Fueron miles de trabajadoras y trabajadores campesinos que llegaron desde los 22 departamentos del país, y que marcharon en la capital guatemalteca a convocatoria del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA).
CODECA nació en 1992 durante las jornadas recordando los 500 años del “descubrimiento de América de octubre de 1492” que, para los pueblos indígenas originarios de esta parte del mundo, en realidad fue el inicio de la invasión europea, que terminó dominando al continente e instaurando un nuevo orden colonial que duró siglos.
Luego de 1996, cuando se firmó la paz entre el Estado y las guerrillas, comenzó para las comunidades campesinas una nueva lucha por el esclarecimiento de lo ocurrido durante la guerra sucia en la década de los ochenta, cuando el ejército asesinó a miles de indígenas, arrojando sus cadáveres a fosas comunes en cementerios clandestinos.
Desde 2008, CODECA representó el descontento de las comunidades campesinas por los abusos de las empresas privadas de energía eléctrica, a lo que luego se sumó la denuncia del acaparamiento de tierras en manos de transnacionales para la producción de monocultivos.
Fue el año 2016, en plena crisis del sistema político guatemalteco, que varias organizaciones campesinas y populares comienzan a plantear la propuesta de convocar una Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional. Fue también en ese contexto que nació en 2017 el “Movimiento Semilla” del actual presidente Bernardo Arévalo.
Desde entonces, en Guatemala la crisis política se agravó en los gobiernos de Jimmy Morales y de Alejandro Giammatei, ambos acusados de corrupción y de conformar, junto a algunos jueces y fiscales, una estructura judicial también corrupta. Esta estructura judicial se encargó de investigar, procesar y sentenciar a personas de la oposición, como fue el emblemático caso del periodista José Rubén Zamora, contra el que armaron varios casos judiciales que luego, por falta de pruebas, se fueron cayendo. Zamora pasó varios años en la cárcel y en la actualidad sigue luchando por su libertad, luego de que se revocó la anterior semana una orden para su libertad condicional.
Esa estructura judicial se ha mantenido, incluso luego de la sorpresiva elección de un nuevo presidente, Bernardo Arévalo, en agosto de 2023, que hizo de la “lucha contra la corrupción” una de sus principales consignas de campaña. Arévalo no ha podido cambiar a la Fiscal General, Consuelo Porras, desde que asumió el mando a mediados de enero de 2024. Porras arrastra sanciones internacionales que contra ella tomaron el Consejo de la Unión Europea y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, precisamente por múltiples denuncias de abusos en el ejercicio de su cargo. Las organizaciones campesinas ahora tomaron las calles en protesta contra jueces y fiscales que parecen intocables, pese a múltiples denuncias contra ellos.
Pero no fue ése el único tema por el que se movilizaron. Desde hace años, luego de la pandemia del Covid en 2019-2020, comenzó un proceso inflacionario de alimentos y de medicamentos. El sector campesino se movilizó pidiendo al gobierno de Arévalo que realice un control de los precios de productos de la canasta básica, las medicinas e incluso las tarifas de los servicios públicos, que también se incrementaron.
En su movilización, la CODECA retomó la propuesta de exigir la realización de una Asamblea Nacional Constituyente para crear un Estado Plurinacional. Al respecto hay experiencias exitosas en América Latina, como la Asamblea Constituyente de Bolivia, que inició en agosto de 2006 y concluyó con un referéndum aprobando la nueva Constitución en enero de 2009. Pero también hay frustraciones, como la ocurrida en Chile, que inició su proceso constituyente al calor del Estallido Social chileno de octubre del 2019 y terminó cerrándolo sin resultados en diciembre del 2023.
Los líderes de la movilización campesina, cuando arribó al Sector 1 de ciudad de Guatemala, donde quedan el Palacio de Gobierno, el Congreso Nacional y la sede del poder judicial, afirmaron en sus discursos que su marcha no era contra el presidente Bernardo Arévalo, ya que los problemas políticos, sociales y económicos del país son estructurales, por lo que estructural debe ser la solución. Pidieron audiencia con Arévalo para entregarle su petitorio, pero el mandatario no los recibió. Esta afrenta dejó un sabor amargo en muchos de los movilizados, que creen ver en este trato algo muy parecido a lo que hacían los gobiernos de la derecha tradicional.
