El argumento de la defensa fue la edad avanzada y la enfermedad grave que padece el exfuncionario

05/04/2024 (Ciudad de México). Este jueves 4 de abril fue concedida la prisión domiciliaria al exprocurador General de la República Jesús Murillo Karam, acusado por los delitos de desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración pública. Esto derivado de su actuación en la construcción de la llamada “verdad histórica”, montaje que llevaron a cabo distintas autoridades en el desarrollo del caso de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.

Durante la tarde, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal ordenó modificar la medida cautelar que mantendría en prisión al exprocurador para que pueda concluir su proceso en su hogar o, en su defecto, en centros de salud o geriátricos. Al respecto, el exprocurador se mantiene en vigilancia médica desde julio de 2023, en la Torre Médica de Tepepan, debido al avance de su enfermedad.

Murillo Karam fue detenido en agosto de 2022, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) emitiera una orden de aprehensión en su contra. Esto ocurría en el contexto de la reciente publicación del Primer Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, coordinado por Alejandro Encinas como subsecretario de Derechos Humanos.

Con el Informe, se daría a conocer la efectiva participación del exprocurador en la construcción de la “verdad histórica” mediante la tortura de Felipe Rodríguez Salgado, presunto miembro de la organización Guerreros Unidos conocido como “El Cepillo” que habría participado en la desaparición de los normalistas. Con ello, el exprocurador habría buscado que el presunto delincuente declarara para respaldar la “Verdad histórica”, en la que buscaban que el caso se cerrara exclusivamente apuntando a las responsabilidades locales y omitiendo la posible participación de las instituciones federales.

El exprocurador fue internado en el Reclusorio Sur, en donde ha permanecido mientras espera su sentencia. La FGR solicitó para el exfuncionario el pago de una multa por un millón 792 mil pesos, así como una condena por 82 años de prisión, que se divide de la siguiente forma: 60 años por desaparición forzada, 12 por tortura y 10 por delitos contra la administración pública.

Sin embargo, su equipo de abogados interpuso la solicitud de que pudiera permanecer en su hogar en lo que concluye su proceso penal y se conoce la sentencia, argumentando que, debido a su edad de 75 años y a una “enfermedad grave”, el exprocurador tiene este derecho.

Luego de analizar la solicitud y el caso, el Tribunal Colegiado concluyó que, efectivamente, este derecho está respaldado en el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que indica que, en casos en donde el imputado tenga más de 70 años y padezca una enfermedad grave, puede permanecer en casa. Según el abogado que encabeza la defensa de Murillo Karam, José Javier López, no existe riesgo de fuga, aunque esperan medidas cautelares como el uso de un brazalete localizador, la entrega de pasaporte o una medida económica.

Cabe destacar que, desde el 3 de noviembre de 2023, el juez de control José Rivas González, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, otorgó al exprocurador el beneficio de la prisión domiciliaria y, sin embargo, su traslado no pudo ser concretado. Esto debido a que se consideró que prevalecía la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el delito de desaparición forzada. Luego de la solicitud de revisión por parte de la defensa, el Tribunal consideró que fue “un error” no haber cambiado la medida cautelar.

Debe aclararse que, si bien es un evidente beneficio para el exprocurador, la prisión domiciliaria no implica su inocencia o libertad, sino únicamente la modificación del lugar en donde se ejecute la medida cautelar. El caso aún no se cierra.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó en su conferencia matutina del 5 de abril la celeridad con la que el Poder Judicial Federal actuó frente a las solicitudes de la defensa de Murillo Karam, acusándolo de “influyentismo”: “Lo de ayer, que dejaron en libertad domiciliaria al exprocurador Murillo Karam, ahí si es rápido y expedito, pero cuantos miles hay sin sentencia, quien no tiene para comprar su inocencia, no tiene influencia, no tiene entrada en el Poder Judicial, nada más los de arriba [tienen] buenos despachos de abogados, fiscalistas, penalistas”, afirmó el primer mandatario mexicano.

Entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014, se conoció sobre la participación conjunta de grupos criminales con autoridades para desaparecer a los normalistas, considerados no sólo futuros maestros, sino activistas e históricos opositores a los gobiernos autoritarios en México. El caso causó una gran conmoción en la sociedad mexicana, por lo que las autoridades buscaron cerrarlo rápidamente para resolver una crisis política que se estaba gestando.

Sin embargo, la actuación arbitraria de las autoridades derivó en una mayor indignación, misma que provocó que el caso llegara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual ordenó la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). La investigación del GIEI permitió conocer no sólo la colusión entre autoridades locales y grupos criminales para la desaparición de los jóvenes, sino la posible participación en los hechos de instituciones de los tres niveles de gobierno, lo que incluye: la Policía Estatal, la Policía Federal Preventiva, la Procuraduría General de la República, la Marina y el Ejército mexicano.

La desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos resulta un caso paradigmático no sólo por la brutalidad y el alcance de las acciones, sino por el intento de múltiples instituciones y funcionarios del Estado mexicano de cerrar el caso de manera expedita, para lo cual violaron la ley y revictimizaron a los familiares de las víctimas.