Sobre el exgobernador se fundan sospechas acerca de posible protección política a las organizaciones delincuenciales operando en la frontera noreste, así como en el lavado de dinero y el desvío de recursos estatales.
25/01/2024 (Ciudad de México). Este miércoles 25 de enero de 2024, la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) aprobó de manera unánime la candidatura como diputado plurinominal del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Ello coloca la posibilidad de que uno de los políticos más controversiales de los últimos años vuelva a ocupar un cargo público, esta vez del nivel federal.
En la actualidad, una orden de aprehensión girada contra García Cabeza de Vaca emitida por la Fiscalía General de la República por los cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada se encuentra suspendida debido a la orden de Adriana Yolanda Vega Marroquín, jueza federal de primer circuito. Sin embargo, la FGR tramitó una impugnación en contrade la decisión de la jueza este miércoles. A partir de ese momento, la resolución del caso corresponderá a un tribunal colegiado, que determinará en un máximo de 90 días si la apelación es válida.
Las acusaciones originales ocurrieron luego de que, durante su periodo al frente del gobierno del estado, fueran empoderadas y aparentemente protegidas las organizaciones criminales operando en la entidad. Particularmente, sobre el exgobernador recaen las sospechas de haber recibido recursos provenientes del Cártel del Golfo, organización oriunda del estado, desde por lo menos su periodo como presidente de la ciudad de Reynosa, entre 2005 y 2007, así como en su campaña rumbo al gobierno de la entidad,cargo que finalmente ocupó entre los años 2012 y 2016.
Debido a ello, el Federal Bureau of Investigation, principal institución de inteligencia civilen Estados Unidos, llegó a solicitar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público información sobre 18 empresas vinculadas al exgobernador panista. Por su parte, en México, la acusación de delincuencia organizada se complementó con el descubrimiento de que un ejido en Reynosa, presuntamente propiedad del exgobernador, fue utilizado como un “campo de exterminio” para desaparecer cuerpos y evidencia relacionados con las actividades criminales de la delincuencia organizada.
Casos ejemplares del comportamiento arbitrario del gobierno cabecista fueron los abusos cometidos por parte del Grupo de Operaciones Especiales (GOPEs), un cuerpo creado por el exgobernador considerado militarizado. Al respecto, se ha documentado la participación de este grupo en desapariciones forzadas, secuestros y ejecuciones extrajudiciales, todas ellas violaciones graves a los derechos humanos.
Los capítulos más crueles de este cuerpo los representan “la masacre de Valles de Anáhuac”, perpetrada en esa frontera en 2019, y la masacre de Camargo, donde fueron asesinados y calcinados 19 migrantes centroamericanos en enero de 2021. Luego de la salida de García Cabeza de Vaca, 30 de los 114 elementos renunciaron y el gobernador morenista Américo Villarreal reformó la institución y creó las Fuerzas Especiales de la Guardia Estatal.
La sospecha sobre actuar irregular del exgobernador más reciente se desprende de la denuncia que realizó el notario público, Francisco Garza Treviño, por la expedición de una carta poder apócrifa que le permitiría respaldar legalmente su residencia en Reynosa, lo que a su vez le facultaría para encabezar la “la fórmula como candidato de representación proporcional por la segunda circunscripción electoral que la integran Tamaulipas y 6 estados más”, según colocó en su perfil de X, antes Twitter.
La acusación ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de haber falsificado documentos, respaldada por la Dirección de Asuntos Notariales, no sólo pone en juego su candidatura, sino le haría acreedor de una pena en prisión de hasta cinco años de resultar culpable. Cabe destacar que el exgobernador busca acreditar su residencia en la ciudad de Reynosa a pesar de que aún se encuentra autoexiliado en Houston, Texas, al contar con la doble nacionalidad.
El proceso para llevar a Francisco Javier García Cabeza de Vaca ante la justicia ha sido largo y complejo. Al respecto, la periodista tamaulipeca y colaboradora para este medio, Martha Olivia López, recordó que el proceso legal sobre el gobernador data de, por lo menos, el 30 de abril de 2021, cuando el Congreso federal habría quitado el fuero al exgobernador para poder ser juzgado por los delitos por los cuales se le acusa.
La también directora del medio Un 2×3 Tamaulipas describió la candidatura del exgobernador como “lo más podrido que puede haber en un sistema judicial y político en México”, al recordar el nivel de protección que alcanzó entre el Congreso local, el cual decidió otorgarle fuero como Gobernador local una vez decidido el desafuero en el Congreso federal, contradiciendo la Constitución del estado. Además, también trajo a colación cómo el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara Carrancá, determinó de manera unilateral y sin contar con el resto de los ministros de su sala que el fuero del entonces gobernador continuaría hasta el 30 de septiembre de 2022, protegiéndolo.
Sin embargo, la periodista tamaulipeca se mostró escéptica sobre la posibilidad de que la acusación en contra de García Cabeza de Vaca en la Fiscalía del estado vaya a proceder en su contra, sobre todo considerando que el fiscal cabecista, Irving Barrios Mojica, continúa como titular de la dependencia.
