Por Mauro Espínola.

30/05/2024 (Ciudad de México). Desde principios del año, diversos analistas e intelectuales de la transición “a la mexicana”, han caracterizado la elección venidera como una “elección de Estado”. Denunciando una serie de practicas reprochables, pero hasta la fecha no demostradas, en nuestra democracia como el supuesto uso indebido de recursos públicos han querido mostrar las próximas elecciones como la última oportunidad de salvar los logros democráticos alcanzados. Pero lo cierto es que llamarle elección de Estado no ha hecho sino curarlos en salud frente a la previsible derrota el próximo 2 de junio. 

Cual sea el resultado de los próximos comicios, en los que están llamadas a votar 98.3 millones de personas por 20 mil 708 cargos locales y federales de acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE), de ningún modo se puede explicar por la supuesta operación Estatal para favorecer alguna candidatura.

Por supuesto, ello no significa dejar de reconocer las deficiencias aún presentes en la democracia mexicana. Estas no se reducen al uso indebido de recursos públicos en campaña, no comprobados. Pasan también por el régimen interno de los partidos, pocospueden realmente definirse como partidos democráticos, o por los medios de información, la mayoría pertenecientes a grandes emporios de comunicación que poco o nada respetan la diversidad de opiniones que se expresan desde sus micrófonos. 

Por otra parte, tras meses de precampañas, intercampañas y campañas de los partidos políticos mexicanos, hemos sido testigos de un vaivén de estrategias y movimientos en donde, omitiendo el caso de Samuel Gracia en donde diputados del Congreso de Nuevo León del PRI, PAN y PRD impidieron que tomara permiso como gobernador para contender por la precandidatura presidencial de su partido, se permitió el registro y posterior desarrollo de campañas de las personas interesadas a contender por un cargo público. Si fuera verdad la supuesta elección de Estado, ninguna de estas medidas provocaría incertidumbre y en consecuencia no serían necesarias acciones como el bloqueo que sufrió Samuel García para contender por la candidatura de su partido. 

En realidad, no estamos frente a una elección de Estado y tampoco, como pretenden presentarlo los medios de comunicación corporativos, frente al fin de la democracia mexicana. En las próximas semanas la gran pregunta es si los partidos e intelectuales de la alternancia reconocerán o no su derrota. 

Enredados en su discurso, según el cual solo ellos representan la democracia y todos los demás actores son populistas autoritarios, sea lo que sea que eso signifique, no han podido o querido reconocer que se aferran a pretender manejar la opinión pública, mediante análisis sesgados, con mentiras y desinformación. Y que ello no es resultado de ninguna elección de Estado, sino de algo mucho más simple: que la mayoría de los ciudadanos no les favorece ni les ha favorecido. Que, aunque hoy se auto proclamen defensores de la libertad y la democracia, la mayoría de los ciudadanos los asocia a treinta años de salarios de hambre, de corrupción, de autoritarismo y de represión.