21/03/2024 (Ciudad de México). El peor momento para el proceso de transformaciones sociales que se inició en Venezuela el año 1999, cuando gana la presidencia Hugo Chávez, fue al ocurrir la muerte del propio Chávez el 5 de marzo de 2013. No se sabía con certeza si elproceso bolivariano continuaría sin su líder histórico, aun con la decisión final que él había tomado, en los últimos días de su vida política, pidiendo al pueblo que apoyara en las urnas y en las calles a la persona que le acompañó como canciller y luego como vicepresidente: Nicolás Maduro.

El sucesor constitucional tenía una formación ideológica marxista desde su juventud, militando en la Liga Socialista donde llegó a ser parte de su dirección nacional. Fue también fundador del Sindicato de Trabajadores del Metro de Caracas, ayudando a conformar la Fuerza Bolivariana de Trabajadores en 1995. Para entonces ya trabajaba con Hugo Chávez, al que había conocido dos años antes visitándolo en la cárcel de Yare, donde estaba preso por el segundo levantamiento militar de 1992.

Maduro, ya investido como presidente interino ese 2013, de inmediato afrontó su primera prueba política: las elecciones nacionales. Se realizaron el 14 de abril y logró una ajustada victoria sobre el candidato único de la oposición, que era Hernando Capriles. No fue una transición tranquila pues la derecha desconoció los resultados e inició una escalada de violencia conocida como “las guarimbas”. La asonada no llegó a desestabilizar al gobierno, pero le proporcionó a los Estados Unidos argumentos para iniciar el aislamiento internacional del régimen chavista.

Los siguientes diez años fueron de lucha frontal contra esta estrategia de la Casa Blanca. Las primeras medidas unilaterales comenzaron a implementarse el 18 de diciembre de 2014, durante la administración de Barack Obama, con la aprobación de la denominada “Ley de defensa de los derechos humanos y de la sociedad civil en Venezuela”. Sobre la base de esta ley, Obama aprobó el 8 de marzo de 2015 la Orden Ejecutiva 13692 que bloquea en Estados Unidos la propiedad, la transferencia o los pagos al gobierno venezolano.

Aún más dura fue la orientación del gobierno de Donald Trump, que el 24 de marzo de 2017 aprueba la Orden Ejecutiva 13808 que prohíbe cualquier tipo de transacciones, compra de bonos, pago de utilidades o dividendos en Estados Unidos a la empresa “Petróleos de Venezuela” (PDVSA). Trump llegó a firmar otras cinco Órdenes Ejecutivas, todas orientadas a cortar los flujos financieros, de crédito, de importación y exportación ya no sólo de petróleo, sino también de oro. Este paquete de sanciones impactó en la economía de Venezuela, especialmente en la época de la crisis del Covid el 2020.

Los vientos comenzaron a cambiar con el inicio de la guerra en Ucrania, que alteró estructuralmente los flujos petroleros a nivel mundial por las sanciones a Rusia, encontrando el país caribeño una gran posibilidad de diversificar sus mercados petroleros. Poco a poco, la situación económica mejoró.   

La necesidad de abastecerse del crudo venezolano obligó a Washington a flexibilizar las sanciones, obteniendo del gobierno de Maduro el compromiso de apertura de diálogos con la oposición y un proceso electoral a realizarse este año.

Ya convocadas las elecciones para el 28 de julio, Nicolás Maduro acaba de ser proclamado como candidato por los 11 partidos políticos de izquierda que integran el “Gran Polo Patriótico Simón Bolívar”. Ocurrió en un mitin realizado en el Teatro Teresa Carreño de Caracas, con presencia de militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, del Partido Comunista, de Patria para Todos, de Podemos, de Unidad Popular Venezolana, del Partido Verde y otras agrupaciones.

Por su parte, la oposición aún no decide su candidatura, pues se debate entre una tendencia a mantener la “postulación moral” de María Corina Machado, que está inhabilitada por el Tribunal Supremo de Justicia, o rápidamente sustituirla por otra persona. 

En los últimos días una “Misión internacional independiente de determinación de hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela” de la ONU, presentó un informe en que afirma que en el país se ha reactivado la represión política, a lo que el gobierno venezolano respondió que tal informe carece de pruebas verificables y sólo es funcional a la estrategia estadounidense de forzar el cambio de régimen.