Hasta la fecha del paro de sus actividades, el Comité de Evaluación del Poder Judicial únicamente había seleccionado a los aspirantes que cumplieron con los requisitos necesarios
28/01/2025 (Ciudad de México). Tras una negativa sostenida para continuar el proceso de evaluación de aspirantes, este lunes 27 de enero el Comité de Evaluación del Poder Judicial (CEPJ) presentó su renuncia inmediata e irrevocable, argumentando una “imposibilidad jurídica” para continuar con su tarea de de cara a la elección judicial programada para el próximo domingo 1 de junio.
Esta decisión se produce en un contexto de desobediencia ante las resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral, órgano máximo en materia electoral, y en un supuesto apego jurídico a las determinaciones de un juez de distrito, mismo que ha sido señalado por carecer de facultades para emitir suspensiones que vulneren los procesos electorales. El Comité de Evaluación del Poder Judicial suspendió actividades desde el 7 de enero.
Dicha suspensión generó controversia, ya que implicaba que sólo los aspirantes nominados por los poderes Ejecutivo y Legislativo continuarían en el proceso, excluyendo así a los propuestos por el Poder Judicial. Hasta la fecha del paro de sus actividades, el Comité de Evaluación del Poder Judicial únicamente había seleccionado a los aspirantes que cumplieron con los requisitos necesarios, como el título en Derecho, un promedio arriba de ocho, el ensayo y las cartas de recomendación, entre otros. Pendiente quedaron las entrevistas para que este comité de cinco integrantes evaluaran la idoneidad de los perfiles para cada cargo.
El Senado asume la responsabilidad
Frente a esta vulneración de derechos electorales, la Sala Superior del Tribunal determinó que el Senado de la República asumiera las tareas de selección debido a lo que calificaron como desacato por parte del Comité.
En una reunión de la Junta de Coordinación Política, la mesa directiva del Senado acordó cumplir con la medida del Tribunal. A esta reunión no acudieron los representantes del PAN ni del PRI, quienes se han opuesto a la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular. Por su parte, Movimiento Ciudadano sí estuvo presente y votó en contra, pero el acuerdo fue aprobado por mayoría.
En seguimiento al ordenamiento, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que el próximo 4 de febrero se realizará la insaculación para elegir a los candidatos, supervisado por notarios públicos. En este sorteo, los nombres de los más de mil 50 aspirantes que pasaron el primer filtro serán colocados en esferas, y los seleccionados aparecerán directamente en las boletas electorales. Según explicó Fernández Noroña, el procedimiento busca cumplir con los plazos establecidos en la reforma judicial.
Este paso en el proceso de la elección judicial tendrá que concluir a más tardar el 31 de enero y sólo se hará en el caso de aquellas plazas donde existan más postulantes que el número de duplas o ternas que correspondan para cada cargo. En los cargos donde ya se cumpla sin exceder el número de aspirantes necesarios, los que están registrados pasarán directamente a la papeleta electoral.
Luego de la selección al azar de los perfiles previamente aprobados por el Comité de Evaluación del Poder Judicial, las listas resultantes serán turnadas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que las apruebe. En caso de que el máximo tribunal no cumpla con este paso, el Tribunal Electoral determinó que el Senado deberá enviarlas directamente al Instituto Nacional Electoral (INE) como candidaturas definitivas.
Las consecuencias para el Comité de Evaluación del Poder Judicial
En la sentencia del Tribunal Electoral se consideró inadmisible la posición del Comité de Evaluación del Poder Judicial, pues aunque éste informó que se encuentra imposibilitado para dar cumplimiento al mandato referido debido a la suspensión ordenada por un juez de distrito, tal circunstancia no es suficiente para justificar el desacato. Pese al incumplimiento, el tribunal no impuso sanción alguna a los integrantes del comité.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la decisión para acatar la suspensión indebida fue tomada por la Suprema Corte y así no continuar con los trabajos. Frente a esto, la mandataria señaló que dimisión del Comité de Evaluación del Poder Judicial no afecta a la elección judicial, ya que éste “ya no tenían trabajo, ya la Corte les había dicho que no iban a seguir desarrollando su actividad, ni modo que siguieran en un comité que no tenía sentido”.
