22/12/2023 (Ciudad de México). El pasado 20 de diciembre se cumplieron cinco años de la instauración de la Fiscalía General de la República (FGR), con la cual se pretendió reformar el órgano encargado de la investigación criminal. Como parte de la reforma, se incluía el dotar de una verdadera autonomía a la institución, además de integrar medidas para la correcta impartición de justicia.
En el contexto de este aniversario se llevó a cabo la Reunión Nacional Delegacional, en donde convergen todos los jefes de las 32 delegaciones estatales de la FGR, además de los mandos más importantes. Esta fue presidida por el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien presumió una reducción del 97.7 en el rezago de las investigaciones existentes en 2023. Recordó, además, que, en el año 2019, a tan solo un año del inicio de su gestión, se había logrado sólo una reducción de 31.8% en ese rezago.
Más allá de este dato – que debe también cotejarse con las sentencias condenatorias–, sobre el fiscal Gertz Manero existía una expectativa de que participara militantemente en la cruzada contra la corrupción encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo habría nombrado. En ese sentido, conviene hacer un balance de los casos más relevantes en esta materia, considerando sobre todo que aún restan 4 años a su gestión al frente de la FGR.
Quizás el caso que tiene más posibilidades de redituar para la institución sea el de Genaro García Luna, sobre todo luego de que éste fuera declarado culpable por una corte de Nueva York, Estados Unidos, por cinco delitos federales, incluyendo tráfico transnacional de drogas y lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
El caso que está llevando a cabo la FGR en México tiene otras razones, aunque no menos cuestionables. Se trata de un esquema mediante empresas fantasmas de lavado de dinero derivado del desvío de más de 700 millones de dólares. Este desvío de recursos se relaciona ampliamente, aunque no de manera exclusiva, con el impulso de la construcción de centros federales privatizados.
Respecto al caso, recientemente se detuvo a Gloria García Luna, hermana del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, así como a su sobrino. Además, existen cerca de 60 órdenes de aprehensión contra funcionarios públicos cercanos a García Luna y familiares. Una carpeta de investigación se encuentra abierta en contra de la pareja del exfuncionario, Cristina Pereyra; sin embargo, el Poder Judicial Federal (PJF) la ha protegido mediante la concesión de un amparo que ordenaba descongelar sus cuentas bancarias a tan sólo unas horas de que su marido fuera declarado culpable en Estados Unidos, así como la admisión de otra demanda de amparo que, hasta el momento, ha impedido la acción penal en su contra.
Otro de los casos emblemáticos es el de Agronitrogenados, por el que se ha acusado a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX) con Enrique Peña como presidente, de haber recibido sobornos para favorecer las empresas de Alonso Ancira, quien actualmente ha regresado 100 millones de dólares como parte de la reparación del daño contra el Estado mexicano.
En este caso, ante la falta de avances en la investigación, Emilio Lozoya dejó de fungir como testigo protegido y la FGR decidió proceder nuevamente en su contra, lo que incluyó el decomiso de algunas propiedades. Sin embargo, el último capítulo de esta trama fue la negación de la FGR y la decisión de impugnar la resolución de una jueza del (PJF) de devolverle una propiedad por el valor de 38 millones de pesos, la cual calificó de “inaceptable”.
Otro caso sumamente mediático ha sido el de Rosario Robles, el cual concluyó en un fracaso para la FGR en favor de la exsecretaria de Desarrollo Social por el escándalo de la llamada “estafa maestra”. Ésta representó un esquema de desvío de recursos provenientes de los programas sociales mediante empresas fantasmas por cerca de 5 mil millones de pesos.
En este caso, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito desechó la última arma con la que contaba la FGR, una apelación en contra de la decisión de un juez federal que absolvía a la exsecretaria de todo delito del que se le acusaba debido a que determinó que la FGR no contaba con razón en 20 argumentos presentados.
Finalmente, deben recordarse las deudas relativas a dos casos paradigmáticos del pasado heredados de las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Se trata de los casos de Israel Vallarta y el de Ayotzinapa. El primero detenido por una trama que ha permitido que se le impute injustamente por más de un delito, lo que ha impedido su salida de prisión a pesar de la amnistía del presidente López Obrador y de no contar con sentencia desde hace 16 años. El segundo, sin claridad sobre la razón de una falta de avances y con acusaciones encontradas entre distintos espacios del Estado, sin que hasta la fecha los padres cuenten con claridad sobre qué pasó con sus hijos.
