12/10/2023 (Ciudad de México). Bernardo Arévalo es un activista de la lucha contra la corrupción, moderado en sus planteamientos políticos, sumamente identificado con el anhelo popular de justicia social a partir del legado de su padre, Juan José Arévalo, que es considerado el primer presidente electo por la libre voluntad del pueblo en las urnas y que gobernó desde 1945 hasta 1951, aplicando medidas de avanzada como la creación del sistema de seguridad social.
Arévalo es conductor del “Movimiento Semilla” que fundó el 2015, un movimiento político compuesto mayoritariamente por profesionales urbanos, que logró un triunfo aplastante en el balotaje presidencial del 20 de agosto, alcanzando un 58% de los votos, frente al 37% de Sandra Tórrez. Se convirtió así en presidente electo, aunque todavía no en funciones pues su posesión recién será el 14 de enero de 2024. Son largos cuatro meses en los que pueden pasar muchas cosas.
Y están pasando. La Fiscalía General, cuya titular es Consuelo Porras, una abogada a la que designó en el cargo el expresidente Jimmy Morales en 2018, y que fue ratificada el 2022 por el actual presidente Alejandro Giammattei, autorizó que el fiscal Rafael Curruchiche, que ha tenido a su cargo procesar varias denuncias contra el presidente Giammattei que fueron encajonadas. Este fiscal es señalado como la persona que se encarga de las persecuciones penales contra periodistas críticos, como es el caso del prestigioso comunicador José Rubén Zamora, al que se remitió a la cárcel en un proceso judicial muy cuestionado por la opinión pública.
Curruchiche, incluido el 2022 en Estados Unidos en la “Lista Engel” de funcionarios con altas sospechas de corrupción y enriquecimiento ilícito, presentó contra el Movimiento Semilla una denuncia por supuesta falsificación de nombres al momento de presentar sus listas de 5.000 de adherentes para obtener la personería jurídica el año 2018. El fiscal, con ayuda policial, ha realizado dos allanamientos a la sede del Tribunal Supremo Electoral, en acciones que tienen por objetivo cancelar al partido de Arévalo y, de esa forma, impedir que asuma la presidencia nacional. La batalla jurídica llegó hasta la Corte de Constitucionalidad, cuyo último fallo sobre este tema ordenó garantizar la transición gubernamental al nuevo presidente. Estas disputas entre poderes judicial, electoral y constitucional están generando una crisis de gobernabilidad.
Ante los intentos de desconocer la victoria de Arévalo, la reacción indígena (en Guatemala los pueblos indígenas y originarios son el 43% de la población) no se hizo esperar. Desde el 1 de octubre comenzaron las protestas, con la paulatina instalación de 133 puntos de bloqueo en las carreteras y 23 cortes en avenidas de ciudad de Guatemala en los que se plegaron a la protesta sectores populares urbanos. La movilización social es en defensa de la soberanía popular y del legítimo triunfo de Bernardo Arévalo, por lo que se exige la renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras, del fiscal Curruchiche e incluso del juez Freddy Orellana, que es el que otorga las órdenes judiciales con las que actúa la fiscalía. En algunos de los puntos de bloqueo, donde se realizan asambleas de manifestantes, los medios de comunicación reportan que se estarían planteando ideas como que se adelante la investidura presidencial o que se convoque a una Asamblea Constituyente al mismo tiempo que Arévalo asume como primer mandatario.
Varios intentos de las fuerzas policiales por reprimir las protestas no lograron despejar los bloqueos en las carreteras, tampoco normalizar la situación en la capital. El presidente Giammattei en cadena nacional señaló a Arévalo como el incitador del conflicto instándolo a declarar una tregua e instalar el diálogo, a lo que el presidente electo respondió rodeado de manifestantes en las calles, que ha sido un insulto para el pueblo guatemalteco el silencio de Palacio Nacional frente a las ilegalidades cometidas por algunos fiscales, además que la solución ahora depende del actual gobierno y es que pida la inmediata renuncia de la Fiscal General, cuyas acciones amenazan el Estado de derecho. En cuanto al diálogo propuesto, Arévalo afirmó que debe darse con los sectores sociales que lo único que están haciendo es defender pacíficamente la democracia.
