16/04/2024 (Ciudad de México). “Cuando un gobierno empieza a hablar de que los impuestos deben ser progresivos, podrían meterse en problemas serios con los grandes sectores económicos. En cambio, cuando lo dice el representante de un organismo internacional, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), entonces le están dando la razón a muchos sectores que luchan contra la desigualdad en los países.”, compartió en entrevista para De Raíz Manuel Vázquez Arellano, diputado de Morena en la actual legislatura.

El señalamiento del legislador se enmarca en la reciente declaración de Kristalina Georgieva, directora del FMI, donde reconoce la viabilidad de que países en desarrollo, como México, impongan una mayor tributación a las empresas para aumentar los ingresos y reducir vulnerabilidades.

Anteriormente, a finales de 2021, el FMI ya había apuntado que con una reforma fiscal progresiva México podría crecer al menos un 4% anual, lo que, además, contribuiría a disminuir su deuda con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) y aumentar así su gasto público.

Reforma fiscal progresiva congelada en el Congreso

Vázquez Arellano, junto a otros cuatro legisladores morenistas (Aleida Alavez, María García, Marisol García y Jorge Barrera, promovieron desde Mayo del año pasado una propuesta de reforma al Artículo 31 de la Constitución Política de México para hacer obligatoria la progresividad tributaria, es decir que “quien más tenga, pague más”.

Conforme al procedimiento legislativo, esta propuesta fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, donde actualmente “está en la congeladora”, señala Vázquez Arellano, quien además considera que esta reforma tiene pocas posibilidades de ser rescatada de entre las más de tres mil iniciativas de reformas que actualmente se encuentran detenidas en el Congreso.

Además, señala que esta propuesta “tampoco está muy cercana en la visión del país de ninguno de los candidatos, de las candidatas y el candidato, que vienen a competir por la presidencia de la República”, por lo que considera que “tendremos que seguir empujando la narrativa, el discurso, la iniciativa en sí misma, para que sea tomada en cuenta”.

Es necesario socializar la reforma y salir a las calles a exigirla

Para poder materializar esta reforma, el legislador señala que “el camino legal es el correcto, el camino del cabildeo; el Ejecutivo federal, también es el correcto”, pero también considera que esta iniciativa debe ampliar su socialización entre la población con el apoyo de organizaciones que ya trabajan en ello como la Alianza Contra la Desigualdad, conjunto de organizaciones académicas y económicas.

Además es importante que los sectores a favor de esta reforma se “sigan movilizando, sigan haciendo actos de protesta, de visibilización en medios de comunicación, en redes sociales, para que poco a poco esto vaya colocándose en la agenda pública”, pues si bien es un tema complicado que genera conflictos con diversos sectores económicos, lo cierto es que México se encuentra por debajo de muchos países en cuanto a la recaudación de impuestos a los más ricos.

De acuerdo al análisis presentado en el Congreso, respaldado por datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el 10% de la población el más acaudalada se queda con el 63% de la riqueza generada por los trabajadores, pero únicamente aporta el 54% de los impuestos debidos.

En contraparte, el 50% de la población únicamente conserva para sí el 29% del total de los ingresos, pero contribuye con el 40% de los impuestos, con lo cual el margen de desigualdad se incrementa año con año.

Por su parte, la Oxfam, confederación internacional no gubernamental que combate la pobreza y la injusticia, reportó en 2024 que en México “60 de cada 100 pesos de la riqueza privada están en manos del 0.23% de la población, mientras que más del 40% de la población vive por debajo de la línea de pobreza”.

La propuesta presentada en el Congreso

Con la propuesta presentada en el Congreso, legisladores y académicos señalan que los ingresos adicionales permitirían aumentar la calidad y la cobertura de los servicios públicos de salud; construir en México un sistema de cuidados universal, gratuito y de calidad; y asegurar el suministro de agua para todas las personas hoy y en el futuro, entre otros beneficios urgente.