19/10/2023 (Ciudad de México). El 31 de octubre de 2022, al día siguiente del triunfo en las urnas con casi el 52% de Luiz Inácio Lula da Silva frente a Jair Bolsonaro, que obtuvo el 48%, comenzó la escalada de protestas violentas de partidarios de extrema derecha. Brasil no vivió una transición normal, de un gobierno saliente a otro electo; fue una verdadera crisis política que puso al límite el régimen democrático. Bolsonaro había echado a andar una campaña –en base a mentiras propagadas mediáticamente y por redes sociales- que intentaba mostrar al poder electoral brasileño como desconfiable y hasta corrupto, fabricando una imagen de la República en peligro, afirmando que la culpa la tenía la izquierda representada por Lula.
Al hablar de peligro e “impasse”, el mandatario ya de salida, se estaba refiriendo a que los resultados de las urnas no eran definitivos, que podían y debían ser impugnados no sólo ante las cortes electorales sino en las calles. Aplicó la misma estrategia que Donald Trump intentó dos años antes, el 2020, luego de ser derrotado por el demócrata Joseph Biden. Recordemos que Trump, de una manera velada pero metódica, fue preparando y alentando la toma del Capitolio en Washington, que sus seguidores ultraconservadores efectuaron el miércoles 6 de enero de 2021.
Bolsonaro hizo exactamente lo mismo. Fue preparando entre noviembre y diciembre del año pasado a grupos de partidarios suyos que, en varios lugares del Brasil, realizaban cortes de carreteras y plantones frente a los cuarteles, pidiendo que el ejército salga a poner orden y restituya la convivencia republicana que, justamente ellos con sus protestas, estaban crispando.
En la madrugada del domingo 8 de enero de 2021, respondiendo a instrucciones que llegaron desde mandos militares y políticos, varias caravanas de vehículos llenos de bolsonaristas arribaron a Brasilia, la capital federal, concentrándose en las explanadas cerca de los edificios gubernamentales. De allí marcharon hacia el Palacio de Planalto (sede del ejecutivo federal), el Palacio Nereu Ramos (sede del Congreso) y el edificio del Supremo Tribunal de Justicia. Las 1.500 personas que estaban en la “Plaza de los Tres Poderes” rápidamente pudieron ingresar y vandalizar esos edificios durante más de dos horas. Les facilitó las cosas que los policías encargados de resguardar las instalaciones, actuaron con calculada negligencia.
El presidente Lula da Silva, que había tomado posesión del cargo una semana antes, ordenó a la policía montada que recupere la propiedad pública, lo que se hizo deteniendo a centenares de personas. Así acabó ese intento de golpe de Estado.
Han pasado nueves meses y ayer, una Comisión del Congreso, de carácter multipartidaria y plenipotenciaria, que trabajó durante cinco meses investigando los hechos, a base de muchas comparecencias y declaraciones de gente implicada, aprobó su informe por holgada mayoría de 20 votos a favor y 11 en contra. El informe concluye que la toma violenta de los poderes públicos fue un intento de golpe de Estado, que contó con la participación de civiles y uniformados, cuyo objetivo era acabar con la presidencia democrática de Lula da Silva, forzando la convocatoria ilegal de nuevas elecciones bajo un inconstitucional gobierno de transición por emergencia nacional.
La Comisión concluye que el ex presidente Jair Bolsonaro fue el mentor intelectual, por lo que debe procesado por cuatro delitos: golpe de Estado, abolición violenta del Estado de derecho, violencia política y asociación criminal. Esos graves cargos conllevan, en un proceso judicial que debe iniciarse por mandato congresal, que el ex presidente enfrenta la posibilidad de ser condenado a 29 años de cárcel. El informe también acusa de golpistas a 60 personas, entre las que están cinco ex ministros, ex comandantes de la Marina y del Ejército, veinte militares y una diputada federal.
La presidenta de la Comisión y relatora del informe, Eliziane Gama, una periodista y diputada de izquierda del norteño Estado de Maranhao, tuvo que salir escoltada de la Cámara congresal, por las amenazas y presiones que recibió antes de la Conferencia de Prensa donde hizo público el informe, con todas sus implicaciones legales.
Ahora corre el tiempo para el juzgamiento de Jair Bolsonaro, que cada vez tiene menos margen para preservar su propia impunidad.
