Como parte de la reforma al Poder Judicial, ayer se aprobó en Comisión una propuesta de dictamen que busca eliminar 13 fideicomisos que garantizan privilegios para los jueces y magistrados de este poder.

11/10/2023 (Ciudad de México). En reunión ordinaria, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría de votos el dictamen a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (PJF). Esta reforma establecerá que el PJF no podrá crear ni mantener en operación otros fondos o fideicomisos adicionales de los que expresamente prevea su Ley Orgánica.

Esta iniciativa de reforma fue propuesta desde inicios de septiembre por el diputado morenista Moisés Ignacio Mier Velazco y consiste en la adición de cuatro párrafos al Artículo 4° Transitorio en los que se establecen los procedimientos para la extinción de los fideicomisos que el PJF opera fuera de su Ley Orgánica así como la transferencia de los recursos a la Tesorería de la Federación.

Durante la discusión dentro de la Comisión, el diputado morenista Mario Miguel Carrillo Cubillas precisó que este dictamen contempla la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos que actualmente el PJF maneja a discreción basándose en el secreto bancario; además, aclaró que estos fondos son compensaciones adicionales, por lo que no se toca al presupuesto de este órgano.

Al término de la sesión, aprobado el dictamen, se informó que éste será enviado a la Mesa Directiva para que sea programada su votación por el pleno de la Cámara de Diputados. De aprobarse esta reforma, más de 15 mil millones de pesos serían reintegrados a la Federación.

Previamente, el Presidente López Obrador ya se había pronunciado sobre la recuperación de estos recursos, sobre los cuales propuso que “se entreguen a estudiantes de familias pobres”.

La cancelación se los fideicomisos no toca el presupuesto del PJF

Entre los pronunciamientos en contra del dictamen, diputados panistas como Héctor Saúl Téllez Hernández argumentaron que esa reforma atenta contra los derechos de los trabajadores y menoscaba al Poder Judicial; sin embargo, la diputada morenista Alejandra Pani Barragán precisó que de ninguna forma se afecta ni el presupuesto del PJF ni los sueldos, pasivos o prestaciones de los trabajadores, pues sólo afecta a los fideicomisos.

Por su parte, esta mañana durante su conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció sobre el tema y declaró que de aprobarse la reforma por el Poder Legislativo “no se afecta en nada a los trabajadores” sino que “son los privilegios de los de arriba que un ministro en México gana hasta 700 mil pesos mensuales si se suma todo los que obtienen con prestaciones”.

Cabe aclarar que las prestaciones constitucionales tanto de los jueces, magistrados y trabajadores del poder judicial permanecen sin disminuciones, sino que únicamente se eliminarán las “prestaciones complementarias” que se encuentran en los fideicomisos, como pensiones complementarias vitalicias con casi la totalidad de su sueldo, el mantenimiento de las casas de jueces y ministros o presupuestos especiales para comidas en restaurantes de lujo.

“Eso es cortar el copete de privilegios, pero no es afectar a los trabajadores”, agregó el presidente López Obrador. Entre las razones que el presidente destacó sobre el origen de estos privilegios, argumentó que durante el periodo neoliberal se necesitaba “tener bien maiceados a los funcionarios públicos”, expresión usada en México para señalar que a alguien se le otorga más dinero del correspondiente para que haga o apruebe en beneficio de otros, con lo cual era posible aprobar leyes que validaron la transferencia de bienes y recursos públicos a particulares.

Privilegios anti-constitucionales del Poder Judicial

En este mismo sentido, se destaca que pese a la reforma constitucional de 2019 en la que se establece que “Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República”, los Magistrados de la Suprema Corte de la República mantienen un sueldo de 297 mil 403 pesos mensuales sin contar las prestaciones provenientes de los fideicomisos, mientras que el del Presidente de la República es de 175 mil 241 pesos, menos impuestos.

Pese a estos excesos, a finales de agosto de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) solicitó a la Cámara de Diputados un aumento real del 4%, lo cual representaría un total para 2024 de 84 mil 700 millones de pesos. Entre los argumentos presentados por Norma Piña Hernández, Ministra Presidenta de la SCJN, se encuentran que este monto permitirá “garantizar que la transmisión del poder en México se dé pacíficamente y con estabilidad democrática” y que el “acceso a la justicia es un derecho que le cuesta a la sociedad”.

Ante estas declaraciones, diputados de la bancada de Morena la acusaron exhibir una actitud mafiosa toda vez que con esta actitud la ministra presidenta parece decir que “si no se le autorizan los miles de millones de pesos que ellos solicitan no habrá justicia en México”, en palabras del diputado morenista Mier Velazco.