20/03/2024 (Ciudad de México). En Estados Unidos se libra una batalla judicial por la entrada en vigor de la Ley Senatorial 4 (conocida como SB4), impulsada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, desde diciembre de 2023. 

La Suprema Corte de Estados Unidos permitió aplicar esta ley sin escuchar argumentos de fondo, pero de último momento, el martes 19 de marzo, la aprobación fue frenada por un Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito. Sin embargo, la batalla arde dado que la Suprema Corte aprobó levantar dicha suspensión.

Mientras tanto, en México se ha fijado una postura de rechazo a esta ley antiimigrante. Con un fuerte llamado, el presidente Andrés Manuel López Obrador sentenció, durante su conferencia matutina de este 20 de marzo, que se trata de una ‘ley draconiana”; el Senado y la Secretaría de Relaciones Exteriores se unieron al rotundo rechazo porque consideran criminaliza a las personas migrantes. 

Y es que en Estados Unidos, el 40.2% de la población es migrante y representa la cuarta parte de la fuerza laboral. Tal como había documentado este medio, desde que se aprobó la ley SB4 el año pasado activistas rechazaron este proyecto y argumentaron miedo por las medidas punitivas que contempla. 

De acuerdo con Rafael Alonso Hernández, investigador en migración de El Colegio del la Frontera Norte Sede Tijuana, el mensaje del gobierno mexicano es contundente: la migración es un tema internacional y no es una decisión de corte estatal estadounidense.

Por otro lado, el mensaje que se da en Texas es en términos electorales: busca presionar al gobierno federal, dadas las divergencias del gobierno de Greg Abbott con el gobierno de Joe Biden, criticado durante su gestión por la regulación de la inmigración, y dirigirse, al mismo tiempo, al electorado.

La Ley SB4 tiene un enfoque punitivo y antiinmigrante

La ley SB4, impulsada por el gobernador Greg Abbott desde el año pasado, es una legislación estatal que endurece las medidas en contra de personas migrantes. Su objetivo es controlar e inhibir el flujo de la migración indocumentada.

En ella se contempla que la entrada irregular de migrantes al estado de Texas es un delito estatal, por lo que la policía tienen la facultad de detener y deportar a las personas. La detención se puede dar por sospecha o por la apariencia. 

Además autoriza a los jueces estatales para que Texas construya su propio muro fronterizo, por lo que se asignarán entre 20 y 30 millones de los impuestos que pagan los residentes texanos por 1.6 km. 

Esta ley no es nueva, en el sentido de que antes se han aprobado leyes locales como la ley “Muéstrame tus documentos” en Arizona, en 2010. Dos años después la Corte Suprema de Estados Unidos la anuló. Sin embargo, cobra relevancia por dos situaciones, de acuerdo con Rafael Alonso Hernández. 

Por un lado, porque se da en un contexto electoral y busca dar un mensaje a su electorado: disuadir la migración para controlar la mano de obra. Además es una crítica a los demócratas, principalmente a Joe Biden, cuestionado por los republicanos debido a la “falta de una política de control migratoria” y también tendrá efectos sobre la postulación de Donald Trump, que busca la reelección. 

“El tema migratorio lo utiliza el gobierno texano para presionar al gobierno federal norteamericano y también mandar un mensaje al electorado, porque hay un sector de la población estadounidense [republicano] que tiene resistencia a la migración”, sentencia Alonso Hernández. 

Por el otro, lo impulsa un gobierno estatal “sin negociar, sin dialogar ni coordinarse con el gobierno federal. Toma importancia por las facultades que puede tener o no, un gobierno estatal como Texas versus la responsabilidad que tiene el gobierno central de los Estados Unidos en el tema migratorio”, asegura Alonso Hernández. 

El especialista enfatizó que se trata de una ley punitiva: “Este enfoque punitivo de gestión de las fronteras y de gestión de las migraciones lo hemos visto en los últimos meses en Texas con mayor énfasis en los diferentes dispositivos de control, que ponen en riesgo la vida de las personas, como las boyas, alambre de púas o containers” .

La respuesta de México es oportuna

México reiteró su postura de rechazo a la ley SB4. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que se trata de una “ley draconiana, completamente opuesta y contraria a los derechos humanos”. El Gobierno de México informó que no aceptará las deportaciones exprés e instó a sus los connacionales a buscar protección consular.

Unas horas después de que Texas anunció la aprobación de la SB4, Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores en México, reprobó esta ley y dijo que “socava los derechos de los migrantes”.

Lo mismo anunció la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de un comunicado oficial, en donde reprobó la entrada en vigor de esta ley y enfatizó que “pretende detener el flujo de personas migrantes mediante su criminalización, fomentando la separación de familias, discriminación y perfilamiento racial que atentan contra los derechos humanos de la comunidad migrante“.

El Senado respaldó al Gobierno de México e hizo un llamado “a adoptar un enfoque más humano y comprensivo al fenómeno de la migración”.

“El mensaje que se manda de México es hacia el gobierno federal de los Estados Unidos y no con los gobiernos estatales. Y es ahí donde está, como la clave del tema de la inconstitucionalidad, porque no es un asunto de política interna, sino es un asunto de política internacional y entonces corresponde a los países y no a los estados implementarla. Entonces, en ese sentido, me parece que la postura dada de parte del gobierno mexicano es oportuna e importante”, detalla Alonso Hernández. 

El doctor Rafael Alonso dijo, sin embargo, que el escenario es convulso para México, porque continuaría enfrentando un reto mayor: atender y acompañar los flujos migratorios de manera integral y apostar por una política clara:  “La falta de capacidad no es porque realmente no exista infraestructura, condiciones o recursos. Tiene que ver con una falta de política clara en materia migratoria […] Tendría que desarrollar iniciativas y acciones muy específicas para atender desde una perspectiva humanitaria, legal, médica y  social, en tema de integración o reintegración a sus comunidades. Además, tenemos una deuda muy importante con la población mexicana que vive en los Estados Unidos y que regresa voluntaria o involuntariamente. “