10/08/2023 (Ciudad de México). El miércoles 9 de agosto se celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en el estado de Chiapas. En un evento encabezado por el gobernador Rutilio Escandón Cárdenas se destacó que, en conjunto con el Gobierno Federal, el estado trabajaba en garantizar el bienestar y la justicia social para las comunidades indígenas. Este año, la conmemoración tuvo como consigna el “Reconocimiento a las culturas mayas ancestrales”.
El ánimo triunfalista con el que se llevó a cabo la celebración contrasta con las condiciones precarias en materia de derechos humanos que viven cotidianamente los pueblos indígenas de Chiapas, particularmente con el flagelo del desplazamiento forzado interno. Éste se encuentra arraigado en el territorio desde hace décadas, lo que lo hace complejo de desarticular.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha denunciado en múltiples ocasiones las violaciones a derechos humanos y agresiones de las cuales son víctimas los pueblos indígenas en el estado del sureste, dentro de las cuales, el desplazamiento forzado es una de las que más se ha acompañado por la violencia.
Justo hace un mes, el 9 de julio de 2023, el Centro Fray Bartolomé publicó su informe Chiapas, un desastre. Entre la violencia criminal y la complicidad del Estado, en el que documentaron el fenómeno del desplazamiento forzoso en la entidad. Según éste, de 2018 a 2022 se han documentado cerca de 3 500 personas que sufrieron desplazamiento forzoso permanente o intermitente en el municipio de Aldama y más de 5 mil en Chalchihuititán. De estos, 1500 permanecen en esta condición hasta el día de hoy.
En el informe, además, el Centro “Frayba” apunta que en la entidad se dan distintas modalidades de este fenómeno, y que una de las regiones más afectadas ha sido Los Altos de Chiapas, debido a la participación de grupos armados de corte paramilitar en municipios como Chalchihuitán, Chenalhó y Aldama. Asimismo, en otros municipios, como San Andrés Duraznal, los grupos armados que amenazan a la población están vinculados a los grandes grupos del crimen organizado.
Igualmente, la continuidad de una estrategia contrainsurgente en contra de los pueblos indígenas en resistencia ha traído violencia contra esta población históricamente vulnerable. Tal es el caso del Caracol 10 Patria Nueva, que se encuentra en el municipio de Ocosingo, en donde recientemente fueron desplazados 150 indígenas mediante el uso de la fuerza.
Por su parte, de acuerdo con el trabajo del Consejo Nacional de Población, Desplazamiento interno forzado en contextos indígenas, existen cuatro principales razones históricas por las cuales la población ha sido desplazada de su lugar de residencia, las cuales, en ocasiones, se articulan entre sí.
Durante los años ochenta y noventa, los principales casos se daban por razones de conflicto religioso. Durante los noventa se sumaron los desplazamientos vinculados al conflicto contra el movimiento zapatista, quienes han sufrido el embate de grupos paramilitares y del estado mexicano.
En la actualidad, no han desaparecido estas formas de desplazamiento y, de hecho, se han intensificado. Sin embargo, nuevas dinámicas se desarrollan en las cuales las poblaciones del estado han sido forzadas a dejar su lugar de residencia por la intervención de agentes externos que compiten por la explotación de recursos hídricos, forestales y minerales –, o directamente por grupos armados vinculados a los cárteles de la delincuencia organizada.
En contraste, el fenómeno ha sido abordado por las instituciones estatales desde hace tiempo. En 2012 fue promulgada la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas.
Por su parte, el gobierno actual instaló el 19 de diciembre de 2018 – a unos días de haber iniciado el mandato de Rutilio Escandón – el Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno que tenía como finalidad atender de manera efectiva e integral a las víctimas de este flagelo. Al respecto, el 31 de julio de este año, el gobierno chiapaneco señalaba que, a través del CEAIDI, se había atendido a 1 617 familias – que integran siete 7 431 personas – mediante “ayuda humanitaria”, que consistía en alimentos.
