15/03/2024 (Ciudad de México). La violencia política contra las mujeres en México se ha agudizado, por lo que en el marco del 8M, el Instituto Nacional Electoral y los partidos políticos firmaron un acuerdo para que se garanticen elecciones libres de violencia.
Sin embargo, este tipo de violencia ha presentado un aumento, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género ,en donde se registran 380 personas inscritas en este padrón, de las cuales han sido sancionadas 333: 66 mujeres y 267 hombres.
A nivel de entidad, Oaxaca es el estado que concentra mayores sanciones y le siguen Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.
Este tipo de violencia, que busca socavar la participación política-electoral de las mujeres, volvió a estar en el centro de la discusión luego que un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la sentencia impuesta a la periodista Denise Dresser por presunta violencia política de género en contra de la diputada morenista Andrea Chávez.
El argumento fue que los magistrados consideraron que se trató de una crítica periodística y no violencia de género. Fue el caso del magistrado Felipe de la Mata, quien argumentó su voto a favor del proyecto señalando que no se trataba de violencia política en razón de género en contra de Chávez, sino que se trató de un tema de libertad de expresión.
Pero, de acuerdo con ONU Mujeres, hay un aumento de este tipo de violencia y va de la mano con la tecnología y con, la cada vez mayor, presencia de las mujeres en la vida pública.
De acuerdo con dicha organización, 18 países ya cuentan con leyes de paridad y cuota de género, eso ha permitido que la región alcance 35.8% de parlamentarias. Sin embargo, según proyecciones de CEPAL, la paridad parlamentaria no se alcanzará en por lo menos 40 años. Y se estiman 130 años más para lograr la paridad de género en jefaturas de gobierno o jefas de Estado.
En el caso de América Latina, es una región pionera en lo que refiere a mujeres presidentas elegidas democráticamente, sin embargo, no ha sido suficiente. Y en este año es de gran relevancia porque según datos de ONU, más de 60 países celebrarán elecciones y cerca de mil 300 millones de mujeres votarán.
En México, este 2024 se renovarán más de 20 mil 700 cargos de elección popular. Además, de las 99 millones 023 mil 975 personas inscritas en la lista nominal, 51.9% son mujeres, por lo que son mayoría.
A pesar de ello, la violencia política contra las mujeres socava la participación de éstas y es tan amplia que puede incluir violencia digital, física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género quienes han vivido este tipo de violencia abarcan a mujeres de grupos originarios, personas de la comunidad LGBTIQ+, personas mayores y con discapacidad. Y entre quienes han perpetrado estas violencias están mujeres y hombres que ocupan cargos políticos, funcionarios, periodistas, empresarios y ciudadanos.
La violencia política contra mujeres se considera delito en cinco estados y en 18 entidades se contemplan en las leyes electorales, sin embargo, continúan ocurriendo debido a la permisividad, tal como en el caso de Dresser, cuya violencia puede disfrazarse de libertad de expresión.
ONU Mujeres señala que 84% de las mujeres ministras en el mundo lideran agendas de gualdad o de políticas relacionadas con la familia, la niñez, cultura o asuntos sociales. Mientras que hombres continúan en cargos para liderar la Defensa, Economía o Energía.
“Tan solo el 20% de las mujeres se encargan de Justicia; el 14% de industria; el 12% de defensa; y alrededor del 8% de transporte”, señala Marta Val, integrante del Equipo de Participación Política de ONU Mujeres en entrevista con un medio europeo.
En México, a pesar de los avances en la paridad de género, logrados durante la administración de la Cuarta Transformación, todavía existen retos y desafíos, por ejemplo, existe la normativa de ‘8 por 8’, en donde se contempla la violencia política contra las mujeres y en donde se pueden cancelar candidaturas en caso de incurrir en estos supuestos, de acuerdo al INE.
