17/7/2023 (Ciudad de México). El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este lunes que cuando reciba formalmente la notificación por parte del Instituto Nacional Electoral  para no hablar más sobre la senadora Xóchitl Gálvez cumplirá con lo que establece la ley, dejando claro su inconformidad con dicha resolución.

“Vamos a cumplir con todos los ordenamientos legales como siempre lo hacemos y con las decisiones en este caso de los organismos electorales, nada más que lo hacemos bajo protesta, porque es muy injusto el que el grupo de potentados que se sentían dueños de México, con todo su dinero, con sus medios de información, con sus intelectuales a sueldo, están lanzados en contra de nosotros y que las autoridades nos limiten nuestra libertad, la libertad de manifestación, de expresión, la libertad de réplica, el derecho a disentir”.


Esto a partir de que el presidente compartió información sobre dos empresas relacionadas con la senadora opositora, las cuales en nueve años obtuvieron contratos por alrededor de mil 400 millones de pesos, incluyendo la época en que Gálvez se desempeñó de 2015 a 2018 como Alcaldesa Delegacional.

Gálvez ha declarado que ampliará la denuncia contra el presidente, originalmente por violencia política de género,  ya que considera que se utiliza el aparato del Estado para investigarla. López Obrador respondió que no hace falta emplear al Estado para estos fines  ya que la información divulgada sobre las empresas de la senadora y los contratos suscritos son de dominio público.

“Como es la candidata de los potentados, del bloque conservador, de los corruptos pues, para que se entienda bien, de los que se habían dedicado a saquear México, tardaron más de tres décadas saqueando al país, robando a manos llenas y como se dio el cambio y se inició la transformación, están que no los calienta ni el sol… Y han echado a nadar una campaña en contra de nosotros, decía yo, única, sin precedente, algo que no se veía desde el tiempo en que la oligarquía y la prensa se lanzó en contra del presidente Madero hasta el golpe de estado, ahora son golpes mediáticos, pero influyen mucho” declaró el presidente.


En medio de este debate, legisladores, funcionarios públicos y académicos se han pronunciado sobre la controversia alrededor de los contratos firmados por las empresas de Gálvez con varias dependencias públicas, argumentando que con base a la normativa vigente la senadora pudo incurrir en conflicto de interés y cohecho. La ley establece que ningún funcionario público puede contratar servicios para el gobierno con empresas propias o de familiares hasta cuarto grado consanguíneo.

En primer lugar, la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México señala que incurrirá en cohecho “el servidor público que a través de sí mismo o por terceros obtenga un beneficio con motivo de sus funciones”.

En el Artículo 74, indica que al tratarse de una falta “grave” el plazo de prescripción será de siete años, contados a partir del día siguiente al que se hubieren cometido las infracciones, o a partir del momento en que hubieren cesado, por lo que no prescribiría aún en el caso de Xóchitl Gálvez.


Más adelante, en el  Artículo 78, establece como sanción la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, la cual podría extenderse hasta por 10 años.


Por su parte, el Código Penal Federal establece que comete delito en el ejercicio abusivo de sus funciones el servidor público cuando otorgue o realice cualquier acto que produzca beneficios económicos al propio servidor, a su cónyuge, descendiente o ascendiente, parientes por consanguinidad (padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, tíos, sobrinos y primos) o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte.

Cabe recordar que en 2019 la senadora por el PAN fue una de las que se pronunció para que la Ley General de Responsabilidades Administrativas fuera ampliada en su concepto de “conflicto de interés”, con el fin de evitar el encubrimiento de actos de corrupción con parejas sentimentales. En varias entrevistas, Xóchitl Gálvez no ha desmentido los contratos celebrados con su esposo, aunque en el documento compartido por el presidente López Obrador aparecen más familiares cercanos como representantes de las empresas High Tech Services y Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes.