09/08/2024 (Ciudad de México). Luego de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio en Venezuela, los intentos de la oposición por impugnar los resultados y movilizar a la población, aunado a la intentona de intervención por parte de Estados Unidos y sus socios, han sido señalados por el actual presidente, Nicolás Maduro, como un intento de golpe de Estado. Más allá de que este intento de golpe esté o no implementándose, no sería la primera vez que se lleven a cabo acciones en contra de gobiernos elegidos democráticamente en la Venezuela chavista con este objetivo, tal como denunció el propio presidente Maduro.
Después de que, en 1998, fuera elegido como presidente el político y militar socialista, Hugo Chávez, dio inicio la Revolución Bolivariana, un programa de gobierno basado en la redistribución de recursos y el incremento en el acceso a derechos fundamentales, como la vivienda, la educación o la salud. Además, mediante la organización de las comunas, se llevó a cabo una descentralización total en la toma de decisiones sobre el gasto público, toda vez que las comunidades elijen de manera democrática y horizontal en qué se ocupan los recursos distribuidos por el gobierno bolivariano.
Tanto los recursos naturales que posee Venezuela –al contar con las mayores reservas petroleras del mundo –, como el papel de dignidad que ha jugado en la región de Latinoamérica – evidenciando que, mediante la nacionalización y la redistribución de los recursos, podía generarse un proyecto alternativo al neoliberalismo–, colocaron al país suramericano como objeto del sabotaje de Estados Unidos y sus socios. Sobre todo, a través de sanciones y bloqueos financieros, lo que ha afectado la economía del país e incentivado el descontento entre parte de la población.
Como parte del sabotaje norteamericano al gobierno de la Revolución Bolivariana, Washington ha apoyado permanentemente a una oposición de derechas que, en diversas ocasiones y con distinto rostro, ha intentado hacerse del poder de manera ilegítima, aunque fracasado en cada ocasión.
El primer intento de golpe de Estado ocurrió a tan sólo tres años de haber iniciado el gobierno chavista, en 2002, luego de la aprobación de las “49 leyes”, una serie de reformas chavistas que legalizaron las nuevas condiciones del régimen, limitando los derechos de muchos gremios de empresarios e incrementando los de los trabajadores. Después de una serie de protestas gremiales – particularmente, de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECÁMARAS) y de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV)–, un grupo de militares insurrectos amenazaron con bombardear el Palacio de Miraflores si Hugo Chávez no renunciaba a la presidencia.
El presidente fue secuestrado y obligado a abandonar la presidencia durante 47 horas, tiempo en el que Pedro Carmona, líder de la FEDECÁMARAS, la ocupó. Sin embargo, el apoyo al gobierno por parte de la población, así como de gran parte de los generales del ejército, permitieron a Hugo Chávez retomar el poder al tercer día.
Entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, otro sabotaje buscó que Hugo Chávez renunciara al poder a través del paro general que distintos gremios impulsaron. Particularmente, uno de los rubros más golpeados fue el petrolero, por lo que el paro fue conocido como la “Huelga del Petróleo”. En aquel entonces, varios buques petroleros fueron secuestrados por simpatizantes de la oposición, lo que paralizó la economía venezolana durante los meses en los que duró la huelga.
Fue a raíz de que la población resintió las consecuencias de una economía paralizada – lo que abarcó servicios básicos, como salud y transporte –, así como de la recuperación de algunos buques petroleros, como las manifestaciones se debilitaron. Finalmente, el paro se diluyó entre los apoyos al gobierno por parte de la población, que acudía a manifestarse frente a los canales de televisión y radio que lo promovían.
Luego de que Nicolás Maduro fuera electo como sucesor de Hugo Chávez al frente de la Revolución Bolivariana en 2013, casi de manera inmediata, un nuevo intento de golpe de Estado se puso en marcha, esta vez bajo la imagen del candidato opositor, Henrique Capriles. Además de impugnar los resultados, Capriles llamó a la población a salir a las calles, mientras el conjunto de la oposición incitaba a la confrontación con las fuerzas del orden y los simpatizantes del chavismo.
El resultado fue que las guarimbas, como se le conoce a las barricadas de opositores al gobierno, desataron una violencia sin precedentes, siendo asesinadas 43 personas entre enero y junio de 2014 derivado de ataques armados, linchamientos públicos y trampas en la vía pública, dirigidas estas últimas a los grupos motociclistas que tradicionalmente han apoyado al chavismo. Sin embargo, el plan opositor para derrocar a Nicolás Maduro y quebrar el orden constitucional, conocido como “la salida”, fracasó nuevamente y la autoridad electoral venezolana confirmó el triunfo de Nicolás Maduro.
Luego de la reelección de Nicolás Maduro en 2018, fueron nuevamente cuestionados por los medios y parte de la población venezolana los resultados de los comicios. Este ambiente fue aprovechado por el entonces presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y líder opositor, Juan Guaidó, quien en enero de 2019 se proclamó a sí mismo presidente interino. Casi de manera inmediata, fue reconocido por el gobierno del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, además de otros 50 países, incluyendo Canadá, España, Reino Unido, Alemania, Colombia, Brasil y Chile.
Sin embargo, debido a que Juan Guaidó no contaba con respaldo popular al interior de Venezuela, su imagen se desgastó rápidamente. No obstante, queda registrado cómo diversas naciones en Occidente y América Latina, bajo el pretexto de defender “la democracia”, terminaron reconociendo a un líder opositor que ni siquiera había competido en los comicios de 2018 en contra de Nicolás Maduro.
A estos intentos de golpe de Estado habría que agregar el “Atentado de Caracas”, en el que drones teledirigidos explotaron en la conmemoración número 81 del aniversario de la Guardia Nacional, en agosto de 2018, mientras Maduro estaba brindando un discurso. Aunque el mandatario no resultó herido, se registró como un atentado en su contra, al ocurrir a escasos metros de la tribuna en donde se encontraba.
Finalmente, en mayo de 2020, se implementó la “Operación Gedeón”, en la que militares venezolanos exiliados y mercenarios norteamericanos incursionaron al país sudamericano vía marítima con el objetivo de derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, gracias a la intervención de un grupo de pescadores de la bahía de Macuto – quienes tienen entrenamiento militar como parte de las reservas del Ejército Bolivariano–, el intento de invasión fue frustrado rápidamente.
Todos estos intentos de golpes fallidos han ocurrido a la par de la producción de propaganda organizada mayoritariamente desde el exterior, así como el apoyo a una oposición que sabotea al gobierno y fomenta la violencia desde el interior. Aunado a ello, a partir de 2015, el gobierno de Barack Obama declaró al gobierno venezolano como una “amenaza a la seguridad nacional” de Estados Unidos, imponiéndole sanciones económicas que han limitado la posibilidad de acceder a bienes básicos para la subsistencia de las y los venezolanos, desde alimentos hasta medicinas.
En 2017, estas sanciones fueron profundizadas por el gobierno de Donald Trump, sumando más de 900. Esto se pudo ver reflejado en una reducción radical en las compras provenientes del exterior, como en los medicamentos: mientras en 2013, Venezuela ingresaba a su país un total de 2 mil millones de dólares en medicamentos, para 2018, sus importaciones se redujeron a tan sólo 140 millones, apenas el 7%.
