En conjunto con otros funcionarios habrían ocultado el destino de, al menos, 500 millones de pesos que debían ser dirigidos a la institución educativa
21/02/2024 (Ciudad de México). El martes 20 de febrero la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) hizo pública la denuncia que presentó ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) en contra del exgobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por la omisión dolosa en la entrega de 500 millones 915 mil pesos, así como otras irregularidades, incluyendo el pago a sobreprecio de un inmueble.
Por medio de una conferencia de prensa, el abogado de la institución educativa, Jorge Carlos Mora García, informó sobre la denuncia en contra del exgobernador y otros funcionarios públicos, incluyendo al exrector de la UAT, Guillermo Mendoza Cavazos, al exsecretario general del gobierno de Tamaulipas, Gerardo Peña Flores, y el exsecretario de Administración del estado, Jesús Alberto Salazar Anzaldúa. Al exgobernador por el Partido Acción Nacional (PAN) y a los funcionarios se les acusa de ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades.
El exgobernador y el resto de los funcionarios habrían ocultado el uso y destino final de los recursos que debían ser entregados a la universidad según un convenio entre la Secretaría de Educación Pública (SEP), el gobierno del estado y la UAT firmado en 2016. El convenio implicaba la entrega de subsidios, tanto del gobierno federal como del estatal, siendo de este último rubro del cual fue omitida la entrega de recursos.
Por su parte, el sobreprecio en el pago de un inmueble fue por un predio en Reynosa que se cedería a la UAT a cuenta de una deuda pendiente que el gobierno del estado mantenía con la universidad. El precio real del inmueble ascendía a 13 millones, según un avalúo que acompañó la denuncia, mientras la compra final tuvo un costo de 187 millones de pesos, 174 millones de pesos de diferencia. El destino del inmueble sería un nuevo campus universitario.
El abogado de la UAT presentó un informé de la Auditoría Superior de la Federación en la que se indicaba la entrega de 1,190 millones 355 mil pesos por parte del gobierno estatal. Sin embargo, en el convenio estatal se estipulaban 1 650 millones 739 mil pesos, por lo que las irregularidades podrían ascender a más de 500 millones, contemplando también el desfalco por medio del sobreprecio destinado al inmueble.
El abogado denunció que la omisión en la entrega del presupuesto “implica un daño patrimonial particularmente importante, porque muchas de las funciones que la Universidad tiene encomendadas no pueden ser realizadas en virtud de la carencia de estos recursos”.
La denuncia realizada por la UAT representa la última en contra del exgobernador de Tamaulipas, quien también ha sido acusado en otras ocasiones de cometer delitos favorecido por su posición como funcionario.
Apenas el pasado 17 de febrero, un juez federal giró una nueva orden de aprehensión en contra del exgobernador a petición de la Fiscalía General de la República por los delitos de lavado de dinero, operación con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Esto después de que, mediante un amparo, la jueza federal de distrito, Adriana Yolanda Vega Marroquín, hubiera invalidado otra orden en contra del exgobernador en diciembre de 2023.
Además, cuenta con un total de 52 carpetas de investigación abiertas por la FGJET, a la cual se sumaría la iniciada mediante la denuncia de la UAT. Entre otros delitos, en estas denuncias se le acusa por el uso de empresas fachada para la compra de inmuebles con dinero público en Reynosa y Soto la Marina, Tamaulipas, así como en las ciudades de Mission y McAllen, Texas.
Actualmente, el exgobernador panista se encuentra autoexiliado en Texas, Estados Unidos, y forma parte de la lista de candidatos a diputados federales por su partido, encontrándose en el tercer lugar. Al respecto, es necesario resaltar que su candidatura también estuvo en cuestionamiento debido a que el notario público Francisco Garza Treviño lo denunció por la expedición de una carta poder apócrifa que le permitiría respaldar legalmente su residencia en Reynosa, lo que a su vez le facultaría para formar parte de la lista de candidatos a diputaciones plurinominales.
