La reforma busca destituir a la fiscal general, Consuelo Porras, quien se encuentra en una lista de corrupción y que además ha sostenido una persecución judicial contra el presidente y el partido Semilla.
06/05/2024 (Ciudad de México). Este lunes 6 de mayo el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, propuso una reforma legal ante el Congreso para destituir a la fiscal general, Consuelo Porras. Con esta reforma se da una batalla contra la regresión autoritaria al buscar la rendición de cuentas de la funcionaria, acusada de corrupción, que ha liderado los intentos de un “golpe de Estado” con el objetivo de frenar la toma de posesión a la presidencia de Arévalo y su partido Semilla, además de orquestar persecución a periodistas y activistas que denuncian la corrupción.
“En este momento hay cuatro frentes en donde están tratando la manera de acorralar a Consuelo Porras: hay peticiones de consulta popular para que la población sea quien decida si la señora fiscal queda o no; hay una querella en la Corte Suprema de Justicia (que podemos decir es una denuncia contra la fiscal); hay una opinión consultiva en la Corte de Constitucionalidad y están las reformas que se han presentado. Son cinco reformas que se acumulan, en este momento, en el Congreso de la República. Cuatro se presentaron en el marco del Paro Nacional y hoy el presidente presenta la quinta”, señala Simón Antonio, periodista guatemalteco de Prensa Comunitaria, un medio que se dedica al periodismo de investigación, en conversación con De Raíz.
Desde la noche del domingo, a través de cadena nacional, el presidente anunció al pueblo guatemalteco que se busca reformar la ley orgánica del Ministerio Público, “la cual abrirá el camino para que la fiscal general rinda cuentas […] y sea removida de su cargo en el marco de la ley”.
La decisión, aunque tardía, es una de las más firmes que ha emprendido el Ejecutivo a 120 días de su mandato en contra de la fiscal, quien está sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por “corrupta”. Porras es una de las funcionarias que se encuentra en la lista Engel, donde se registran actores corruptos y antidemocráticos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. “Es el momento de que las diputadas y los diputados demuestren si están del lado del pueblo o de la impunidad”, sentenció el presidente de Guatemala.
Horas antes del anunció que hizo Arévalo, Consuelo Porras interpuso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en donde calificó la medida del presidente como “ilegítima y arbitraria”.
Sin embargo, el panorama no se presenta para nada fácil, porque en Guatemala el lawfare ha sido la herramienta principal que ha utilizado el MP y la Fiscalía, con personajes como el magistrado Fredy Orellana, la misma fiscal Consuelo Porras y el fiscal Rafael Curruchiche, para sostener ataques legales en contra de Semilla y de Bernardo Arévalo.
En el caso de la Corte de Constitucionalidad, ésta mantiene una relación tensa con Arévalo; además, su presidente, Nester Mauricio Vásquez Pimentel, también está en la lista Engel, lo que podría favorecer a la fiscal.
“Este amparo de alguna manera también busca generar una narrativa en la opinión pública, para ver quién se posiciona primero o quién sale primero a dar su posición ante los medios. En lo particular, el discurso del presidente en la cadena nacional supera de gran manera el comunicado de prensa que saca la fiscal general”, señala Simón Antonio.
La reforma busca que no haya “regresión autoritaria” en Guatemala
“Consuelo Porras es la última persona que entra en toda una estrategia que ha sido denominada la regresión autoritaria y comienza en 2017, para detener todos los avances que se dan a partir de la nueva constitución del 85 y a partir de la llegada de la comunidad internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG), en el 2007”, cuenta el periodista Simón Antonio a este medio.
Y es que fue en 2007 que se crea la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que sacó a la luz casos de corrupción de altos funcionarios del gobierno, narcotraficantes, magistrados de la Suprema Corte de Justicia, ex presidentes y ministros. CICIG llevó más de 120 casos de corrupción en donde estaban implicadas, al menos, mil 540 personas, pero esa Comisión fue socavada por el ex presidente Jimmy Morales, quien es el que nombra a Consulo Porras como Fiscal en 2018.
Una vez en el puesto, Consuelo Porras Argueta “comienza a debilitar a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y así lo fue llevando hasta 2021, cuando saca al entonces fiscal de sección, Juan Francisco Sandoval” señala Simón Antonio. Con estos hechos hay un antes y un después porque la población expresó su inconformidad con la fiscal.
“La FECI tuvo un papel muy importante, como lo que vimos el año pasado, con este proceso de lawfare en América Latina, la batalla judicial contra todo aquel que en ese momento no encaja en el status quo que se estaba reconfigurando a partir de la regresión autoritaria desde el 2017”, sentenció el comunicador en entrevista virtual.
La fiscal se vuelve a postular para el puesto en el año 2020 y gracias al ex presidente ultraderechista Alejandro Giamattei la vuelven a nombrar, por lo que actualmente cumple con su segundo período que termina hasta el 2026.
Desde el año 2022, recuerda el periodista, se da con mayor fuerza la persecución a periodistas, operadores de justicia, a ex fiscales y ex mandatarios de la CICIG. Con las elecciones en 2023, no fue distinto, “pues ella [Consuelo Porras] tampoco descansó”. Y es que desde que el partido Semilla dio la sorpresa de encabezar la preferencia de los votos del pueblo guatemalteco, la fiscal Porras Argueta y el cuerpo judicial a fin a los intereses de ese poder han intentado de todo para debilitar al movimiento: “Comenzaron a construir toda una estrategia para debilitarlo. Primero se fueron contra los resultados electorales. […] Posterior a eso, comienza toda esta persecución en contra del partido del presidente. […] Entonces toda esta estrategia está montada [..] con el hecho de que el presidente Bernardo Arévalo no asumiera la presidencia”, señala Simón Antonio.
Sin embargo, el pueblo no ha parado de también exigir la destitución de la Fiscal: “Han pasado cien días, la percepción de la población ha cambiado en torno a esa situación pero no se baja esta petición de que la señora debe irse porque es la única forma de que la persecución puede debilitarse”, sentenció Simón Antonio.
El periodista detalló que si se aprueba esta reforma el presidente podría generar alianzas con el Congreso y hacer un contrapeso a las instituciones que forman parte del Pacto de corruptos como lo son la Corte de Constitucionalidad, el Organismo Judicial, la Contraloría General de Cuentas, la Procuraduría de Derechos Humanos y la Universidad de San Carlos; pero en un escenario negativo, dijo que se temería mayor persecución e incluso el presidente estaría vulnerable ante estos actores. “Son instituciones que han sido cooptadas por estos actores denominados como el Pacto de Corruptos. Tomarían mayor fuerza lo que significa que el presidente estaría en una condición de vulnerabilidad. La fiscal general podría perseguir a cualquier persona que no cabe dentro de su agenda”, señala Simón Antonio.
La reforma que presentó Bernardo Arévalo deberá ser validada por los 160 diputados del Congreso. Al menos deben sumar 106 votos para que se apruebe esta reforma, pero Movimiento Semilla deberá reunir a la oposición para que vote a favor, porque el partido oficialista cuenta con sólo 23 curules.
