08/12/2023 (Ciudad de México). Increíble pero cierto. ¿Se imaginan un país en que, por encima de la soberanía popular que es el fundamento de la democracia, se coloque un poder institucional y fáctico, cuyas autoridades no fueron elegidas por nadie sino que fueron nombradas y designadas por otras autoridades?

Democracia etimológicamente viene de las voces griegas “Demos” (pueblo) y “Oikos” (poder), por tanto significa: el poder del pueblo.

Ese poder soberano es el que pretende anular la Fiscalía General de Guatemala, cuya titular, la doctora Consuelo Porras ha sido severamente cuestionada por sectores sociales que desde hace un par de meses se movilizan pidiendo su renuncia. Si Porras sigue en su cargo es por la protección que le da la “casta política” (aquí sí se puede utilizar este concepto) guatemalteca. Los partidos políticos tradicionales, que gobernaron el país por décadas, controlan también el poder judicial, al punto que están tratando de evitar la posesión de Bernardo Arévalo, que ya ha sido legalmente declarado por el Tribunal Supremo Electoral como Presidente Electo logrando obtener 2,5 millones de votos.

¿Cuál la razón de la presunta invalidación de los resultados electorales? La Fiscalía General, a través de una fiscal subalterna, Leonor Morales, afirmó que “por una irregularidad administrativa ya que las actas electorales no son las aprobadas originalmente por el Tribunal Supremo Electoral”. El Ministerio Público mismo admite que es una presunta irregularidad administrativa pero, con esta base tan deleznable, pretende cercenar la democracia en lo que, el propio Arévalo, ha calificado como “un intento de dar un golpe de Estado”.

Por eso es que la abogada del Movimiento Semilla, que es también diputada electa, Andrea Zeceña, advirtió en sus redes sociales que el Ministerio Público “no tiene ninguna autoridad” para declarar como nulas las elecciones.

Por su parte, las organizaciones sociales (urbano-populares, campesinas e indígenas) se han declarado en emergencia y discuten nuevas medidas de presión pacíficas y democráticas exigiendo garantías de que el 14 de enero de 2024, asumirá el nuevo presidente Bernardo Arévalo.