En la ciudad de Río de Janeiro cuatro médicos fueron baleados por un grupo de personas vestidas de negro, que salieron de un auto y corrieron abriendo fuego hacia la mesa donde estaban en el barrio de Barra da Tijuca. El ataque tuvo todas las características de organización, potencia de fuego y escape raudo propio de un grupo irregular paramilitar –“escuadrones de la muerte”- que están actuando en varias ciudades brasileñas.
El saldo fatal de la balacera es la muerte de tres médicos: Marcos de Andrade, director del Instituto de Ortopedia y Traumatología del Hospital de las Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paolo, Perseu Ribeiro Almeida, ortopedista y traumatólogo especializado en cirugías en el pie y el tobillo y Diego Ralf Bonfim, médico especialista en tratamientos de alta complejidad recuperatoria. El tiroteo dejó también a otro médico gravemente herido. Los cuatro habían llegado de Sao Paolo para participar en un congreso internacional de ortopedia. Uno de los fallecidos, Diego Ralf, era hermano de la diputada federal Samia Bomfim que pertenece al “Partido Socialismo y Libertad”, que es el partido de izquierda en que militó también Marielle Franco, la concejala de Río de Janeiro que, en medio de sus investigaciones sobre violencia y asesinatos de mujeres realizado por grupos de ex militares, fue asesinada el año 2018.
Las pesquisas fiscales y judiciales sobre la muerte de Marielle Franco, aunque han tenido algunos avances, no han llegado hasta hoy a desmantelar los grupos armados que denunciaba, tampoco lograron identificar a los financiadores y autores intelectuales, así como a todos los autores materiales del crimen. Franco fue una socióloga, feminista, activista de los derechos humanos y defensora de los derechos de las mujeres afrodescendientes de Río de Janeiro. Era muy crítica a los militares y policías que actuaban con extrema violencia contra pobladores de las favelas, bajo el justificativo de que estaban luchando contra la delincuencia; en realidad, muchos policías y ex policías eran parte del tráfico de drogas y lo que hacían era eliminar a la competencia. Cuando Marielle llevó sus denuncias hasta el punto de descubrimiento de una peligrosa estructura violenta, fue asesinada precisamente por ex policías.
Ya pasaron cinco años de ese trágico día y ha sido la diputada Samia Bonfim una de las que más ha insistido para que avancen las investigaciones, en el nuevo contexto político y social luego de que, bajo el gobierno de Jair Bolsonaro –de 2019 a 2022- los grupos violentos fascistas tuvieron su auge. Apoyándola en sus exigencias de justicia, siempre ha estado su esposo Glauber Braga, que es también diputado y que ha denunciado a los grupos parapoliciales de ultraderecha que siguen actuando en Río de Janeiro y que son conocidos como “escuadrones de la muerte”. Por ello es que se cree que el triple asesinato de Río de Janeiro ha sido una represalia contra Bonfim y Glauber Braga, por lo que el objetivo de muerte fue su hermano Diego Ralf Bonfim, siendo los otros médicos muertos “daños colaterales” – horrible denominación que se usa para estos casos. Crece en fuerza la hipótesis de que se trató de una ejecución política por las denuncias e investigaciones sobre milicias de ultraderecha vinculadas al narcotráfico.
Pero, en las últimas horas y desde la policía surgió otra hipótesis. Que los sicarios confundieron a uno de los asesinados con un integrante de una milicia que, supuestamente delataría a gente de su organización, por lo que se buscaba asesinarlo. No es raro que en estos procesos de investigación surjan este tipo de hipótesis “alternativas” cuya finalidad parece ser desorientadora. Durante la investigación de la muerte de Marielle Franco también la policía hizo pública una “hipótesis” según la cual su asesinato fue una especie de crimen pasional por matones contratados por alguna ex pareja lesbiana. Luego, con el tiempo, se dejó en el olvido tal teoría constatándose que era un intento tangencial de los mismos policías, que lo que querían era proteger a sus ex camaradas.
Lo preocupante es que, bajo el nuevo gobierno de Lula da Silva, sigan actuando estos escuadrones y las autoridades judiciales y policiales sigan mostrando tanto lentitud y negligencia. Tendrá que ser la denuncia nacional e internacional exigiendo justicia que evite que siga muriendo gente inocente. En las últimas horas varios gobiernos de América Latina y Europa han expresado al presidente de Brasil su preocupación y solidaridad por lo sucedido.