Por: Luis Ernesto Guerra*
El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, recurrió a otro estado de excepción en el intento por frenar la inseguridad. En total suman 16 en su mandato que inició el 24 de mayo de 2021. Al igual que los anteriores, se da por el incremento de los índices de criminalidad, delincuencia organizada y violencia.
Tras cuatro días de enfrentamientos, hace dos semanas, el Gobierno decretó un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna en todas las cárceles del país. La medida estará vigente por 60 días. La información sobre lo que sucede tras las paredes del penal es escasa. Pero, según la Fiscalía, en su última actualización se confirman 31 reos muertos y 14 heridos, entre ellos, un policía.
Ecuador se desangra cotidianamente como expresión de la injusticia social, el imperio de la inseguridad y violencia, generado por un régimen que está ya de salida, en medio período de inacción y carencia de gestión, penetrado por el neoliberalismo autoritario y concentración de la riqueza en castas corporativas articuladas a la banca, y otras actividades de dudosa procedencia. Así al país lo han convertido en una especie de paraíso fiscal para el fácil ingreso de capitales que son blanqueados por el sistema financiero, en actividades inmobiliarias y que posteriormente salen sin ninguna restricción legal o control de la institucionalidad del sistema bancario y financiero, porque se han hecho reformas que entraron en vigencia por el ministerio de la ley, antes de que se decrete la «muerte cruzada».
Mientras ocurre todo esto, se ahonda la crisis del sistema penitenciario y nuevamente emerge la masacre de 31 personas privadas de libertad en el Centro Penitenciario más grande del Ecuador, como es la Penitenciaría del Litoral, 13 centros penitenciarios se amotinaron con la retención de cerca de un centenar de guías penitenciarios, que al parecer han sido liberados.
Es dantesco y demencial que haya personas desmembradas, descuartizadas e incineradas como un perverso y objetivo estratégico construido por tanques y mentores de pensamiento de este régimen, que desnuda el control de algunas ciudades por estas bandas narco-delincuenciales armadas. Son mafias que poseen fusiles de asalto especiales, pistolas, lanzagranadas, similarmente la dotación de tecnología de punta o última generación en la que se incluyen drones y telefonía satelital, miles de dólares, sumado el libre albedrío de estas bandas narco-delincuenciales, que mantuvieron un motín de personas privadas de libertad, durante 72 horas, y que evidencian cómo, el otrora país sudamericano considerado como el segundo más seguro de Latinoamérica, hoy está convertido en uno de los más violentos del mundo.
Caracterizado, además, por la desinstitucionalización del país, concomitante la presencia de negocios cerrados y quebrados por la violencia e inseguridad. Salir a la calle se ha tornado en una gran amenaza, ya que el miedo paraliza y ese es otro de los objetivos estratégicos del régimen, vigilar y castigar.
Ya la pandemia y postpandemia se encargaron de roturar la crisis de la economía de las familias ecuatorianas. Más de cinco millones de ecuatorianos sobreviven con tres dólares diarios, cuyo significado se traduce en un serio impacto a los derechos constitucionales del Buen Vivir, que han desaparecido de la política pública; de igual manera la justicia social, que dio paso a la caída abrupta del empleo, drásticamente cayó la inversión en seguridad, salud, educación y se fue al traste todo tipo de infraestructura física, humana y social.
La inseguridad, el miedo que paraliza, se ha encargado de generar un ambiente de zozobra, de miedo, de hartazgo, de impotencia, en donde el Estado ha perdido el uso del monopolio de la fuerza.
El Estado de excepción permite apagar la injusticia con represión, con el uso de armamento letal.
Vivir en condiciones de pobreza es hacerlo en condiciones de inseguridad, social, económica, cultural. La seguridad al ser integral, no puede convertirse en un paliativo, sino en política pública. Cada 17 horas se comete femicidio y asesinato violento a la mujer.
Al parecer este es un objetivo político muy estratégico del régimen de presidente Guillermo Lasso, que ha trasladado la inseguridad y violencia al control narco-delictivo, es decir, impera la nefasta arena de los delitos, con un pueblo anestesiado por el miedo, frente a una fuerza pública, muy preparada para criminalizar y reprimir la protesta social, pero permeada por vestigios de corrupción.
Empero, miles de ecuatorianos/as salen del país, poniendo en riesgo su vida al cruzar por la peligrosa selva del Darién, la que es controlada por traficantes de seres humanos que han implementado diferentes modalidades de extorsión y trata; muchos terminan en manos de los agentes de migración colombiana o panameña, o mueren atrapados por los peligros permanentes y existentes en la selva húmeda tropical, que ha cobrado miles de vidas por conseguir el ansiado sueño de la manzana de la libertad que termina estrellado en manos de agentes de migración, los que consideran como fetiches a los/as migrantes para extraer dinero. Entonces, se va al traste el principio de que la migración es un derecho humano universal, ya que es terriblemente criminalizada por el gobierno federal norteamericano.
Es urgente recuperar la democracia, para construir justicia social con políticas públicas.
Ya lo dijo un expresidente de la República del Ecuador: «en la demora está el peligro».
*Ecuatoriano, analista político y activista de Derechos Humanos
