22/04/2024 (Ciudad de México). Era octubre de 2023, estaba próxima a realizarse la segunda vuelta presidencial y asomaba el nombre del candidato Daniel Noboa, joven heredero de la mayor fortuna familiar del país, como el que concentraba todos los respaldos de los sectores conservadores y de derecha del país. No faltaron quienes cayeron en el error de subestimarle, pensando que sólo sería un improvisado presidente de transición, de una corta gestión de 15 meses, pues sólo debe completar el período constitucional del renunciante ex presidente Guillermo Lasso.
La izquierda correista cayó en esa equivocación al caracterizar al nuevo gobierno sólo como liberal demócrata, sin considerar los rasgos de retórica ultraconservadora que había mostrado Noboa en la campaña electoral: hablar de los “parásitos de la política” refiriéndose a la izquierda aunque siempre cuidándose de no caer en alusión directa a los correistas; referirse a los pobres como “los que no aprovechan el tiempo y las oportunidades” planteando una especie de selección natural en el mundo laboral; varias referencias cuidadosas pero explícitas a las políticas aplicadas en El Salvador por el neofascista Bukele como un ejemplo a seguir, el ataque a la “ideología de género” calificándola como antireligiosa.
Los cálculos de la izquierda le llevaron a pensar que, si se concertaba con el nuevo presidente se podía evitar el riesgo de quedar aislada en el legislativo por las fuerzas anticorreistas, allanando de esa forma su propio camino electoral rumbo a las siguientes elecciones que serán el 9 de febrero de 2025. De esa forma acordó dar respaldo a Noboa en la Asamblea Nacional, con su bancada de 51 legisladores, en lo que se denominó el ”Pacto de Gobernabilidad”, aclarando que no se trataba de otorgarle un cheque en blanco al nuevo mandatario.
El equipo político de Noboa, del que forma parte una mexicana, la ministra del interior Mónica Palencia, tenía claro que había que convertir el tema de la seguridad en el eje central del nuevo gobierno. Lo que había intentado sin éxito el gobierno de Lasso -militarizar la lucha contra el crimen- el nuevo presidente estaba dispuesto a hacerlo a toda costa, pero necesitaba que la Asamblea Nacional aprobara una ley orgánica declarando la emergencia nacional por conflicto armado interno, normativa que entró en vigencia el 12 de marzo de 2024. Necesitaba también recursos económicos, para lo que se aprobó el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), o impuesto al consumo, del 12% al 13% en forma permanente y del 13% al 15% en forma temporal, mientras dure la crisis de inseguridad.
Con plenos poderes, el presidente Noboa sacó a los militares a las calles y les entregó el control de las cárceles, aplicando el modelo salvadoreño y el que está implementando en la ciudad argentina de Rosario el neofascista Javier Milei. Aprovechando el inicial momento de popularidad de la seguridad militarizada, decidió tomar la iniciativa de convocar un Referéndum sobre “Justicia, Seguridad y Empleo”. La convocatoria fue formalizada por el Consejo Nacional Electoral de Ecuador el 27 de febrero de 2024, sin tomar en cuenta que las garantías constitucionales están suspendidas en todo el país por el Estado de Excepción dictado por Noboa el 9 de enero de 2024. La pregunta al respecto es: ¿puede una consulta democrática realizarse en una situación en que no rigen plenamente las garantías constitucionales?
Fue en medio de este proceso que ocurrió el asalto a la embajada de México en Quito y el secuestro de Jorge Glas, refugiado por el Estado mexicano, el 5 de abril, bajo órdenes de Noboa, lo que le abrió un escenario de aislamiento internacional, que intentó utilizar el presidente acudiendo a una retórica nacionalista. Fue también por este motivo que la izquierda rompió el “Pacto de Gobernabilidad” en el Congreso.
El referéndum se realizó ayer 21 de abril, bajo estricto control militar en los recintos electorales. A la luz de los resultados, el presidente Daniel Noboa logró un triunfo político parcial e insuficiente con la aprobación de su política de militarización de la seguridad pública, de extradición, de creación de judicaturas criminales especializadas, de control de armas y de endurecimiento de penas.
Pero fue contundentemente derrotado en las urnas el intento del gobierno derechista de implantar un modelo neoliberal sin regulaciones estatales, al ser rechazada la pregunta que pretendía que las controversias con inversores extranjeros sean resueltas en arbitrajes internacionales y no por las leyes nacionales, así como la pregunta sobre la contrarreforma laboral aplicando contratos por horas, desfavorables para las y los trabajadores.
