14/11/2024 (Ciudad de México). Fue aprobada una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas reafirmando los derechos de los pueblos originarios en materia de acceso a la justicia, lenguaje y protección contra fenómenos climáticos. Impulsada por Bolivia, Dominica, Ecuador, Liberia, México, Paraguay y Venezuela, la Resolución logró el respaldo de otros 168 países en la plenaria, en lo que es un práctico consenso mundial temático ya que, de esta forma, se ratifica lo que es uno de los fundamentos de las Naciones Unidas: el respeto a las culturas como base de la construcción de un mundo diverso y plural.
Mediante este instrumento normativo internacional, la ONU encomienda a todos los Estados “preservar, revitalizar y promover las lenguas indígenas, ya que el idioma propio es parte de la cultura propia, y constituye un motor para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. También se reafirma que las comunidades originarias en todos los países “conservan todo su derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas comunitarias de salud”.
También es importante esta aprobación por los impactos desproporcionados del calentamiento global sobre los pueblos originarios, debido a que viven en directa relación de dependencia de ecosistemas cada vez más frágiles y vulnerables a los desastres climáticos. Esos desastres van desde las sequías prolongadas en algunas regiones del mundo, las tormentas ciclónicas cada vez más frecuentes y destructivas en otras partes, las lluvias e inundaciones sin control en otros países, y los incendios forestales de enorme magnitud que se están presentando en cada vez más lugares del planeta.
¿Qué puede tener de malo y controvertible una Resolución como esta? Son cada vez más países que en sus Constituciones han incorporado un verdadero catálogo de derechos de los pueblos indígenas y originarios, siendo uno de los casos emblemáticos el de México. El año 2001 reconoció estos derechos y los insertó en su norma constitucional, siendo la más reciente reforma la de septiembre de este 2024, cuando se reconoció “el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a decidir conforme a sus sistemas normativos, representantes y formas internas de gobierno, y establece que la nación tiene una composición pluricultural y multiétnica”. En función de estos avances, era natural que México sea uno de los países que tomaron la iniciativa a nivel mundial.
Sin embargo, en un hecho que puede ser calificado como “solipsismo diplomático”, la representación de Argentina fue la única que votó en contra. Luego de la defenestración de la ex canciller Diana Mondino, por el voto a favor de Cuba contra el bloqueo que emitió hace unas semanas en la ONU, le correspondió ahora a Fabián Oddone, encargado de negocios de la Embajada rioplatense en Nueva York, obedecer las espurias órdenes de Buenos Aires y dar el voto en contra, con el que su país quedó completamente sólo en la comunidad internacional (ni siquiera le acompañaron Israel, que no estaba, ni Estados Unidos, que votó a favor).
Fue también un voto que confirma algunos de los cuestionables ejes en materia de política exterior que tiene la Casa Rosada: opuesto a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, contrario al “Pacto del Futuro” con el que la ONU trata de salvar la agenda climática, renuente a algunos derechos de tercera generación que tienen incidencia colectiva.
De esta forma, se aplican los lineamientos neofascistas del gobierno de Javier Milei: hay que priorizar, bajo formas disruptivas, el posicionamiento ideológico, aunque ello suponga oponerse a los acuerdos globales.
