22/08/2024 (Ciudad de México). El Poder Judicial se encuentra en el centro de una tormenta política y legal sin precedentes. Desde el inicio del paro nacional indefinido, jueces, magistrados y empleados del sector han suspendido sus actividades en protesta contra la reforma constitucional propuesta por el presidente López Obrador a dicho poder de la Unión. Sin embargo, una probable ilegalidad dentro de esta huelga ha generado un debate intenso y complejo.
El titular del Ejecutivo ha sido claro en su postura: siempre se respetará el derecho a disentir y el derecho a la huelga, pero el paro de labores del Poder Judicial es ilegal. En diversas conferencias de prensa, el mandatario ha argumentado que la suspensión de actividades judiciales no sólo es injustificada, sino que también va en contra de los intereses del país.
En la misma línea, el mandatario ha señalado que la ley establece que el paro es ilegal y que la responsabilidad de sancionar a los trabajadores en huelga recae en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), encabezado por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Esta situación ha generado críticas, ya que se considera que el CJF actúa como juez y parte en este conflicto.
¿Es ilegal el paro de los trabajadores del Poder Judicial?
Entre los argumentos que señalan la ilegalidad se encuentra el señalamiento al Consejo de la Judicatura Federal, el cual incurrió en irregularidades al emitir una circular entre sus trabajadores en la que se notificó al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos el inicio del paro bajo el amparo del Artículo 123, apartado B, de la Constitución. Sin embargo, el Gobierno Federal ha señalado que la competencia para resolver sobre la legalidad del paro corresponde al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y no al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos.
Este tema resulta polémico, ya que la Constitución marca que el derecho a huelga por parte de los trabajadores al servicio del Estado se da “cuando se violen de manera general y sistemática los derechos”, hecho que no ha sucedido durante el actual debate por la reforma judicial, motivo de huelga de jueces, ministros y trabajadores del Poder Judicial.
Además, se ha argumentado que el paro no siguió el cauce legal establecido, lo que implica que los trabajadores en huelga incurren en “inasistencia injustificada” y, por lo tanto, no tienen derecho a recibir su salario. Bajo esta lógica, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha solicitado al Consejo de la Judicatura Federal que deje de pagar los salarios de los trabajadores en paro y que considere la destitución de aquellos que mantengan la suspensión de actividades.
El paro de actividades del Poder Judicial comenzó el 19 de Agosto de 2024, cuando trabajadores de confianza de este sector decidieron suspender sus labores en protesta contra la reforma constitucional propuesta por el presidente López Obrador. Por su parte, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial ha decidido no sumarse por considerarlo inviable. En su lugar, ha centrado sus esfuerzos en dialogar con los legisladores para garantizar el respeto a los derechos laborales.
Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito se sumó al paro desde el pasado miércoles 21 de Agosto, lo que ha intensificado la crisis. Los manifestantes argumentan que la reforma atenta contra la independencia judicial y que busca centralizar el poder en el Ejecutivo, debilitando así el sistema de pesos y contrapesos que garantiza la democracia en el país.
Dentro de este panorama, el Consejo de la Judicatura Federal se encuentra en una posición delicada, ya que debe resolver sobre la legalidad del paro mientras enfrenta críticas por su papel en el conflicto. En este sentido, resulta relevante que la reforma en disputa propone que el CJF sea dividido en dos nuevos organismos: uno encargado de la administración y otro facultado para impartir disciplina y vigilar el actuar de ministros, magistrados y jueces.
La situación sigue evolucionando y se espera que en los próximos días se tomen decisiones cruciales mientras que la segunda etapa para la aprobación de esta reforma, la primera fueron los foros de debate, inicia este 26 de Agosto con la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
