El objetivo del Poder Judicial es generar la percepción de que el gobierno encubre la verdad sobre el Caso Ayotzinapa, afirmó el presidente López Obrador. Esta declaración se suma al comunicado emitido por la Secretaría de Gobernación, la cual adelantó que se preparan acciones para revertir la medida.
22/01/2024 (Ciudad de México). “Lo que hay es un interés político del Poder Judicial”, afirmó esta mañana el presidente López Obrador respecto a la resolución de una jueza y tres magistrados que permite a ocho militares implicados en el Caso Ayotzinapa llevar su proceso en libertad.
Entre las razones que el mandatario señaló como móviles para la emisión de esta resolución se encuentran el descrédito de una institución como el Ejército Mexicano, así como la del propio Gobierno Federal al pretender generar la percepción de que se encubren actos criminales de las Fuerzas Armadas.
Además, criticó que este poder de la Federación recurre a argumentos “legaloides” como la incorrecta integración de la carpeta cuando el Caso Ayotzinapa se trata de un asunto de Estado y no de un procedimiento más. Al respecto, reveló que tal es la importancia del caso para su administración que dos semanas atrás se le envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, para advertirle sobre esto.
En la carta, dada a conocer por la secretaría de Gobernación, María Luisa Alcalde, se hace el conocimiento de la ministra presidenta el estado procesal que guarda el caso de los ocho procesales y se resalta que el cambio de medida cautelar podría ocasionar la sustracción de la justicia de los elementos imputados, hecho que repercutiría en la impartición de justicia en un caso tan relevante como éste.
El Poder Judicial busca proteger a más implicados en el Caso Ayotzinapa
Por su parte, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en el que resalta el sistemático actuar del Poder Judicial en su conjunto para proteger a otros implicados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como sucedió con el cambio de medida cautelar para el ex procurador, Murillo Karam, en uno de sus procesos abiertos y la liberación de 62 elementos de las Fuerzas Armadas presuntamente implicados.
Sobre este último, también se critica que el argumento para liberar a los 62 elementos fue la tortura cometida en su contra, sin embargo, pese a reconocer que existió esta tortura no se han realizado acciones en contra de su torturador, Tomás Zerón, actualmente prófugo en Israel.
Por todo lo anterior, el comunicado señala que acciones como ésta el Poder Judicial “mina los cimientos de la verdadera procuración de justicia”, por lo que el Gobierno Federal solicitará la revisión de las medidas cautelares impuestas a estos ocho elementos, considerando los factores de riesgos y los elementos probatorios ya presentados.
Finalmente, se informó que se solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) se giren nuevas órdenes de aprehensión, en caso de ser procedentes, y que se agoten todas las líneas de investigación.
