04/09/2023 (Ciudad de México). El Poder Judicial de la Federación ordenó al Ejército Mexicano no destruir documentos relacionados con el caso Ayotzinapa. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Pro dh) dio a conocer dicha resolución, como respuesta al amparo interpuesto el martes 15 de agosto por familiares de los 43 normalistas desaparecidos contra el mando del aparato de inteligencia militar. Consideran que han incumplido con el Decreto Presidencial pronunciado en 2018 en el que se ordena a todas las instituciones públicas colaborar con el esclarecimiento de los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

El último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señala que el Ejército ocultó arbitrariamente varios reportes de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia, los cuales parecen contener información trascendental para el caso.

Entre las medidas cautelares que exigen los padres y madres de los desaparecidos se encuentran la preservación de la información para que no sea alterada, destruida, depurada o eliminada.

En una primera instancia el Órgano Jurisdiccional había negado la solicitud de las familias, quienes no conformes, presentaron recurso de queja. Fue así que el 1 de septiembre del presente año, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito notificó la suspensión provisional argumentando que “la sociedad está interesada en que se conozcan las circunstancias del acontecer nacional que pudieran redundar en violaciones graves a derechos fundamentales”.

Tribunal turna a la Suprema Corte de Justicia de la Nación juicio de amparo a Tomás Zerón

Mientras tanto, un Tribunal Federal turnó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el juicio de amparo promovido por Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, quien actualmente se encuentra en Israel, desde donde busca cancelar la orden de aprehensión en su contra, para ser procesado por actos de tortura, delitos de desaparición forzada y coalición de servidores públicos relacionados con el caso Ayotzinapa. Zerón sostiene que antes de librarse una orden de aprehensión deben agotarse otros medios como el citatorio de comparecencia. También, que no es necesaria esa medida de cautela para conducir a proceso a un imputado.

En este contexto, el periódico estadounidense The New York Times publicó el 2 de septiembre de 2023 un artículo en el que afirma haber obtenido alrededor de 23 mil mensajes de texto inéditos, declaraciones de testigos y documentos de investigación interceptados en 2014 por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) dentro de una investigación en la que trabajan sobre el Cártel Guerreros Unidos. Las grabaciones fueron compartidas apenas el año pasado con el gobierno mexicano. Dicha información también se notificó en el último reporte del GIEI.

Estas comunicaciones aparentemente señalan la subordinación del Gobierno Local ante el cártel Guerreros Unidos; entre los elementos que resaltan de los mensajes está el hecho de la participación de autoridades del gobierno estatal, policías, militares y civiles. Llama la atención que en algunos de los diálogos se habla de un “informante” entre los estudiantes y de la participación de un forense con el que presuntamente incineraron algunos cuerpos en el crematorio que es propiedad de su familia en un lugar sin identificar.