El documento tiene la intención de ofrecer una narración coherente que permita identificar posibles móviles, modus operandi y responsables del delito de la desaparición forzada en contra de los 43 jóvenes estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.
27/09/2023 (Ciudad de México). El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, presentó el informe “Ayotzinapa: narrativa de los hechos de acuerdo con la investigación realizada”. Fue elaborado con fuentes de distintas instituciones, dentro de las cuales destacan la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Grupo Interamericano de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CNDH), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI, antes CISEN), la Fiscalía Estatal de Guerrero, la Fiscalía General de la República (FGR), la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), entre otras.
El documento inicia con una contextualización del estado de Guerrero, apuntando que se trata de una “zona estratégica para el trasiego de drogas” ya que forma parte del “corredor Acapulco-Cuernavaca-Estados Unidos”, lo que lo ha vuelto un territorio en el que intereses de organizaciones criminales y funcionarios públicos se confrontan o coluden entre sí, generando violencia a nivel local. Refiere a las principales dos organizaciones locales que, desde 2012, disputan el control del territorio de Iguala: Los Rojos y Guerreros Unidos, ambas presuntas escisiones de la organización Beltrán Leyva. El conflicto se habría profundizado a partir de abril de 2014 debido a decomisos de cargamento por parte del Ejército en la ciudad de Iguala.
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Según lo señalado por el documento, además, Guerreros Unidos tendría presencia en los municipios de Cocula, Huitzuco, Iguala, Taxco, Tepecoacuilco, Teloloapan y Ciudad Altamirano a través de organizaciones locales consideradas como sus “células”.
Además, el documento recupera la posible vinculación de determinadas autoridades con las células criminales identificadas en la región. Al momento de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, la organización Guerreros Unidos habría contado con una red amplia que “involucraba autoridades de los tres órdenes de gobierno, [lo que fue] sin duda, un factor que ‘facilitó’ y perpetró la desaparición forzada de los 43 normalistas.”
Como parte de esta red, se identifica primero al expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, quien habría “inyectado” dinero a la organización de Guerreros Unidos. Además, su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, se ha identificado como familiar de Salomón y Alberto Pineda Villa, presuntos miembros de la organización de los Beltrán Leyva.
También se vincula al entonces presidente municipal de Cocula, César Miguel Peñaloza Santana, con Guerreros Unidos, así como a los jefes de las policías municipales de Cocula, Huitzuco, Tepecoacuilco e Iguala. Desde su posición, los jefes de policía protegían e, incluso, brindaban el servicio de escoltas a los líderes criminales de manera ilegal.
Asimismo, se identifican algunas autoridades estatales que llevaban a cabo el cobro de “cuotas” a Guerreros Unidos para dejar pasar vehículos con droga y encubrir actos violentos. Destaca el secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Leonardo Octavio Vázquez, quien posibilitaba el ingreso de presuntos miembros de la organización en la estructura policíaca del estado.
Por último, se identificaron algunas autoridades del nivel federal, particularmente de la Policía Federal y del Ejército mexicano, quienes recibían dinero de Guerreros Unidos a cambio de armas, municiones y protección para trasladar drogas. Se hace mención del “capitán José Martínez Crespo y el entonces coronel Rafael Hernández Nieto, también comandante del 41 batallón del Ejército”. Además, el documento señala que, por parte del Ejército, se encontraba un infiltrado entre los estudiantes de la Normal, Julio César López Patolzin, quien habría formado parte del grupo de 43 desaparecidos.
Sin embargo, señala también una supuesta “infiltración” por parte de organizaciones criminales, un estudiante identificado como Bernardo Flores Alcaraz o El Cochiloco, quien sería primo de El Takia, supuesto miembro de Los Rojos. Presuntamente, El Cochiloco se habría mantenido muy activo para favorecer la comunicación de los estudiantes durante aquella noche
Este es uno de los puntos que más alteró al representante legal de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, Vidulfo Rosales, pues señala que con esto se vuelve a “criminalizar” a los estudiantes, enfatizando la supuesta relación de uno de ellos con la organización de Los Rojos, la cual se estaría disputando el control del territorio con Guerreros Unidos. Sin embargo, durante la conferencia de prensa de Alejandro Encinas en la que presentó este informe este 27 de septiembre, señala que los estudiantes no estaban infiltrados por las organizaciones criminales y que todo se trataba de una confusión por parte de Guerreros Unidos.
En la relatoría de los hechos se narra la salida de los jóvenes de Ayotzinapa rumbo a Iguala entre las 17:00 y las 18:00 horas. Después, los estudiantes habrían llegado a la terminal de este municipio alrededor de las 20:30 horas, con miras a partir de nuevo hacia la Ciudad de México para llevar a cabo las actividades de la conmemoración del 2 de octubre.
En ese momento, el coordinador operativo de la región norte de la policía estatal, José Adame Bautista, habría informado al secretario de Seguridad Pública, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, sobre las actividades de los estudiantes, “quien instruyó organizar a sus elementos ante los hechos que se estaban desarrollando.”
La salida de los estudiantes de la central camionera de Iguala se registró a las 21:16 horas, mientras que elementos de la Policía de Iguala y miembros de Guerreros Unidos realizaron varios retenes en puntos distintos de la ciudad, con la finalidad de interceptar el paso de los normalistas. En la relatoría, además, se rastrea que autoridades de los tres niveles de gobierno estaban enterados de la presencia y las actividades de los normalistas.
Las agresiones
Se identifican varios puntos de retención y agresión por parte de las policías locales y las organizaciones criminales. El primero de ellos ocurrió en la esquina de Juan Álvarez y Periférico Norte, en el que los autobuses 2012, 2510 y 1568 fueron interceptados por una patrulla de la Policía de Iguala. Posteriormente, los estudiantes trataron de mover la patrulla, ante lo cual los policías comenzaron a dispararles, hiriendo al estudiante Aldo Gutiérrez Solano en la cabeza.
Los estudiantes de los autobuses 2012 y 2510 se resguardaron de los disparos debajo y en medio de los autobuses. Por su parte, los estudiantes que iban en el autobús 1568 (alrededor de 20) fueron sometidos y trasladados a la comandancia de Iguala en Barandillas, alrededor de las 22:30 horas.
A partir del registro de las llamadas telefónicas en la zona de Juan Álvarez y Periférico, se concluyó la presencia de policías municipales de Iguala y Cocula en el lugar de los hechos, además de la coordinación y comunicación entre ellos.
El segundo lugar de las agresiones fue en el puente El Chipote. Al salir de la terminal, otro camión fue interceptado por patrullas desde las que los policías de Iguala dispararon al aire. El camión desvío su camino, iniciando una persecución hasta que fue detenido por los elementos policiacos en El Chipote, cercano al Palacio de Justicia. En ese lugar, los policías obligarían a bajar a los estudiantes, para posteriormente golpearlos brutalmente con palos en la cabeza: “los que podían caminar, los subían a la patrulla, y los que no podían caminar, entre dos policías los arrastraban y los aventaban a las patrullas”.
Los policías de Huitzuco llegarían a apoyar a la policía de Iguala para trasladar a los jóvenes: “Se presume que algunos estudiantes que iban a bordo del 1531 fueron asegurados por la Policía de Iguala y llevados a Loma de Coyotes y otro grupo fue asegurado por la Policía de Huitzuco y trasladado con rumbo a ese municipio”, señala el informe. Registros telefónicos habrían confirmado la participación de la policía de Huitzuco en estos hechos, además de la supuesta subordinación de ésta frente a El Cholo Pacas, líder de Guerreros Unidos.
Otro autobús, identificado con el número 3278, sería detenido y registrado por Policías Federales, quienes los obligaron a bajar del autobús y les ordenaron a retirarse del lugar. Estos estudiantes buscaban reunirse con los que se encontraban en el Palacio de Justicia pero, ante la presencia de elementos de las corporaciones policiacas quienes habrían realizado disparos al aire, permanecieron replegados y ocultos.
La desaparición
Finalmente, el documento narra cómo, entre las 22:50 y 23:00 horas se habría difundido la instrucción entre los presuntos criminales de “desaparecer todo”, pues los hechos se le habrían “salido de control”. Además, se difundió la versión entre los miembros de Guerreros Unidos de que los estudiantes eran “contras” – es decir, pertenecientes a la organización rival, Los Rojos – que se habían infiltrado a Ayotzinapa.
Según lo señalado por el informe, la orden pudo haber sido dada por el presidente municipal José Luis Abarca, la cual fue recibida y replicada por un sujeto apellidado Valladares. Sin embargo, otro testimonio registrado en el informe indicó que “el responsable de todo fue ‘El Gil’”, es decir, Gildardo López Astudillo, el líder de Guerreros Unidos en Cocula. Presuntamente, la instrucción de matarlos y desaparecerlos o, como señalan los testimonios, “chingarlos a todos”, se habría dado luego de que los miembros de Guerreros Unidos hubieran dado cuenta de que los estudiantes habían visto la operación conjunta entre los grupos criminales y las policías.
Los estudiantes fueron llevados a la comandancia de Iguala. Posteriormente, serían entregados a Guerreros Unidos con la instrucción de ejecutarlos y desaparecerlos. Para ello, los policías de Cocula tendrían que pasar por ellos a la comandancia de Iguala, llevándolos rumbo a la Loma de Coyotes, en donde se los entregarían a Guerreros Unidos.
A las 23:19 se registraron grabaciones del C4 en el que tres camionetas pick ups de la Policía de Cocula habrían trasladado a los estudiantes a Loma de Coyotes para su entrega a Guerreros Unidos. Los registros de la comunicación apuntarían a una distribución de los jóvenes entre los distintos líderes de Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado, incinerado y desaparecido en distintos puntos de difícil acceso: Pueblo Viejo, Lomas de Coyote, Rancho de los Tilos, Huitzuco, Río Balsas, Coacoyula y Barranca de Carnicería, este último cercano al basurero de Cocula en donde fueron encontrados fragmentos incinerados de los estudiantes Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz.
Los testimonios recuperados respaldan esta distribución de estudiantes entre los presuntos criminales que habrían de ultimarlos y desaparecerlos.
A partir de esta información, la conclusión del informe es que tres causales no excluyentes podrían haber motivado la desaparición de los estudiantes: 1) la confusión en Guerreros Unidos de que los jóvenes formaban parte de Los Rojos, la organización rival; 2) escarmiento a los estudiantes en un contexto de amenazas de parte de José Luis Abarca y Guerreros Unidos y 3) el trasiego de drogas, ya que se señala la posible presencia de drogas, arma o dinero de la delincuencia en uno de los autobuses.
Además de los hechos contra los 43 estudiantes violentados y desaparecidos, el documento también describe cómo ocurrieron los ataques contra el equipo juvenil de futbol Los Avispones, en el crucero de Santa Teresa, en el que hubo tres fallecidos. Las pruebas periciales apuntan a los policías de Huitzuco.
También retoma el ataque ocurrido en contra de la conferencia de prensa que normalistas sobrevivientes estaban dando para informar sobre los hechos entre las 00:00 y las 00:45 horas del 27 de septiembre. Miembros de Guerreros Unidos habrían disparado y asesinado a dos normalistas que se encontraban realizando la conferencia: Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava. Por último, el documento retoma el asesinato del normalista Julio César Mondragón, quien fue encontrado sin vida y con evidentes signos de tortura cerca de las instalaciones del C4.
Parte de los problemas en el informe señalados por el abogado de los padres de los normalistas, Vidulfo Rosales, es que no se recupera el papel de las corporaciones federales, particularmente del Ejército. En él sólo se menciona la coadyuvancia del capitán José Martínez Crespo para trasladar a los estudiantes. Asimismo, la participación de la Policía Federal se muestra como circunstancial, exclusivamente para auxiliar a las policías municipales a restablecer el orden.
Además, el abogado señaló que fueron tomadas como válidas las capturas de pantalla de conversaciones en WhatsApp que habrían sido descalificadas por el GIEI en noviembre del año pasado debido a la imposibilidad de verificar su autenticidad. En ese sentido, el abogado valoró que la versión nueva se parece mucho a “la verdad histórica” brindada por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, durante su conferencia de prensa de este 27 de septiembre, Alejandro Encinas afirmó que estas capturas no se habían tomado en cuenta para el informe.
