El presidente Andrés Manuel López Obrador ha acusado de ineficientes y corruptos a distintos fiscales estatales. Señala que el Poder Judicial Federal los protege.
El día 2 de agosto de 2023, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el periodista Carlos Domínguez del medio Nación 14 mencionó el caso de la Fiscalía de Tamaulipas que, de acuerdo con él, se encuentra “secuestrada” por su titular Irving Barrios Mujica. Luego de ello, le preguntaría al presidente “¿Cómo avanzar en México ante tanta impunidad?”
Como respuesta, el presidente retomó un fenómeno relativo a las relaciones entre algunos gobiernos de alternancia política y los fiscales a nivel estatal que ha sido cada vez más frecuente durante su sexenio. De acuerdo con el presidente, los fiscales locales se han vuelto “intocables” y, bajo una apariencia de “autonomía”, se ha tendido a prolongar los periodos en los que permanecen en el cargo, incluso de manera transexenal. “Los nombraron por 10 años o 12 y son prácticamente inamovibles. Son intocables”, dijo el presidente.
Alguno de los varios gobiernos en donde ha ocurrido este fenómeno y que recientemente ha dado de qué hablar es el del fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, nombrado por el exgobernador perredista, Graco Ramírez, cuya administración ha estado señalada por irregularidades y lazos con la delincuencia organizada. En este caso, Carmona Gándara fue designado por un periodo de nueve años. Cabe aclarar que este periodo no se encuentra explícito en la Ley Orgánica de la Fiscalía de Morelos, sino sólo en el decreto mediante el cual se le designó.
Desde diciembre del año 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó desaforar al fiscal morelense, en concordancia con una denuncia del gobernador Cuauhtémoc Blanco. Asimismo, en mayo de 2021, el Congreso Federal resolvería que el Fiscal no contaba con “inmunidad procesal penal federal”. Finalmente, la FGR emitió una orden de aprehensión contra Uriel Carmona.
Sin embargo, el Congreso Estatal morelense impulsó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual se resolvió en favor del funcionario estatal este miércoles 12 de julio de 2023, invalidando el acuerdo realizado por el Congreso Federal en el que se apuntaba que no contaban con inmunidad. El argumento se centraba en que los fiscales locales sí cuentan con fuero y se requiere de un juicio político antes de ejecutar una orden de aprehensión en su contra.
No obstante, según el Gobierno Federal, la orden de aprehensión emitida por la FGR se desprende de la comisión de delitos del fuero común que fueron atraídos por la instancia federal ante los indicios de arbitrariedad y omisión en la aplicación de justicia por parte de la fiscalía de Carmona Gándara, y no existe cláusula relativa a delitos de este fuero.
El artículo 111, relativo a la inmunidad con la que cuentan los funcionarios públicos, señala que, aunque los titulares de los órganos estatales considerados “autónomos” – como las fiscalías – cuentan con ella, en efecto, solo se hace mención en aquellos casos en los cuales se proteja a los funcionarios de acciones legales derivadas de la comisión de delitos del fuero federal. Además, cabe aclarar que la ley señala que “las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y de Senadores son inatacables”, por lo que la SCJN no tendría facultad para ir en contra de la decisión del Congreso Federal.
Cabe recordar que uno de los principales escándalos en los que el fiscal morelense se vio envuelto fue el encubrimiento del presunto feminicida de Ariadna Fernanda en octubre de 2022. En aquel episodio, la Fiscalía General de la Ciudad de México acusó a la dependencia morelense de dar un veredicto sin sustento, el cual señalaba que Ariadna habría fallecido por intoxicación etílica. Sin embargo, la Fiscalía capitalina concluyó que la muerte había sido por un traumatismo craneoencefálico; al ocultarlo, se pone claramente en duda el trabajo de la Fiscalía morelense.
Ahora bien, los casos de Tamaulipas y Morelos no son aislados y tampoco son exclusivos de los gobiernos de MORENA. Apenas el mes de junio de 2023, el gobernador por Movimiento Ciudadano de Nuevo León, Samuel García, solicitó al presidente la remoción del fiscal en aquella entidad, Pedro Arce Jardón, debido a un supuesto “uso faccioso y político de sus capacidades”. El patrón se repite en otras entidades, como Veracruz, en la que el exfiscal Jorge Winckler Ortiz representó un obstáculo para el gobernador entrante, Cuitláhuac García. Actualmente, Winckler Ortiz se encuentra vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada y secuestro.
El problema de que la SCJN haya decidido que los titulares de las fiscalías locales sí cuentan con inmunidad federal es que se imposibilita cualquier acción penal en su contra debido a la inexistencia de una mayoría calificada en el Congreso federal que pueda quitarles el fuero y permitir su vinculación a proceso. Si le sumamos la tendencia de que los fiscales sean nombrados por periodos transexenales, no existe alternativa a que construyan cotos de poder en las entidades valiéndose de su cargo público, tendiendo a beneficiar a los exgobernadores que los nombraron y a los congresistas locales que les permitieron extender sus periodos. Una receta para la impunidad.
