20/10/2023 (Ciudad de México). Este martes 17 de octubre fue asesinado el dirigente Na Savi y fundador de la Unión de los Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, en Chilpancingo Guerrero. Alrededor de las 5 pm, mientras ingresaba a las instalaciones de la Secretaría de Salud en Chilpancingo, el líder fue víctima de un ataque con armas de fuego en el que también falleció un acompañante que fungía como escolta y chofer de Plácido Valerio.
Bruno Plácido llevaba meses denunciando la presencia de los grupos criminales en la región de la Costa Chica en donde la UPOEG operaba. Particularmente, señalaba a la organización criminal Los Ardillos, quienes ya habrían emprendido ataques armados en contra de la organización comunitaria guerrerense, incluso, con víctimas mortales.
La UPOEG surge en 2011 como el resultado de una fractura entre varios líderes de la antigua Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), la organización detrás de la coalición de Policías Comunitarias existente en parte de la Montaña y la Costa Chica guerrerense.
La escisión se generó luego de que algunos líderes comunitarios –entre ellos, Bruno Plácido– impulsaran un modelo de autodefensas que realizaba operativos de manera autónoma a la CRAC, lo que generó un distanciamiento primero y, posteriormente, una ruptura definitiva. La especialista Pilar Godínez señaló a De Raíz Media que la escisión también se fomentó por una cercanía del grupo de Plácido Valerio con el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, lo que generó sospechas en los líderes de la CRAC.
Por su parte, la CRAC surgió en 1995 como una alternativa a la ausencia u omisión de corporaciones del Estado que permitían la reproducción de asaltos en transporte colectivo, así como de violaciones y otras vejaciones de delincuentes operando en esta región. Paulatinamente, se transformó en un sistema de justicia que se regía por usos y costumbres o derecho consuetudinario, ya que la mayoría de la población en donde se encuentran estas policías comunitarias es de origen indígena.
Como sistema de justicia, tenía la facultad de judicializar delitos, aunque también recurriendo al derecho consuetudinario. En la mayoría de las ocasiones, se han aplicado penas que contemplan la reparación del daño, el trabajo comunitario y la reeducación, aunque igualmente se recurre a la privación de la libertad para delitos graves o reincidentes.
Para participar en la policía comunitaria se utiliza el sistema de tequio, en el cual todos los hombres mayores de edad que estén en condiciones están obligados a servir por un periodo a las guardias. Debido a ello, fue relativamente difícil que las organizaciones criminales las cooptaran, ya que existe un vínculo comunitario que favorece que las guardias contemplen a sus comunidades en sus labores de vigilancia, además de que la mayoría de los cargos son rotativos.
La relación con el Estado mexicano ha sido ambigua. A pesar de tener reconocimiento legal – respaldado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –, tanto el gobierno de Felipe Calderón, como el de Enrique Peña Nieto, mantuvieron una campaña de desprestigio e, incluso, de intimidación armada, que se combinó con el interés de las organizaciones criminales de desplazar a la población.
Por su parte, aunque el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador no parece interesado en reprimir a las comunidades que mantienen un sistema alternativo de justicia, se ha posicionado en contra de las organizaciones armadas de autodefensas y policías comunitarias. Además, las condiciones de violencia y criminalidad apuntan a que las organizaciones delincuenciales tienen protección de autoridades operando a nivel local, lo cual fue denunciado en múltiples ocasiones por el propio Bruno Plácido.
En la actualidad, ambas fracciones de las policías comunitarias, la UPOEG y la CRAC-PC, se encuentran muy mermadas por los embates de la delincuencia organizada y la omisión gubernamental. Aún así, la CRAC se mantiene activa en comunidades de cinco municipios: San Luis Acatlán, Malinaltepec, Metlatónoc, Ayutla de los Libres y Acatepec. Por su parte, la UPOEG mantiene presencia principalmente en la región de la Costa Chica.
A pesar de las diferencias, las cinco casas de Justicia de la CRAC se pronunciaron en contra del asesinato de su antiguo compañero, Plácido Valerio, calificándolo como un “cobarde crimen” y demandaron la intervención de las autoridades para resolver el caso y llevar a los culpables ante la justicia.
Por su parte, cerca de dos mil personas acudieron al sepelio del líder comunitario, el cual se llevó a cabo este jueves en la comunidad de Buenavista, del municipio de San Luis Acatlán, en la Costa Chica. En el lugar, líderes comunitarios denunciaron la colusión de las autoridades con las organizaciones criminales, además de gritar consignas como “¡Viva Bruno! ¡Muera el mal gobierno!”.
