11/01/2024 (Ciudad de México). Los ojos del mundo están en La Haya, sede de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que es el mayor tribunal de las Naciones Unidas que decide disputas entre Estados, siendo todos los países miembros de la ONU de manera automática parte de la CIJ. La Corte está conformada por 15 jueces y juezas, con un mandato de nueve años y cuya elección se hace en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad de la ONU.
En este foro global de justicia desde hoy se escucha la voz del equipo jurídico que, en representación de Sudáfrica, presenta la acusación formal contra Israel por cometer genocidio en la Franja de Gaza. Tiene importancia absoluta que la parte denunciante sea un Estado, ya que eso le da una fuerza de legitimidad muy grande a la acción judicial. Sudáfrica se encuentra a mucha distancia de Palestina y no tiene, con el pueblo gazatí que ha sufrido las atrocidades, una identidad común étnica, religiosa o cultural. Sí comparte que Sudáfrica sufrió por muchos años la opresión de un régimen supremacista de la minoría blanca denominado “Apartheid” –mundialmente condenado y extinto.
¿Por qué desde Pretoria – la capital sudafricana- se decidió dar el paso decisivo hacia lo que ya se califica como “el juicio del siglo”, presentando ante la CIJ la denuncia por escrito en un documento de 84 páginas el 29 de diciembre de 2023? Porque Sudáfrica –como otros 149 Estados entre los que está Israel- es firmante de la “Convención sobre el Genocidio” de 1948, que le obliga a prevenir y castigar todo acto cometido “con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”.
Es así que la abogada sudafricana Adila Hassim y el embajador plenipotenciario de Sudáfrica en el Reino de los Países Bajos, Vusimuzi Madonsela, han acusado al gobierno de Israel –no al pueblo israelí- de estar “cometiendo actos genocidas” en toda la Franja de Gaza y pidieron al alto Tribunal que dicte medidas cautelares para paralizar la ofensiva militar israelí en ese territorio. Pronunciaron una frase que conmovió a muchos millones que les escuchaban: “Éste es el primer genocidio de la historia donde sus víctimas graban su propia destrucción en directo en un intento desesperado y vano hasta ahora de que el mundo haga algo”.
La acción de Sudáfrica, que tiene respaldo de numerosos países árabes, africanos y latinoamericanos, sostiene que la matanza de decenas de miles de civiles incluyendo 8000 niños y niñas, las evacuaciones forzadas y el aislamiento del territorio palestino realizados por el ejército israelí, son actos de genocidio. Comparten este criterio una gran cantidad de autoridades y personalidades por todo el mundo. Mencionemos a dos: Craig Gerard Mokhiber, un abogado estadounidense que fue director de la oficina en Nueva York del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), renunció el 28 de octubre pasado, criticando duramente a la ONU por no detener lo que calificó como “un genocidio clásico en Gaza”; el presidente colombiano Gustavo Petro, a tiempo de respaldar a Sudáfrica, ratificó que “es bien claro que las acciones y medidas adoptadas por el gobierno de Israel constituyen actos de genocidio”.
Israel tomará la palabra mañana y es seguro que argumentará que está librando una guerra en Gaza para “defenderse del grupo terrorista Hamás”. Lo que no podrá justificar es la magnitud de la destrucción y de los letales bombardeos, utilizando armas prohibidas por convenciones internacionales, que mataron a tanta gente; no podrá explicar sus acciones que llevaron a más de un millón de personas desplazadas a la hambruna; no podrá defender las declaraciones de mandos gubernamentales israelíes que hablaron de “hacer desaparecer Gaza”. Estados Unidos, por su parte, sigue hundiéndose en el fango del pragmatismo más inhumano, al afirmar que la postura de Sudáfrica “carece de fundamento”.
