11/01/2024 (Ciudad de México). Este próximo 19 de febrero se cumplirán cinco años de que Samir Flores Soberanes, activista y comunicador indígena, fue asesinado afuera de su casa en Amilcingo, Morelos.El año pasado, la carpeta de investigación finalmente fue atraída por la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República, luego que la Fiscalía de Morelos se había negado a entregarla.

Sin embargo, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTAMPT, del cual Samir era integrante) denuncia que no se ha avanzado en la investigación, lo que dilata que se haga justicia a la memoria del defensor del territorio y el medio ambiente.

De acuerdo con Juan Carlos Flores, abogado e integrante del FPDTAMPT, la atracción a nivel federal fue posible luego de que se sostuvo presión, pero eso no ha implicado avances para que se alcance una justicia pronta.

Cinco años y todavía sin respuestas

En la madrugada del 20 de febrero de 2019, Samir Flores Soberanes, comunicador náhuatl y defensor del medio ambiente, fue asesinado afuera de su domicilio, ubicado en el poblado de Amilcingo, municipio de Temoac, Morelos. Tenía 36 años cuando murió a causa del impacto de las balas que su verdugo le disparó.

Samir era integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT). Fue miembro del Congreso Nacional Indígena (CNI) y fue fundador de la radio comunitaria Radio Amiltzinko. Fue conocido por organizar a su comunidad y oponerse al Proyecto Integral Morelos (PIM). 

Pero la historia de Samir va de la mano con la historia de la comunidad que se opuso al proyecto. Y es que esa memoria parece lejana, pero se siguen viviendo los estragos. La defensa del territorio en la actualidad se ha vuelto cada vez más peligrosa, luego del asesinato de Samir Flores, cuenta el abogado Juan Carlos Flores a este medio. Y es que en el escenario hay actores que han traído consigo tensión social: el crimen organizado y su coalición con las autoridades estatales.

El Frente, cuenta Juan Carlos, surgió en 2012 como una forma de resistir a la imposición de dicho megaproyecto energético, arrancado por el gobierno federal de Enrique Peña Nieto. Consta de un gasoducto, acueducto y dos centrales termoeléctrica ubicadas en Huexca, Morelos.

“Este proyecto está en la zona de peligros del volcán Popocatépetl y fue el primer motivo por el cual nos empezamos a conformar, pues observamos todas las afectaciones que genera esta termoeléctrica de ciclo combinado en la comunidad de Huexca y también el robo del agua para la generación de esta electricidad hacia los ejidos de Ayala-Morelos de donde es originario Emiliano Zapata”, cuenta a De Raíz el abogado en un encuentro virtual.

Asegura que este proyecto tiene el objetivo de reordenar el territorio de los tres estados, “para impulsar la industrialización de toda la zona. Entonces, es obtener gas natural para abaratar costos de producción, para generar una mayor capacidad de producción y también, pues, aprovechar la zona geográfica y el agua que hay en la región”.

Samir formaba parte del Frente, y además fundó la Radio Comunitaria Amiltzinko, lugar que utilizó para hablar sobre el impacto de los megaproyectos que buscaban operar en las comunidades.

El asesinato de Samir Flores cobró visibilidad debido al contexto de la consulta para impulsar la construcción del Proyecto Integral Morelos, unos días antes de que se llevara a cabo. Un día antes de que le arrebataran la vida, el 20 de febrero de 2019, Samir cuestionó al delegado federal Hugo Erik Flores en un foro público.

El proyecto fue aprobado a pesar de que el Frente exigió que se hiciera una consulta a los pueblos indígenas en cada comunidad, principalmente aquellas que fueran afectadas directamente. Fuerzas federales desalojaron en noviembre de 2019 al plantón que se había sostenido desde hacía cuatro años por ejidatarios de Ayala, en Morelos.

Juan Carlos recuerda que la resistencia en esos años no fue fácil. Incluso él estuvo preso por 10 meses en el penal de Cholula debido a su oposición al proyecto. También lo estuvo la comisaria ejidal Edina Rosas Vélez por negarse a que el gasoducto pasara sobre su ejido.

El Frente se sintió traicionado por la autoridades, pero continuaron exigiendo justicia por Samir.

Justicia es el llamado

El caso del defensor ha estado plagado de violaciones e inconsistencias debido a la actuación de la Fiscalía de Morelos, encabezada por Uriel Carmona.

Los primeros días, la Fiscalía de Morelos dijo que fueron cuatro personas quienes lo asesinaron. La prueba que manejaron las autoridades se basó en una fotografía de una nota periodística, y se señaló que los asesinos pertenecían al grupo criminal Comando Tlahuica.

Y ahí comenzó un andar plagado de violaciones en las que han ocurrido las autoridades morelenses, entre ellas, según detectó la recomendación 103/2022 que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos al fiscal de Morelos, las autoridades no citaron a declarar a los involucrados y de desestimó la principal línea de investigación: el activismo de Samir.

Se utilizaron, también declaraciones superficiales de testigos para atribuir el homicidio a una persona,Javier “N”, quien ya estaba preso desde el 24 de julio de 2020 acusada de otros delitos, a través de agregar de manera extemporánea un testimonio de un policía local.

La CNDH también dijo que no tuvo acceso oportuno a la carpeta de investigación debido a que la Fiscalía Especializada de Homicidios se negó con el argumento de la secrecía.   

El año pasado la Fiscalía General del Estado de Morelos se negó a entregar la carpeta de investigación del caso de Samir Flores a la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que la Fiscalía Especial en Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) tuvo que solicitar una audiencia de inhibitoria por competencia.

En ese entonces el abogado David Peña, integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, explicó a este medio que la atracción del caso por la FGR era importante ya que son pocos los casos de personas defensoras del territorio y medio ambiente, periodistas o comunicadores indígenas que llegan a nivel federal.

A finales del año, la Fiscalía General de la República atrajo la carpeta de investigación reconociendo la vinculación del crimen con el activismo de Samir Flores Soberanes, ya que la Fiscalía Estatal sólo se centró en investigar al crimen organizado pero no todo el contexto en el que se llevó a cabo el asesinato.

Uriel Carmona, actual Fiscal, ha sido detenido en tres ocasiones y ha pisado el penal de máxima seguridad del Altiplano por diversos delitos, uno de ellos por encubrir el feminicidio de Ariadna Fernanda, perpetrado en 2022.

Recientemente el Congreso Local anuló su desafuero, lo que le permitió regresar al puesto de manera impune, a pesar de que también fue señalado por el caso de Samir. Incluso el actual gobernador, Cuauhtémoc Blanco, dijo en el año 2020 que “el fiscal [Uriel Carmona] sabe quién mató a Samir, pero no lo dice por miedo”.

“A partir del asesinato de nuestro compañero Samir Flores, pues empezó a extenderse la presencia del crimen organizado en la región, lo vemos vinculado al gobierno del Estado y también a los intereses de estos megaproyectos como el Proyecto Integral Morelos”, sostiene el abogado Juan Carlos Flores. Afirma que la atracción federal es importante, pero se debe dar continuidad a las investigaciones y considerar todas las pruebas acumuladas en el tiempo.

“Después de casi cinco años del asesinato de Samir pues se acepta que su asesinato se da por motivos políticos debido a la defensa que realizaba contra el proyecto integral Morelos y el trabajo periodístico y de difusión que realizaba sobre este proyecto. Sin embargo, no ha habido avances de una nueva investigación o de ampliar la investigación que ya se tenía. Es importante considerar todas las denuncias públicas que se han hecho, desde narcomantas hasta fotografías del gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, con líderes del crimen organizado. Entonces aquí vemos una clara vinculación del crimen organizado con el gobierno del estado de Morelos”.