Fue en agosto pasado que cientos de hectáreas de tierras comunitarias que cultivan familias indígenas en la comunidad de Ixil, a unos 45 minutos de Mérida, fueron cerradas y cercadas mediante un violento operativo de la Secretaría de Seguridad Pública. La comunidad acusa que miembros de las familias Abimerhi y Millet, con fuertes vínculos políticos en el gobierno de Yucatán, han intentado apropiarse de estos terrenos.
10/11/2023 (Ciudad de México). La comunidad maya de Ixil, en el estado Yucatán, celebra que tras una prolongada espera obtuvieron una suspensión provisional gracias al amparo 1494/2023 dictada por el Juzgado Primero de Distrito de Yucatán, que deja sin efecto una orden de aseguramiento emitida por la Fiscalía General del Estado.
Con esta suspensión, la comunidad indígena y campesina puede ingresar sin restricciones a sus tierras para continuar con su trabajo agrícola, cuyos productos se venden diariamente tanto en el mercado local como en el de Mérida, y también avanzar en sus diversos proyectos colectivos.
Y es que el pasado 17 de agosto, cientos de hectáreas de tierras comunitarias que cultivan familias indígenas fueron cerradas y cercadas mediante un violento operativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP).
Las tierras fueron cercadas con alambre de púas para impedir a la comunidad de Ixil que ingrese con vehículos a caminos cosecheros y tierras de cultivo.
Desde entonces la producción agrícola se vio seriamente afectada porque, al tener esa área asegurada, los campesinos deben transportar a pie tanto las herramientas de trabajo como los productos agrícolas cultivados.
Élite empresarial yucateca y políticos involucrados en el despojo del territorio
La comunidad maya de Ixil acusa que el proyecto de despojo sobre estas tierras comunitarias no es reciente.
Desde agosto 2022 miembros de las familias Abimerhi y Millet, con fuertes vínculos políticos y personales con el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, y con el titular de la SSP ,Luis Felipe Saidén Ojeda, han intentado apropiarse de estos terrenos.
Señalan que estas familias actúan en complicidad de la Fiscalía General del Estado, en la recta final del sexenio, y que están marcando lotes en la zona para avanzar en la planeación de un megaproyecto inmobiliario.
Asimismo, acusaron que la orden de aseguramiento fue emitida en el marco de una supuesta investigación de la cual la comunidad no tiene conocimiento, “Está siendo utilizada para despojar a la comunidad a través de hechos consumados, intentando imponer los intereses económicos de familias de la élite yucateca a costa del sustento, cultura, medio ambiente y territorio de la comunidad maya de Ixil”, denunciaron los afectados a través de un comunicado.
Y es que la orden de aseguramiento, emitida por la Fiscalía, también les impide continuar con la instalación de un sistema colectivo de riego fotovoltaico, planeado en el marco de un proyecto de investigación financiado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT). Su implementación estaba planeada para los meses de septiembre y octubre.
Sin embargo, los habitantes de Ixil no bajan los brazos y los trabajos siguen adelante: hasta el momento hay tres sistemas de riego colectivo fotovoltaico instalados y avanza la organización de grupos de productores de hortalizas (incluida la famosa cebollita de Ixil) integrados, en su mayoría, por mujeres y jóvenes que comparten el uso de un vivero tecnificado.
No obstante, todas estas instalaciones se encuentran en las tierras aseguradas por la Fiscalía, de las que pretenden apropiarse las familias Abimerhi y Millet, acusó la comunidad maya de Ixil.
La población afectada denuncia que la influencia de dichas familias ha llegado a todas las instancias. Por ejemplo, argumentan que el Juzgado Quinto de Distrito negó la suspensión, dentro del amparo 1366/2023 que presentaron, al no considerar la afectación territorial que dicha medida causa a la comunidad.
Acusan que dicho criterio del juzgado Quinto fue respaldado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa, donde afirman labora como secretario de acuerdos un familiar de uno de los empresarios que promueven el despojo.
Piden al PJF aplicar normativa en defensa de pueblos indígenas
En su reciente amparo a favor de los pobladores de Ixil, el Juez Primero de Distrito consideró que la suspensión debía concederse para “no causar daños de difícil reparación”, dado que las consecuencias del aseguramiento de la Fiscalía afectan el territorio y podría generar pérdida y afectación del desarrollo de actividades agrícolas y comunitarias. Con esto se garantizaría el acceso de la comunidad a su territorio hasta en tanto no se resuelva el juicio de amparo. La medida cautelar es provisional.
En ese sentido la comunidad resaltó el criterio protector del Juez Primero al ponderar el derecho al territorio y las afectaciones que la medida de la Fiscalía causa.
Sin embargo, hicieron un llamado al Poder Judicial de la Federación (PJF) para que en sus resoluciones aplique estándares en materia de protección de Pueblos Indígenas y territorio, emitidos por Tribunales Nacionales e Internacionales, implementando medidas que consideren la discriminación, exclusión y asimetría que vive la comunidad de Ixil, integrante del pueblo maya.
Hasta la fecha, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado mantiene varias unidades de manera permanente en las tierras de Ixil para impedir que la comunidad retire el cercado. Esto en contra de la suspensión provisional que fue dada a la comunidad maya de Ixil y que ordena a las autoridades que “giren las instrucciones pertinentes a fin de que se permita acceso a los pobladores a dicho territorio que poseen”.
Los pobladores de Ixil enfatizaron que no claudicarán en la defensa de su territorio y advirtieron que la asamblea comunitaria, organizada desde 2019, ha logrado detener antes despojos de tierras ejidales y comunitarias, así como megaproyectos inmobiliarios y energéticos. “La asamblea reafirma y fortalece el compromiso de la comunidad en la defensa del territorio y medio ambiente de Ixil, para dejar a las generaciones futuras un futuro con calidad de vida, identidad y dignidad”, afirman en su comunicado.
