10/04/2024 (Ciudad de México). La Fiscalía General colombiana acaba de anunciar que el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, que ejerció durante dos períodos consecutivos entre los años 2002 al 2010, será sometido a juicio al haberse reactivado un caso en su contra del año 2018, por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. En realidad el caso se remonta al año 2014 cuando, siendo senador, Uribe presentó denuncia e hizo armar un caso contra el senador de izquierda Iván Cepeda, que le acusó en el Congreso de tener estrechos vínculos con los paramilitares desde que era presidente, en lo que se conoció como la “Parapolítica”.
Hace una década, el uribismo todavía era muy fuerte en Colombia, a tal punto que logró que ganara la opción por el No en el referéndum del 2016 sobre los acuerdos de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que había negociado el presidente Juan Manuel Santos, su sucesor en el Palacio de Nariño.
Santos fue ministro de Defensa de Uribe entre el 2006 al 2009, consiguiendo los mayores avances militares contra la insurgencia de las FARC. También en este período se dieron los más numerosos casos de “Falsos positivos”, cuando los militares hacían pasar a civiles inocentes asesinados como si fueron guerrilleros muertos en acciones de combate, para así cobrar los incentivos económicos que manejaba precisamente el Ministerio de Defensa, por medio de la “Directiva Ministerial 029/2005”.
Pero una vez elegido presidente, Santos se fue alejando de la línea guerrerista de Uribe, de sus grises métodos que incluían coordinaciones negociadas con los paramilitares y el uso espurio del sistema judicial. Planteó la necesidad de hacer concesiones para evitar que el sistema político colombiano entre en crisis, por falta de legitimidad.
Así comenzó la lucha sin cuartel entre Uribe y Santos que, al dividir a la derecha tradicional, permitió el ascenso de las opciones de izquierda y la reorganización de los sectores populares, pero aún no había llegado el tiempo de un gobierno progresista. En las elecciones del 2018 ganó la presidencia Iván Duque del partido de “Centro Democrático” fundado por Uribe, echando para atrás las moderadas reformas de Santos.
Una de las tareas asignadas a Duque fue garantizar el control del ministerio público, lo que hizo nombrando como Fiscal General a un abogado que fue su consejero presidencial: Francisco Barbosa. Por años Álvaro Uribe tuvo la protección del Fiscal Barbosa, que en una de sus últimas actuaciones intentó que los jueces desestimaran y archivaran los casos abiertos contra el jerarca de ultraderecha. No pudo conseguirlo.
El estallido social del 2021, que colmó las calles y carreteras de multitudes populares que exigían cambios, gestó el nuevo gobierno de Gustavo Petro, que ganó las elecciones y gobierna el país desde agosto de 2022. El sistema judicial no podía quedar al margen de las transformaciones.
Hace dos meses acabó la gestión de Barbosa y el 22 de marzo fue nombrada por la Corte Suprema de Justicia una nueva Fiscal General de la terna de abogadas enviada por el presidente Gustavo Petro. La elección recayó en una respetada jurista que investigó casos de corrupción de varios gobiernos, así como los nexos entre autoridades de gobierno y jefes paramilitares, habiendo sido parte de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Se trata de Luz Adriana Camargo, que desde su posesión ha comenzado a desmontar toda la estructura de impunidad en la Fiscalía, que impedía investigar los casos de corrupción y de graves violaciones a los derechos humanos ocurridos durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez.
Las cosas están cambiando en Colombia y eso abre un nuevo tiempo en que ya no hay personajes intocables y se abre una gran posibilidad de hacer justicia.
