El titular de la UIF recordó que buscan recuperar hasta 614 millones de dólares extraídos del país de manera ilegal por el exsecretario de Seguridad Pública y sus socios

16/02/2024 (Ciudad de México). Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este viernes 16 de febrero Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio información sobre los avances de la investigación en el caso del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna por defraudación fiscal al Estado mexicano.

Pablo Gómez recordó que desde 2021 se encuentra en litigio un proceso de carácter civil en una corte de Florida impulsado por el Gobierno mexicano, que reclama el regreso de 634 millones de dólares derivado de la defraudación que García Luna cometió durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) como funcionario y de Enrique Peña Nieto (2012-2018) como gestor privado contratado por el gobierno.

Según señaló Pablo Gómez, esta demanda impulsada por el gobierno mexicano busca “la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos” del erario. El dinero extraído habría sido pagado a distintas empresas por varias entidades públicas, transferidos a través de paraísos fiscales a Florida y, finalmente, utilizados en la adquisición de bienes muebles, inmuebles y otros activos.

Entre las distintas entidades públicas defraudadas se encuentran el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), por 253 millones de dólares y 67 millones de pesos, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), por 298 millones de dólares y 221 millones de pesos, y la Policía Federal (PF), por 83 millones 600 mil dólares.

Sobre las empresas, se aclaró que la mayoría pertenecen al Grupo Weinberg, que cuenta con 80 empresas en distintos países y está dedicado mayoritariamente a la venta de softwares especializados en inteligencia y espionaje y otras actividades vinculadas a la seguridad. Su principal propietario, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, cuenta con participación en 30 empresas. Fue detenido en 2023 en España y actualmente permanece en espera de extradición.

El titular de la UIF aclaró que la ilegalidad de los contratos firmados no es algo que le corresponda definir a la jurisdicción de la Corte de Florida, sino exclusivamente al Estado mexicano. “Lo que está sometido a la jurisdicción de otro país es que, habiéndose realizado actividades ilícitas en México, el dinero salió al extranjero y, a través de una triangulación, se le entregó una parte de ese dinero a la persona que había hecho los contratos […] o quien había gestionado los contratos”, refiriéndose en ambos casos al exsecretario García Luna.

Apuntó, además, que se tiene conocimiento de 19 propiedades incautadas al exfuncionario calderonista y sus cómplices, las cuales habrían sido adquiridas con el dinero triangulado a través de paraísos fiscales, principalmente Barbados. De esas propiedades, ya se han recuperado 2 millones de dólares gracias a una resolución judicial de la corte de Nueva York que lleva el caso de García Luna, informó el titular de la UIF.

Aunado a ello, indicó que la ilegalidad de la procedencia ya está probada, pues simplemente es necesario comprobar que el dinero fue entregado a García Luna y esto es ilegal. “Como las empresas que fueron contratadas le entregaron dinero a García Luna, que era el contratante o el gestor, entonces, ese dinero es ilícito: así de sencillo, y, por lo tanto, el gobierno mexicano exige que se lo devuelvan, porque es el origen del dinero”, dijo Gómez Álvarez.

Genaro García Luna fue la mano derecha del expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012). Como secretario de Seguridad Pública, estuvo a cargo de la llamada “guerra contra el narcotráfico”; además, fue creador y director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) durante el sexenio de Vicente Fox Quesada (2000-2006), director de inteligencia de la Policía Federal Preventiva entre 1999 y 2001 y director operativo del CISEN durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).

Actualmente, se encuentra esperando una condena, luego de haber sido declarado culpable en noviembre de 2023 por una Corte de Nueva York por cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero. En México, también cuenta con carpetas de investigación en su contra por defraudación fiscal y lavado de dinero, entre otros delitos.