La pandemia de fines del 2019 tuvo consecuencias que afectaron las cadenas productivas que, de manera cada vez más global, articulan las economías nacionales. Recordemos que la razón para afectar el funcionamiento productivo en casi todos los países del mundo, fue la elevada letalidad del virus del Covid y la rapidez con que se contagiaba. El frenazo mundial del 2020 fue algo parecido a una guerra, con la diferencia de que lo que separaba a las naciones no eran las trincheras enemigas, sino el peligro invisible y atemorizante del contagio.

Fue una fase de destrucción de fuerzas productivas, vale decir de las capacidades materiales y humanas de las sociedades para generar valor productivo, o “riqueza” como le denomina la economía convencional. Los gobiernos hablaron de esta fase destructiva como “decrecimiento”, lo que afectó directamente a las y los trabajadores que, si no quedaron cesantes, tuvieron que resignarse a disminuir sus ingresos o renunciar a parte de sus derechos laborales. Los más afectados fueron los sectores no asalariados, vale decir ese enorme segmento de población que genera autoempleo, que es cuentapropista y tiene una fuente de ingresos en el sector manufacturero, en el comercio o en los servicios, que varía día a día porque su inserción laboral es precaria e inestable. 

En prácticamente todos los países latinoamericanos, este sector de la economía –al que en México se le llama “economía social”, en Argentina “economía popular”, en Colombia “economía solidaria” y en Bolivia “economía comunitaria”- es generador neto de empleo/ingreso aunque no tanto de excedente económico.

En otras palabras es una especie de economía mercantil simple, en que sólo los productos del trabajo humano son mercancías, pero todavía no el propio trabajador; esto marca la diferencia con el sistema capitalista en que la mercancía más importante es la fuerza de trabajo humana. ¿Cuál la relación entre este capitalismo con aquéllas otras formas de producción? Es una relación de subordinación del más débil al más fuerte, siendo el sistema capitalista el que fija los precios y controla el mercado.

Las y los trabajadores latinoamericanos, pasada la pandemia, fueron recuperando lo que perdieron pero en un contexto en que nuestros países retoman el crecimiento económico con índices muy bajos. Según el informe titulado “Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe No. 28: hacia la creación de mejor empleo en la post pandemia”, elaborado de forma conjunta entre la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las proyecciones de crecimiento de toda la región apuntan a un modesto 1,2% en este año 2023. Es un escenario que aumentará la precariedad general del trabajo, que también va a sentir las tasas de inflación de precios relativamente altas de alimentos, combustibles y servicios.

El informe afirma que recién en este año se ha logrado volver a los indicadores laborales (tasa de desocupación, brechas de género, tasa de participación laboral, capacidad adquisitiva de salarios o ingresos) del año 2019. El informe llama la atención que el repunte ha sido mayor entre las mujeres que entre los hombres, lo mismo entre los jóvenes fue mayor que entre los adultos.

Los salarios reales se estancaron durante el año 2022, esto independientemente de la mejoría que significó en países como Brasil, México, Bolivia, Chile o Colombia el notable incremento de los salarios mínimos nacionales, que beneficiaron directamente a los trabajadores de menores ingresos pero también, de manera indirecta, tuvieron un efecto positivo en el sector social de la economía, al aumentar el circulante monetario y por tanto mejorar la capacidad de compra del conjunto de las y los trabajadores. Resalta el informe que esos aumentos de los salarios mínimos nacionales no sirven de mucho si es que no se mantiene el control sobre la inflación, citando el caso de Argentina que tuvo incrementos del 68% pero una inflación superior al 100%.

En cuanto a la denominada “informalidad” que es como la economía convencional denomina a los sectores sociales, solidarios, populares y comunitarios de la economía, el informe indica que en toda la región el año 2022 se mantuvo en el mismo nivel del 48% en el conjunto de las economías.