Hablamos con el maxiabogado Federico Anaya, quien nos compartió su opinión sobre este conflicto judicial y político.

17/04/2024 (Ciudad de México). En estos días de campañas electorales la mayoría de la atención en el debate público se concentra en los candidatos a cargos populares, sobre todo si se trata de los aspirantes a la cabeza del poder ejecutivo a nivel federal. Paralelamente, decenas de conflictos por cotos institucionales toman lugar y, sin embargo, lo que se coloca en disputa en estos casos suele subordinarse a la trama mediática del contexto electoral. Es el caso de un conflicto al interior de la élite judicial del país que tiene como principales protagonistas a la actual ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, y al exministro presidente, Arturo Zaldívar.

Ambos fueron propuestos como ministros por representantes del llamado “viejo régimen”: Norma Piña por el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Arturo Zaldívar por el expresidente Felipe Calderón (2006-2012). Sin embargo, en el último caso, Zaldívar tuvo un distanciamiento con el expresidente panista debido a su postura sobre el caso del incendio de la Guardería ABC en el que fallecieron 49 niños y niñas, la cual afectaba directamente a la familia de Margarita Zavala, legisladora panista y esposa del expresidente Felipe Calderón.

Ese conflicto lo acercaría al nuevo gobierno de la Cuarta Transformación (4T) en 2018, por lo que su comportamiento como presidente del máximo tribunal de justicia en el país fue interpretado como cercano y benéfico para el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Incluso, el propio presidente ha sido transparente con las recomendaciones que realizó al ministro Zaldívar para casos clave, lo cual definió como una “respetuosa” intervención.

Es en este contexto en el que el pasado 13 de abril la ministra Piña admitió una denuncia anónima en contra del exministro Zaldívar por presuntamente haber orquestado una trama de presión en contra de juzgadores para que fallaran a favor de las iniciativas y posturas de la 4T a cambio de beneficios políticos y judiciales. Esta denuncia se filtró el 12 de abril, lo que ha sido motivo de diversas reacciones y protestas en contra del exministro, quien ahora participa de manera cercana con la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Claudia Sheinbaum Pardo.

Una de las reacciones más reiteradas por opositores al régimen es la petición de que Zaldívar se aleje del círculo de la candidata a la presidencia para que pueda atender la denuncia en su contra. En contraste, los simpatizantes de la 4T han señalado que se trata de una estrategia legal para afectar a la candidata presidencial del partido del presidente, mejor conocida como “lawfare”.

El exministro Arturo Zaldívar, por su parte, ha promovido ante el Senado de la República un proceso de juicio político en contra de la ministra presidenta, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por irregularidades que incluirían el uso de las estructuras judiciales para manipular el proceso electoral. Esto ha sido respaldado por otros integrantes de la 4T, incluyendo al presidente AMLO y a otra ministra clave en estos últimos meses, Lenia Batres, quien ha definido como “ilegal” la admisión y filtración de la denuncia en contra de Zaldívar.

En De Raíz, platicamos sobre este conflicto judicial con el abogado y defensor de derechos humanos, Federico Anaya, y nos alertó sobre algunos matices necesarios en las narrativas dominantes.

En primer lugar, señaló la narrativa imperante por parte del “oficialismo” de la Cuarta Transformación, que apunta a que una denuncia “anónima” no tiene la suficiente legitimidad para ser aceptada por el supremo órgano de justicia. Al respecto, el abogado observa que la aceptación de una denuncia de esta naturaleza no sólo es válida legalmente, sino resulta ideal, pues la gran mayoría de ellas se hacen en contra de figuras de alta influencia en el Poder Judicial Federal, como jueces y magistrados. De tal suerte, que los denunciantes– por lo general, abogados litigantes– se vean obligados a revelar su identidad les genera un potencial problema debido a su desventaja frente a los juzgadores.

Sin embargo, en lo que el maxiabogado observa un problema es en la filtración de la denuncia, la cual resulta evidencia de responsabilidades que van desde la “omisión” o la negligencia del círculo cercano de la ministra presidenta, hasta el dolo por su parte para afectar a sus adversarios políticos de la 4T. Al respecto, señala que es muy poco probable que la filtración no esté relacionada con el contexto electoral, buscando afectar la campaña de la “candidata puntera”.

No sólo ello. El abogado también considera que existen muchos indicios de un posible conflicto de interés en que la denuncia fuera aceptada por la ministra Norma Piña. Esto debido a un punto de la denuncia en particular: la acusación contra el extitular de la Defensoría Pública durante el periodo de Zaldívar como presidente, Netzaí Sandoval, quien es señalado como participante en las acciones de presión en contra de juzgadores.

En particular, el abogado Anaya menciona que la narrativa de la denuncia en este punto es la misma que la expresada por Isabel Miranda de Wallace en el caso del secuestro y asesinato de su hijo. Conviene recordar sobre la amplia documentación que apunta a que la empresaria cercana a Felipe Calderón llevó a cabo un montaje para fingir el secuestro de su hijo, además de haber participado directamente en la tortura de los acusados por este delito para que confesaran y beneficiaran la narrativa de su montaje.

La denuncia apunta a que, desde presidencia, se habría instalado la consigna de liberar a los acusados por el secuestro y el asesinato del hijo de Wallace “a como diera lugar”, lo cual habría sido asumido por Arturo Zaldívar y operado por Netzaí y, sobre todo, por Salvador Leyva Morelos Zaragoza, quien estuvo a cargo del caso del hijo de la empresaria como secretario técnico de Combate a la Tortura en la dependencia.

Por último, debe considerarse que el cuñado de Wallace, Abraham Pedraza Rodríguez, ha sido secretario de la ministra presidenta, lo cual ha despertado sospechas de su cercanía con la controversial empresaria. De hecho, desde la llegada de Piña a la presidencia de la Corte en 2023 hubo guiños de este conflicto de interés. Al ser relevados Netzaí Sandoval y Salvador Leyva de sus cargos en la Defensoría Pública por personal nombrado por Piña, la empresaria lo celebró mediante un tuit que decía lo siguiente: “Hoy celebramos que la Defensoría Pública se libera de una bola de hampones y corruptos”.