 millones no cuenta con escrituras; es decir, el 27% no han tenido acceso a un notario para escriturar su vivienda.
No sólo ello. La tendencia a operar con el objetivo de obtener ganancias las vuelve espacios muy proclives a la corrupción, tanto en el momento en el que se otorgan las patentes o fiats, como a la hora de brindar sus servicios para la población que necesita autentificar la pertenencia de su propiedad o negocio, por poner un ejemplo.
De acuerdo con Vanessa, existe un amplio margen para la irregularidad e ilegalidad dentro de las actividades notariales debido, sobre todo, a una regulación sumamente laxa. No se han homologado las normativas de las distintas entidades federativas, además de que la definición de las patentes notariales suele depender de la voluntad del poder ejecutivo en cada entidad.
Aunado a ello, la gran influencia del gremio de notarios ha consolidado un lobbying muy efectivo para favorecerse jurídicamente: “los notarios han sido tan poderosos en el tiempo que han logrado modificar la legislación que les es aplicable”, asegura Vanessa.
A pesar de que los notarios brinden un servicio público, no son considerados legalmente como funcionarios del Estado. Esto implica que a los notarios “no les aplica la ley de responsabilidad de servidores públicos”, lo que disminuye su responsabilidad. Romero Rocha considera esto un “contrasentido”, ya que “sí son funcionarios públicos, porque realizan un servicio público, y se hacen millonarios con él; entonces, tienen todo el beneficio, pero no tienen la carga”, asegura sin ocultar su impresión.
Sobre la corruptibilidad de los notarios, esta ha sido corroborada, incluso, por declaraciones entre el mismo gremio. En el contexto de la elección para elegir la presidencia del Colegio Nacional del Notariado Mexicano en noviembre de 2022, los principales grupos que disputaban el cargo fueron protagonistas de acusaciones cruzadas sobre presunta corrupción. En aquella ocasión, los notarios se acusaron por tráfico de influencias a través de los gobernadores de los estados; además, por participar en esquemas de despojo y lavado de dinero, entre otros delitos.
Ahora bien, sobre los procesos para designar las patentes notariales, estos tienden a ser opacos y arbitrarios en gran parte del país y dependen mayoritariamente de la voluntad de los gobernadores en las entidades federativas (con algunas excepciones, como en la Ciudad de México donde la normatividad es mucho más estricta). Esta discrecionalidad incentiva los compromisos entre notarios y gobernadores para esquemas de corrupción, como en el lavado de dinero a través de empresas fantasmas. Tramas como la “estafa maestra” serían imposibles si no se contara con la participación de los notarios para la fundación legal de esas empresas.
Otro ejemplo de la irregularidad posible en estos nombramientos se pudo observar en el acuerdo entre el Partido Acción Nacional y el Revolucionario Institucional para definir la candidatura de la alianza entre estos partidos para gobernar de Coahuila. En aquel entonces, los dirigentes de esos partidos firmaron un acuerdo para ceder hasta 60 notarías públicas a integrantes del PAN, lo cual evidencia que éstas representan, al menos, un botín político para estas élites partidistas.
A pesar de la importancia de los notarios, en la actualidad, éstos participan poco o nada en gran parte de los trámites de los que dan fe. Algunos de estos trámites, además, resultan muy sencillos y terminan por delegarlos a las decenas de abogados que forman parte del equipo de las notarías.
Vanessa considera que muchos de esos trámites no requieren de “una revisión jurídica profunda” y su gestión podría ser retomada por el Estado “en favor de los ciudadanos”, como en los casos de “ratificación de firmas, testamentos [y] todos aquellos actos en los que la realidad es que el notario no imprime todo su conocimiento jurídico”, explica la abogada.
Esta visión concuerda con la que expone Javier Corral en el Plan Anticorrupción propuesto a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo. En él, el exgobernador de Chihuahua y asesor en anticorrupción de la campaña de Claudia Sheinbaum enlista los cambios que ve necesarios en la regulación de las notarías: “establecer estándares uniformes y transparentes para la concesión de patentes, reformar el esquema de supervisión notarial (hoy confiado a sus pares [a través de los Colegios de Notarios]), tratar a los notarios como servidores públicos […] y explorar cómo pueden contribuir de manera efectiva a ayudar a los necesitados”.
Además del caso de Carmona, Vanessa asegura que es común que el gremio de notarios pueda acceder fácilmente a cargos públicos de mucho mayor poder y prestigio, lo que convierte a las notarías en una puerta giratoria para esas élites en el ámbito jurídico. La abogada ejemplifica con el caso de Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de gobernación cuya familia ha pertenecido al gremio de notarios por generaciones.
