FGR podrá presentar recursos para que el caso llegue a un Tribunal Federal o de lo contrario deberá regresar el inmueble a Lozoya.
23/11/2023 (Ciudad de México). Una jueza ordenó regresar una mansión valuada en más de 38 millones de pesos a Emilio Lozoya, ex director de Pemex, quien enfrenta varios cargos por corrupción; entre ellos el realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.
La jueza Ana Lilia Osorno Arroyo, del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, resolvió como improcedente el recurso legal con el cual la Fiscalía General de la República pretendía incautar a Lozoya una residencia cuyo costo fue de 38 millones 175 mil pesos, de mil 162 metros cuadrados de terreno, de los cuales mil tienen construcción, y que se ubica en el fraccionamiento Lomas de Bezares, alcaldía Miguel Hidalgo.
El inmueble fue asegurado en 2019 y entró a juicio en 2021 debido a que la Fiscalía General de la República señaló que la compra pudo haberse realizado con recursos obtenidos mediante sobornos que Lozoya recibió cuando se dio la compra-venta a sobreprecio de la planta chatarra Agronitrogenados, la cual para ese entonces ya llevaba 14 años sin operar.
En su declaración patrimonial de 2013, Lozoya señala una percepción salarial mensual por más de 720 mil pesos netos, el pago de la mansión de contado y tenía 11 diferentes cuentas bancarias o fondos de inversión en dólares, euros y francos suizos.
De hecho entre las cuentas bloqueadas durante la investigación se encontraba la de su hermana Gilda Susana, quien recibió el 1 de diciembre de 2012, desde una cuenta en Suiza de Lozoya, un monto por dos millones 580 mil francos suizos que, en ese entonces equivalía justamente a 38 millones de pesos.
De hecho, los años fueron parte del argumento de la jueza para tal resolución, ya que además de considerar que no existían pruebas suficientes de que los recursos tuvieran un origen ilícito, en 2012, cuando sucedió la adquisición, este delito no estaba contemplado en la Constitución, sino que la reforma de extinción de dominio entró en vigor en 2019.
Por su parte la Fiscalía General de la Repúblicapodría presentar recursos para que el caso llegue a un tribunal federal, de lo contrario deberá devolverla a Lozoya.
