06/05/2024 (Ciudad de México). Este viernes 3 de mayo se llevó a cabo el debate entre los representantes de los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México (CDMX) en el Centro Varonil de Reinserción Social en Santa Martha Acatitla, al oriente de la capital. 

A este debate no asistieron los candidatos Clara Brugada, por la Alianza “Sigamos Haciendo Historia”, Santiago Taboada, por la alianza “Va por la Ciudad de México”, ni Salomón Chertorivski, por el partido Movimiento Ciudadano, sino sus representantes, quienes debatieron las estrategias y propuestas de los aspirantes a gobernar la capital. 

El debate se retransmitió en los 7 penales en la Ciudad de México en los que habita la población en prisión preventiva que ejercerá su derecho al voto el próximo 2 de junio. Posteriormente, se transmitió para el público en general el domingo 5 de mayo a través del canal Capital 21.

Los representantes respondieron a dos preguntas que fueron sorteadas de entre 12 que realizaron personas en prisión preventiva, expresando así sus inquietudes y necesidades. De acuerdo con el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), esto “representó un “un hecho sin precedentes en la historia reciente del país”

En estas elecciones se llevará a cabo el segundo ejercicio para que las personas en prisión preventiva ejerzan su voto. Con estas acciones, se busca resarcir una deuda histórica con las personas que permanecen en prisión preventiva, cuya condición particular de cautiverio no debería ser motivo para suspender sus derechos políticos al voto y a la información necesaria para ejercerlo responsablemente, pues, dado que no cuentan con sentencia, tampoco se ha definido su culpabilidad. Así lo asegura Valentina Lloret, integrante de la organización CEA Justicia Social. 

CEA Justicia Social es una organización que cuenta con cuatro años de experiencia en la defensa de los derechos humanos de las personas en conflicto con la ley. Iniciaron con un diagnóstico de la población en los penales en la Ciudad de México, participando también en el impulso de un “nuevo modelo de reinserción”, aseguró Valentina. Como parte de este nuevo modelo, se han realizado programas para buscar la restitución de los derechos de la población penitenciaria en prisión preventiva.

Según la socióloga política, el debate en Santa Martha Acatitla forma parte de este largo proceso. Específicamente, el debate y su retransmisión en el resto de los penales busca restituir el derecho a la información acerca de los candidatos que buscan gobernar la capital en donde habitan: 

“Una de las áreas de oportunidad que encontramos, de las más importantes, es el tema del derecho de acceso a la información. Es muy poca la información que se recibe sobre las propuestas de los partidos políticos. […] Pensamos que un mecanismo ideal pudiera ser un debate, porque esto no solamente acerca información a las personas en prisión preventiva, sino que también hace que los partidos políticos se acerquen a esta realidad”, aseguró Valentina. 

Este 2024, además, se llevará a cabo el segundo ejercicio para que las personas en prisión preventiva a nivel federal participen en la elección de presidente y, en tres entidades, Hidalgo, Ciudad de México y Chiapas, también de cargos municipales y estatales. Esto es posible a raíz de una sentencia del Poder Judicial Federal que “determina que personas sin sentencia no se les debe cancelar su derecho al voto, porque no se ha desacreditado su inocencia y, por lo tanto, no hay ninguna razón para privarles de este derecho”, aseguró Valentina. Luego de ello, la Federación y las tres entidades reconocieron que las personas en prisión preventiva cuentan con sus derechos políticos, incluyendo al voto y a la información para ejercerlo responsablemente. 

En una sociedad marcada por el punitivismo, como la mexicana, iniciativas como éstas representan un esfuerzo para restablecer los derechos políticos de una población que es altamente estigmatizada por estar en reclusión. Esto pasa, incluso, con la población que no cuenta con sentencia, como es el caso de las personas en prisión preventiva. La elección de cargos de representación popular resulta relevante sobre todo cuando consideramos que éstos estarán a cargo la política y la estructura estatal de la cual depende el sistema penitenciario.