20/06/2023. Javier Laynez, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), propuso al pleno del máximo tribunal constitucional invalidar la totalidad de la segunda parte de la reforma electoral, mejor conocida como ‘Plan B’. El argumento es el mismo que el utilizado en mayo pasado para declarar inconstitucional la primera parte: múltiples violaciones al proceso legislativo. De ser aprobado su proyecto, votado el jueves próximo, propone que el proceso electoral federal de 2024 se celebre bajo el marco legal anterior.

Entre las supuestas violaciones argumentadas por el ministro Laynez  figuran que no se justificó el trámite urgente que se dio a la iniciativa de ley. Tampoco se distribuyó a tiempo la propuesta, por lo que los legisladores no pudieron estudiarla antes de su votación. Por último, que la versión publicada en la Gaceta Parlamentaria no corresponde con la que se discutió en las cámaras.

Este martes, durante su tradicional conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó al respecto que “ (…) no es nota. Los ministros están alineados en su mayoría al bloque conservador. Todo el poder judicial. Es un poder al servicio de una minoría. No están al servicio del pueblo. No se imparte justicia tomando como actor principal al pueblo. Es un poder al servicio de una élite política y económica. Por eso hace falta una reforma al poder judicial. Lo que se tiene que hacer es que el pueblo elija a los jueces, magistrados, ministros. Como se hizo en la época del presidente Juárez y cómo lo establecía la constitución liberal de 1857. Se elegían, eran electos.”

El mandatario no se mostró sorprendido con la voluntad, por parte de la mayoría de los ministros de la SCJN, de “tumbar” por completo el popularmente conocido como “Plan B”. La razón para López Obrador es muy obvia : “Cómo creen ustedes que van a dejar vigente esa ley si ahí se establece que nadie debe de ganar más que el presidente, como lo ordena la Constitución en el artículo 127. Y los ministros son los primeros que violan la constitución porque ganan tres, y hasta cuatro veces más que el presidente. Y tienen un fideicomiso de más de  20 mil millones de pesos para financiar todos sus excesos.”

El “Plan B”, cuya finalidad era entre otras abaratar el costo de las elecciones y prevenir el fraude en los comicios, fue aprobado en dos partes por el poder legislativo el pasado 22 de febrero de 2023. La primera parte incluyó la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y se aprobó el 7 de diciembre en la Cámara de Diputados. Mientras, la segunda parte se centró en modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,  la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.