12/12/2023 (Ciudad de México). El presidente Lula da Silva ha puesto en ejecución un programa para el apoyo para la población en situación de calle, que destina 1.000 millones de reales (205 millones de dólares) como fondo inicial para implementar desde varios niveles del Estado (Gobierno nacional, gobernaciones de las unidades federativas y alcaldes municipales) políticas de vivienda digna para los sin techo, tales como la edificación de residencias populares y de abrigo municipal.
El número de personas sin vivienda, ni propia ni alquilada, en la última década se incrementó por diez, pasando de 22.000 el 2013 a 227.000 este año, en base a datos del “Instituto de Pesquisa Económica Aplicada”, una entidad federal dependiente de la Secretaría de la Presidencia. El retroceso inició con la crisis económica del año 2014, originada en el desplome de los precios internacionales de los “commodities” brasileños (soja, azúcar de caña, petróleo, hierro). Fue una coyuntura económica que se agravó con la destitución –por la vía de un golpe judicial y congresal- de Dilma Roussef en 2016. Para entonces el número de personas sin techo ya había aumentado hasta 50.000 en Brasil.
Según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el deterioro de las condiciones socio-económicas continuó en el período de Michel Temer, vicepresidente de Roussef, que entre 2016 y 2018 no supo manejar la economía. Pero la debacle vino con el ultraderechista Jair Bolsonaro (2019 – 2023), cuando subió el número total de gente que vive en situación de pobreza a 62,5 millones de personas, el 29,4% de la población total, que es de 212 millones. Eso no es todo, de esas 62.5 millones, 18 millones viven en la extrema pobreza.
En esto tuvo mucho que ver la eliminación por Bolsonaro de los programas sociales que los gobiernos de izquierda habían implementado, como por ejemplo el programa “Hambre Cero” que contemplaba las “Bolsas de ayuda alimentaria”. A partir del año 2019, el gobierno de extrema derecha –con la misma lógica y hasta el mismo discurso con que el neofascista Javier Milei se apresta a hacerlo en Argentina- desmanteló una a una las políticas sociales porque, según él, “eran fuente de adoctrinamiento de masas”.
Desde que reasumió Lula da Silva se han relanzado esos programas bajo la enseña de la Justicia Social. En palabras de Lula, pronunciadas durante el acto de lanzamiento del programa “Calles Visibles”: “no habrá futuro mientras sigamos cavando un pozo de desigualdades entre ricos y pobres”.
El programa incluye una regulación mediante decreto de la “Ley Padre Julio Lancelloti” que prohíbe estrictamente la construcción de proyectos de “desarrollo urbano” hostil, que requieren que las autoridades desalojen a gente pobre de los espacios públicos en que se cobijan, para luego proceder a privatizarlos para emprendimientos inmobiliarios.
Lancelloti es un sacerdote de 73 años, que desde hace 37 es párroco de una pequeña iglesia en el barrio de Mooca, en la ciudad de San Pablo. Ha sido elogiado por el Papa Francisco como el “mensajero de Dios”, caracterizándose por la defensa de los indigentes y los “sin techo” de la urbe paulista. Denuncia la “aporofobia”, el rechazo a los pobres como uno de los mayores pecados de la modernidad, y en varias ocasiones puso su cuerpo entre la gente a quien defendía y las fuerzas policiales enviadas para desalojarles violentamente. En esa lucha por dotar de condiciones dignas y acceso a la vivienda para los desprotegidos y marginados del sistema capitalista, Lancelloti también se ha ganado enemigos como el propio Bolsonaro que, siendo presidente, le calificó de “cura bandido”.
Ahora juntos, Lula y Lancelloti, uno desde el gobierno y el otro desde la sociedad, impulsan un programa que bien puede replicarse en otros países de América Latina.
