07/10/2024 (Ciudad de México). Conforme al proceso derivado de la aprobada reforma constitucional al Poder Judicial la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió al Senado un conjunto de iniciativas destinadas a instrumentalizar el proceso electoral para ministros, jueces y magistrados. Estas reformas a leyes secundarias establecen todos los aspectos necesarios para la designación de candidaturas así como las restricciones para la realización de las campañas y deberán ser observadas por los entes involucrados en el proceso, como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Las leyes a reformar son la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. De acuerdo a Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, la primera prevé todas las etapas del proceso electoral a realizarse el próximo 1 de Junio de 2025. Éstas son: la preparación de la elección, la convocatoria y postulación de candidaturas, la jornada electoral, los cómputos de la votación, la asignación de los cargos y la calificación y declaratoria de validez.

Dentro de todo este proceso, la consejera destacó que para promover las candidaturas no se podrán contratar tiempos de radio, televisión ni redes sociales, además de que los partidos políticos o servidores deberán abstenerse de “realizar actos de proselitismo o posicionamiento a favor o en contra de candidatura alguna”.

En cuanto a las fechas más destacadas: el 16 de octubre el Senado emitirá la convocatoria general, el 31 se instalarán los comités de evaluación, el 4 de noviembre se publicará la convocatoria para la ciudadanía de esos comités, el 24 de noviembre la inscripción de aspirantes, el 15 de diciembre los comités verificarán los requisitos de legibilidad.

Ya en 2025, el 31 de enero, se realizarán por parte de los comités entrevistas y se seleccionarán los finalistas, el 4 de febrero los poderes determinarán la conformidad de finalistas y devolverán a comités, el 5 de febrero los comités insacularán en sesión pública, abierta y difundida depurarán los listados, el 7 de febrero se aprueban los listados y se remitirán al Senado. El 12 de febrero el Senado integra, revisa y remite el listado al INE, quién estará a cargo de toda la organización de la elección el 1º de junio, dando a conocer cómo y dónde se votará.

Esta elección, a nivel nacional, será de de ministros del Tribunal de Disciplina y de las vacantes del Tribunal Electoral, y del 50 por ciento de los circuitos judiciales de magistrados y jueces.

Por último, la segunda reforma tiene como objetivo “garantizar la tutela efectiva durante el proceso electoral” para dar legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad y transparencia.

Norma Piña se resiste a acatar la reforma judicial

En el avance legal  para la realización de estas elecciones, el Senado solicitó al Consejo de la Judicatura Federal las listas con el total de plazas en el Poder Judicial de la Federación (PJF), incluyendo las vacantes y retiros, esto con la finalidad de integrar las listas de las candidaturas. Sin embargo, la ministra presidenta de la Suprema Corte y también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Piña, le respondió al Senado que no enviará dicha información.

Para justificar su falta de colaboración, Norma Piña alegó que actualmente existe una suspensión expresa para que el Consejo de la Judicatura Federal no entregue dicha información. Esta suspensión forma parte de los recursos que distintos jueces de distrito han otorgado para intentar frenar el avance de la reforma judicial ya vigente. Junto a este recurso, integrantes del mismo poder judicial han buscado emitir resoluciones para que todos los órganos involucrados en la organización de las elecciones dejen de cumplir con las obligaciones que la Constitución les confiere.

Este nuevo intento que busca entorpecer la realización de las elecciones ha sido fuertemente cuestionado ya que con él se advierte un actuar tendencioso, al que se suma la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el manejo de los plazos para negar la información en coordinación con la emisión de dichas suspensiones.

Sin embargo, pese a esta negativa, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que “la convocatoria está casi terminada y se emitirá en tiempo. Entregue o no entregue el Consejo de la Judicatura la información que le hemos solicitado, la convocatoria se emitirá” a más tardar el próximo 15 de Octubre. De acuerdo al senador, esto se podrá lograr gracias a la información pública que existe al respecto, mientras que la información privada al respecto tampoco supondrá una afectación a la convocatoria ya que todas las personas juzgadoras tienen pase directo directo a las listas de candidaturas conforme dispone la reforma judicial.

La huelga judicial se mantiene

Mientras el poder judicial se avoca a combatir una reforma constitucional que ya está vigente, el paro de sus actividades a nivel federal ya comienza a causar malestar entre la población. Del 19 de Agosto, día en que el Poder Judicial de la Federación inició una huelga con goce de sueldo, a la fecha, más de 9 mil audiencias han sido canceladas.

El paro de labores del Poder Judicial no sólo niega el acceso a la justicia por parte de las personas que dirimen un juicio en tribunales, sino que también les niega su derecho a una defensa en un juicio expedito, situación que se agrava en el caso de las personas privadas de su libertad quienes no pueden avanzar en su proceso debido a la falta de audiencias para sus casos.

Por su parte, el Consejo de la Judicatura informó desde el inicio de su huelga que sólo darían trámite a casos urgentes, como en los casos en que peligre la vida o integridad de alguna persona, la inminente compurgación de la pena, liberaciones pendientes de ejecución y hospitalizaciones.