La solicitud ocurre luego de una serie de actos revictimizantes por parte de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes y otras autoridades.
17/11/2023 (Ciudad de México). Este jueves 16 de noviembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado mexicano a investigar con perspectiva de género el caso del homicidio doble del magistrade del Tribunal Electoral del Estado, Ociel Baena, y de su pareja, Daniel Nieves, quienes fueron hallados el pasado lunes 13 de noviembre. La solicitud del organismo internacional ocurre luego de una serie de actos por parte de funcionarios públicos y otros actores que les revictimizan, al favorecer la negación del derecho a la justicia por las autoridades competentes.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes (FGEA) abrió una carpeta de investigación contra quien resulte responsable de la filtración de la información relacionada con el caso del asesinato del magistrade y de su pareja. Particularmente, se ha denunciado la filtración de las fotografías de la supuesta escena del crimen a tan sólo unas horas de haberles encontrado sin vida, cuando el personal de las distintas corporaciones de gobierno permanecía aún en el lugar. De tal suerte, resulta difícil argumentar que un actor ajeno a las corporaciones haya filtrado esta información.
Asimismo, otra filtración denunciada fue la del acta de defunción de le magistrade, en la cual se incluye el motivo de la muerte “herida producida por instrumento cortante lacerante de cuello”. Estas filtraciones no resultan casuales, considerando que favorecen la versión de las autoridades, misma que ha sido cuestionada tanto por la comunidad LGBTIQ+, como por gran parte de la población en general.
Al respecto, la familia de Ociel señaló claramente que no confían en la versión de la fiscalía y solicitaron a la población hacer lo mismo. Y es que, más allá del móvil detrás de la muerte, existen varios indicios que nos permiten considerar que la FGEA ha implementado una estrategia mediática para que una conclusión exprés del caso sea bien recibida por la opinión pública.
El primer punto es que el fiscal estatal, Jesús Figueroa Ortega, dio entrevistas en los medios corporativos en horarios estelares durante los días posteriores al hallazgo de los cuerpos, repitiendo una y otra vez la hipótesis del homicidio “pasional” por parte de la pareja y posterior suicidio, a pesar de no haber concluido la investigación.
Además, en varios de los espacios estelares de los medios corporativos se presenta la información de tal forma que favorezca la versión de la FGEA, con la expectativa de que el prejuicio moral que suele haber hacia las poblaciones LGBTIQ+ favorezca su aceptación. Así, por ejemplo, en las últimas horas se han filtrado los videos de la pareja en los que, supuestamente, se muestran “distantes”, lo que explicaría un supuesto “sentimiento de rencor“, el cual se convertiría en un mortal arranque – ¡con navajas de afeitar! –una vez que llegaran a su casa.
Un dato que parece haberse difundido también con este objetivo sería el de la prueba positiva en metanfetaminas que habría presentado la pareja del magistrade, Dorian Daniel. Igual que en el anterior punto, en este caso se recurre a información que favorezca la recepción de quienes tienen un juicio frente a la población LGBTQI+, que desde morales conservadoras suele relacionarlas con el exceso y la “locura” desde un punto de vista despectivo. Sin embargo, aunque fuera cierta esta información, el consumo de sustancias psicoactivas o la posible pelea entre una pareja parecen motivos insuficientes para seguir apuntando a la hipótesis de la FGEA.
Igualmente, el fiscal local ha repetido constantemente que parte de la evidencia que apuntaría a su hipótesis es que en el video del fraccionamiento en el que vivía le magistrade no se habría registrado la llegada de un vehículo a la entrada de la vivienda. Sin embargo, la cámara sólo apunta a la calle frente al domicilio de le magistrade, por lo que lo único que se podría concluir con él es que no se estacionó otro vehículo además del de las víctimas frente al lugar de los hechos, no que no podría haber ingresado un tercero a su domicilio.
Aunado a ello, en algún punto, las versiones que se han difundido parecen contradecirse en detalles claves a los cuales habrían tenido acceso desde un inicio las autoridades, de ser cierta su versión. Así, el secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, Manuel Alonso García, dio una entrevista durante la mañana del lunes, a tan sólo unas horas que se habían hallado los cuerpos. En ella afirmó que se había tratado de una agresión mutua y que habrían hallado navajas de afeitar en las manos de le magistrade. Sin embargo, durante el transcurso de las horas, esta versión se cambió y se afirmó que sería Daniel, la pareja de Ociel, quien llevó a cabo el asesinato y posterior suicidio.
Este tipo de cambio en las declaraciones podría ser motivada más por una táctica conocida como “control de daños” que por los avances en la investigación. El control de daños consiste en matizar el impacto negativo en la opinión pública de figuras públicas luego dehaber realizado determinada acción o declaración observada como negativa por parte de la población.
De esta manera, se buscaría matizar la revictimización que la FGE y la Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes (SSPA), entre otras autoridades, están ejerciendo encontra le magistrade, luego de observar el impacto mediático negativo que provocó su versión inverosímil favorecido por haber sido un ícono del activismo de la comunidad LGBTIQ+.
Por último, debe resaltarse la omisión completa dentro de la investigación de que le magistrade habría recibido amenazas por su activismo durante meses, lo cual habría sido del conocimiento del fiscal, pues ya le habría brindado medidas cautelares. Esto fue reconocido por el propio fiscal en los medios; además, también ha insistido en todas las ocasiones en las que ha tenido oportunidad en que el caso se investigará con “perspectiva de género”.
A pesar de ello, todo parece apuntar a que las autoridades han buscado acelerar el cierre del caso mediante la difusión de información que favorezca su versión. A ello hay que agregar que la difusión de detalles sobre casos que aún no han sido cerrados parece ser una práctica constante realizada por la fiscalía local. En un hilo de la usuaria @Monica_Cerbón, describe cómo la fiscalía suele adelantarse en la difusión de versiones sobre los casos que favorezcan su cierre, como con el feminicidio de Cynthia Nataly, en enero de este año, o con la caída del helicóptero en el que viajaba el secretario de Seguridad del estado, Porfirio Sánchez, ocurrida en noviembre del año pasado.
