El pasado jueves 8 de junio de 2023, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) su apoyo en la búsqueda por la destitución del fiscal en la entidad, Pedro Arce Jardón. El mandatario nuevoleonés acusó al fiscal estatal de hacer un “uso faccioso y político de sus capacidades”, y, en conjunto con Jorge Álvarez Máynez, coordinador de la bancada de MC en la Cámara de Diputados, presentó una demanda de juicio político contra el fiscal el 12 de junio.

La solicitud del jefe del ejecutivo nuevoleonense a AMLO se enmarca en un proceso largo de confrontaciones con el fiscal de aquella entidad. La cúspide de este conflicto ocurriría apenas un día antes, cuando agentes del Ministerio Público trataron de acceder a las oficinas de gobierno en la ciudad de Monterrey por órdenes del fiscal. El presidente, por su parte, respaldó la petición de Samuel García y criticó el poder que algunos fiscales estatales han obtenido durante los últimos años, señalando que, incluso, llegan a tener “más fuerza en los hechos que los gobernadores”. 

La tensión entre el fiscal y el titular del Ejecutivo en Nuevo Laredo ha sido un caso que ha trascendido tanto jurídica como mediáticamente; sin embargo, no ha sido el único ocurrido en las distintas entidades del país durante los últimos años. Precisamente, a raíz de una tendencia de reformas en los últimos años en la que se ha buscado una mayor autonomía de las fiscalías estatales, se han multiplicado las tensiones entre éstas y los distintos ejecutivos a nivel subnacional. 

El primer caso tendría como escenario la llegada de Cuitláhuac García Jiménez al gobierno de Veracruz, en 2018. Al inicio de su periodo, García Jiménez se vio envuelto en una serie de señalamientos y confrontaciones con el entonces fiscal de la entidad, Jorge Winckler Ortiz. Cuitláhuac García acusó a Winckler de negociar con cercanos al exgobernador Javier Duarte a cambio de impunidad por delitos tan graves como el de desaparición forzada. En esta acusación, el anterior gobernador del partido conservador, el Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel Yunes Linares, también sería señalado.

Las tensiones entre estos funcionarios tuvieron su desenlace luego de la matanza de Coatzacoalcos, municipio en el que, durante la noche del 27 de agosto de 2019, fueron ultimadas 29 personas en un bar mediante un ataque con armas de fuego y bombas molotov; además, varias personas resultaron heridas en aquel evento. 

Después de estos hechos, los congresistas del partido en el gobierno, Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), concretaron la destitución del fiscal Wincker, lo que habían estado intentando desde el inicio del periodo de Cuitláhuac García. A partir del cambio, el gobernador ha mantenido una relación pública más cercana con la nueva fiscal, Verónica Hernández Giadáns. 

Otro estado que se ha visto sumergido en el conflicto entre funcionarios es Tamaulipas. En este caso, las tensiones entre el ejecutivo y el fiscal se anunciaron incluso semanas antes de la llegada del gobernador morenista, Américo Villarreal. En septiembre de 2021, el congreso local, dominado mayoritariamente aún por los partidos opositores, “blindaron” al fiscal local, Irving Barrios Mojica, lo que implica que éste no podrá ser destituido de su cargo sino hasta 2027, con la posibilidad de extender su mandato hasta 2032. 

Sin embargo, desde el inicio del gobierno de Villarreal en Tamaulipas, distintos actores cercanos han denunciado las posibles irregularidades cometidas por el fiscal en el registro de delitos, así como sus posibles vínculos con la delincuencia organizada. De hecho, la especialista Guadalupe Correa Cabrera ha señalado que el gobernador panista saliente, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, buscó blindar a su fiscal justo antes de concluir su periodo pues, sabía, se desataría una persecución jurídica en su contra luego de llegado el nuevo gobierno. 

Hasta ahora, las reformas en las fiscalías estatales que otorgan una mayor autonomía a sus titulares han respondido a la expectativa de que ésta facilite la procuración de justicia a nivel local. Se cree que la única fuente de vinculación al poder existe entre los ejecutivos y los fiscales, pero se ignora el papel del resto de los funcionarios de las entidades, como los miembros de los congresos. 

Sin embargo, en algunos estados, como Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, esta autonomía se ha convertido en un verdadero dique para el actuar de los gobernadores y, según las propias palabras del presidente López Obrador, en una fuente de “chantaje” que favorece a los miembros de los congresos locales. Además, la autonomía adquirida tampoco se traduce en una mejora a la procuración de justicia, como puede verse en los ejemplos aquí descritos. 

En otros lugares, como Jalisco, algunos fiscales también mantienen un poder transexenal, a pesar del cambio del partido en el poder. Sin embargo, las tensiones no aparecen debido a que, aparentemente, gobernadores como Enrique Alfaro terminan adoptando por completo las reglas del juego prevalecientes en la entidad, lo que incluyen códigos de impunidad entre políticos, uso faccioso de las instituciones de procuración de justicia y protección a las organizaciones criminales locales. 

Se hace necesario, entonces, evaluar qué tanto el mecanismo para incrementar la autonomía de los fiscales no fomenta la construcción de redes aún más complejas de impunidad, en la que el fiscal deja de depender del jefe del ejecutivo a cambio de establecer nuevas complicidades con los miembros del congreso local y otros actores.