08/03/2024 (Ciudad de México). Está ocurriendo. Hay una arremetida de gobiernos de derecha contra los avances legales e institucionales logrados por las mujeres en varios países de América Latina.
En Argentina el gobierno de Javier Milei cerró el “Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad” y prohibió el lenguaje inclusivo y el enfoque de género en el Estado. Además, en una nueva muestra de desprecio por el intercambio democrático de ideas, al neofascista se le ocurrió arremeter contra el derecho de las mujeres a disponer de su cuerpo, nada menos que cuando se dirigía a un auditorio conformado por centenares de niños y niñas, durante la inauguración del ciclo lectivo del “Colegio Cardenal Copello”, en el tradicional barrio bonaerense de Villa Devoto, donde Milei estudió.
Allí, abusando de su rango presidencial y sabiendo que nadie le respondería, se atrevió a descalificar el derecho al aborto –que en Argentina ha sido despenalizado y tiene rango de ley desde el año 2020- afirmando que “es un asesinato agravado por el vínculo”. Y ante cientos de asistentes aseveró que las personas que apoyan ese derecho son “asesinos de pañuelos verdes”. Así, el patriarca del pelo largo ha fomentado públicamente el odio a las feministas, poniéndolas en riesgo, en una acción que –si en Argentina existieran verdaderas libertades- debería ser procesada ante la justicia.
Este tipo de exabruptos no sólo están ocurriendo en Argentina.
En Paraguay, Katya Gonzáles, una senadora liberal demócrata y feminista, fue expulsada en forma inconstitucional del Congreso por una mayoría de senadores del Partido Colorado, que es la agrupación política más conservadora y derechista de este país, y que llevó a la presidencia a Santiago Peña. Peña es un gobernante caracterizado por sus posturas contrarias a la equidad de género, que él califica con la mayor ligereza como una “nociva ideología importada de Europa por las oenegés, que es antinatural y antisocial”.
En Perú, que también ha dado un giro hacia la derecha luego del derrocamiento de Pedro Castillo y bajo la cuestionada presidencia de Dina Boluarte, el Congreso Nacional debate un proyecto de Ley que modifica el nombre del actual Ministerio de la Mujer por otro que sería “de la familia”. Se trata de un cambio semántico que significa la imposición de una ideología conservadora, con la pretensión de limitar el rol femenino sólo dentro de los márgenes de la familia, definida como el núcleo de la sociedad.
En El Salvador, el presidente Nayib Bukele, otro neofascista que se cree ungido por Dios, a través de un decreto gubernamental que, con su aplastante mayoría parlamentaria, será elevado a rango de ley, eliminó toda perspectiva de género de la educación pública. El discurso es el mismo: “la ideología de género va contra la ley de la naturaleza y la ley de Dios”.
En Guatemala el poder judicial debilitó los mecanismos para el control de la aplicación por juzgados y tribunales de la “Ley contra el Feminicidio”. Organizaciones de mujeres guatemaltecas han expresado su abierta oposición a estas decisiones de los administradores de justicia.
Por toda esta arremetida, este 8 de marzo (8M), una fecha que nació como “Día internacional de las mujeres trabajadoras”, en toda América Latina, con epicentros muy claros en México, Colombia, Brasil, Chile y Argentina, habrá masivas marchas para consolidar los derechos conquistados y para repudiar el ataque patriarcal de los mencionados gobiernos de derecha contra los avances históricos feministas.
