15/05/2024 (Ciudad de México). El 10 de mayo el gobierno del Perú promulgó el Decreto Supremo N° 009-2024-SA, que clasifica a varias identidades de género como “enfermedades a ser incluidas en el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud”. Las nuevas “patologías” identificadas por el instrumento jurídico gubernamental son: transexualismo, trasvestismo de rol dual, trastorno de la identidad de género en la niñez, trastorno de la identidad de género no especificado, trasvestismo fetichista, orientación sexual egodistónica y trastornos de diverso tipo.
El Ministerio de Salud intentó fundamentar que este detalle de patologías proviene de la “Clasificación Internacional de Enfermedades-10” de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del año 2018. Sin embargo, las autoridades gubernamentales del Perú pasaron por alto un detalle no menor: el año 2019 la OMS publicó la “CIE-11”, que entró en vigencia mundial desde el año 2022 y en la que se excluyó la transexualidad y el travestismo del listado de enfermedades, afecciones o trastornos mentales. Por otra parte, este próximo 17 de mayo se cumple 34 años del día en que la Organización de las Naciones Unidas, a través de la OMS, eliminó la homosexualidad de la citada lista sanitaria.
En conversación con De Raíz, Betsabé Guzmán Leaño, doctorada en psicología y activista de la organización civil “Más Igualdad Perú”, que a su vez es parte de las colectividades afectadas por este decreto, comentó: “Sabemos que organizaciones ultraconservadoras como el Opus Dei, de la que es devoto el ministro de salud César Vásquez, tuvieron que ver en la redacción de este documento que pasa por alto la existencia del CIE-11, tratando de llevarnos a un estéril debate sobre la supuesta autonomía del Estado Peruano en relación a la aplicación de los instrumentos legales internacionales. En una reunión que acabamos de sostener con el ministro Vásquez, trató de convencernos de que el Decreto se aprobó para garantizar a todas, todos y todes el acceso a los servicios de salud. Le dijimos que no es así, que el decreto tendrá el efecto de fomentar la transfobia, la homofobia y la lesbofobia, además de que volverán a aparecer las ‘terapias de conversión’, que ya estaban prohibidas. Le dijimos que viniendo de una entidad gubernamental es doblemente riesgoso para las diversidades, por lo que pedimos la anulación del Decreto. Le entregamos una carta en la que 414 profesionales de la salud y 176 organizaciones de derechos humanos hacen esta misma moción”.
El “Colectivo Marcha del Orgullo” que aglutina a las diversidades sexuales, anunció resistencia civil al Decreto, pues su contenido significa un retroceso de décadas en los derechos de la comunidad LGTBI+, colocando al Perú como un país que no respeta los derechos humanos establecidos por los organismos internacionales, lo que puede poner en riesgo los programas de apoyo en salud con financiamientos de las entidades multilaterales, como es el caso de la OMS.
Hasta ayer, el Palacio de Gobierno responsabilizaba sólo al Ministerio de Salud por el decreto. Pero quedó en evidencia que la presidenta Dina Boluarte no sólo tenía pleno conocimiento del tema, sino que estampó su firma en el documento, junto a la del Ministro de Salud, César Vásquez y el Ministro de Economía y Finanzas, José Arista.
Este caso se suma a los varios cuestionamientos que tiene la gestión de Boluarte: el más grave que son las responsabilidades por dar las órdenes al ejército y a la policía para que repriman manifestaciones de protesta, en las que murieron 100 personas a fines del 2022 y el 2023, el caso de posesión de lujosos relojes Rolex y joyas, el caso de supuesto enriquecimiento ilícito de su familia, el caso de alejamiento sin permiso de sus obligaciones gubernamentales por dos semanas, para someterse a cirugías estéticas.
