01/11/2023 (Ciudad de México). De la inicial estupefacción causada por el ataque utilizando métodos terroristas de la milicia islamista radical Hamás en el sur de Israel, las opiniones públicas internacionales fueron pasando a la indignación colectiva, a la ira social que trascendió fronteras culturales y lingüísticas, al observar la magnitud de la represalia israelí en forma de castigo colectivo contra todo el pueblo palestino. A diario recorren el mundo cada vez más duras imágenes de la barbarie desatada en la Franja de Gaza por las fuerzas armadas de Israel, que dejan enorme cantidad de civiles fallecidos. Al respecto, cito por su importancia la declaración publicada en el medio argentino Clarín, de la Directora Ejecutiva de la UNICEF, la estadounidense Catherine Russell, que dijo: “De una cifra total que supera las 8.000 víctimas fatales, el saldo incluye más de 3.400 niños muertos y al menos otros 6.300 heridos. Esto significa que más de 420 niños mueren o resultan heridos a diario en Gaza, una cifra que debería estremecernos a todos hasta lo más profundo. Esto rebasa el número de niños muertos anualmente en todas las zonas de conflicto a nivel mundial desde 2019. Esto no puede ser ‘daño colateral’”.
Semejante tragedia humanitaria por supuesto que explica que varios gobiernos en América Latina tomen posiciones cada vez más abiertamente favorables a quienes son víctimas inocentes de una operación militar con naturaleza de genocidio. En primer lugar el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que se adelantó a todos cuando en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 19 de septiembre, pronunció un vibrante discurso en el que planteó al mundo la necesidad de parar la guerra en Ucrania y evitar otra guerra en Palestina. Su propuesta de realizar dos conferencias mundiales por la Paz por Ucrania y Palestina, logró simpatía internacional. A pocos días de ese acontecimiento estalló la matanza en Cercano Oriente llevando a la hecatombe actual, frente a la que Petro escribió: “Ya estuve en el campo de concentración de Auschwitz y ahora lo veo calcado en Gaza”. El gobierno de Israel inmediatamente convocó a Margarita Manjarrez, embajadora de Colombia, con fines de amedrentamiento. Petro respondió desafiante: “Colombia no apoyará genocidios y si hay que suspender relaciones exteriores con Israel por este motivo, las suspendemos”. Ahora, que se conoció de un nuevo bombardeo contra el campo de refugiados de Jabaliya en las afueras de Gaza, donde murieron 145 personas y centenares resultaron heridas, el gobierno colombiano ha convocado a Bogotá a su representante diplomática en Tel Aviv.
Lo mismo ha hecho Chile, cuyo presidente Gabriel Boric escribió en su cuenta personal: “Ante las inaceptables violaciones del Derecho Internacional Humanitario en que ha incurrido Israel en la franja de Gaza, como gobierno de Chile hemos resuelto llamar en consultas a Santiago al embajador de Chile en Israel, Jorge Carvajal”.
Aún más lejos llegó Bolivia, cuyo gobierno es el primero en América Latina en romper con Israel. En la ciudad de La Paz, la cancillería informó que “El Estado de Bolivia ha tomado la determinación de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza”. El gobierno presidido por Luis Arce también ha exigido el inmediato cese de los ataques contra el pueblo palestino, a la vez que rechazó el hostil trato a los responsables de las organizaciones internacionales encargadas de otorgar la ayuda humanitaria en Gaza.
Una orientación profundamente solidaria con el pueblo palestino y humanista frente a los hechos en Cercano Oriente, fue defendida por el presidente Lula da Silva, que ayer en un acto de promulgación de una ley favorable a niños brasileños dijo: “estamos viendo por primera vez una guerra en la que la mayoría de los muertos son niños. Y nadie tiene responsabilidad, y no podemos hacer una carta de la ONU convenciendo a la gente que está ganando que no es posible. ¡Alto! ¡Por el amor de Dios, paren!”.
